Xalapa, Ver. – El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez tendrá que reparar el daño ocasionado a una familia méxico-americana que fue detenida de manera arbitraria el 31 de diciembre de 2018 por elementos de la Fuerza Civil. Los migrantes fueron exhibidos de pertenecer a un grupo criminal dedicada al robo de combustible.
 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 28/2019, en la que acreditó que los elementos de la Fuerza Civil incurrieron en tortura y abuso de autoridad al ingresar a dos casas de la comunidad de Santa Rosa, en Actopan, para detener a siete personas, entre ellos un menor de edad.
 
Los hechos se registraron la noche del 31 de diciembre de 2018 a unos 40 kilómetros de la capital de Veracruz, Xalapa. Los agraviados José Aniceto R, de 54 años; David R, de 24; Abraham R, de 58; Israel Kevin C, de 18; Héctor M, de 54; Abraham R de 25, y Paul Sergio R de 17, permanecieron detenidos por 48 horas bajo los señalamientos de portación de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.
 
Los siete hombres recuperaron su libertad luego de que, contrario a los dichos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), demostraron que los uniformados ingresaron a su domicilio trepando cercas y bardas sin una orden de cateo, despojándolos de sus pertenencias.
 
La versión de los ciudadanos se comprobó tras la intervención de la CEDH, que certificó las agresiones físicas y psicológicas que sufrió la familia, entre ellos ciudadanos americanos y menores de edad.
 
Las víctimas presentaron lesiones en la cabeza, cuello, abdomen, tórax y en las extremidades pélvicas; una de ellas, identificada como víctima dos, sufrió una fractura en el hueso maxilar; y la madre padeció estrés post-traumático.

 
De acuerdo con lo narrado por los afectados, en un primer momento un policía -quien se identificó como comandante- intentó ingresar a la casa, pero como no tenía una orden de cateo lo obligaron a salir de la vivienda, por lo que pidió refuerzos.
 
La recomendación, que ya se entregó a la autoridad estatal, detalla que durante la detención ilegal de los visitantes y el allanamiento de dos casas, desaparecieron 13 teléfonos celulares, dos tabletas, una computadora, poco más de 10 mil pesos y más de mil dólares, así como ropa, zapatos y hasta una plancha de cabello.

Recomendación CEDH caso Act... by on Scribd

Los visitantes agregaron que durante la requisa los policías desvalijaron dos camionetas, buscando drogas, y generaron daños a dos vehículos estacionados fuera de la vivienda. Afectaron el sistema eléctrico del portón de su casa, rompieron cristales y puertas en su intento por invadir su espacio.
 
“También se llevaron una camioneta en la que viajamos desde Estados Unidos, la cual quedó destrozada porque abrieron los asientos, imagino que tratando de buscar lo que buscaban. Además, dañaron otros dos vehículos; a la camioneta azul también le abrieron los asientos y jalaron el techo del vehículo; a la camioneta negra le sacaron los papeles que tenía, le abrieron las puertas y quitaron los forros del asiento” en su intención de encontrar droga.
 
Según el relato de los afectados, el operativo se prolongó por más de una hora en la que los elementos golpearon de manera constante a hombres, niños y mujeres. Arribaron más de 20 policías que participaron en el cateo y se les obligó, al menos a tres de ellos, a disparar armas que después les fueron “sembradas”.
 
“Los elementos empezaron a rodear la casa, en cada esquina, y el mismo oficial dijo que iba a pedir refuerzos, entonces como una hora después llegaron más patrullas con oficiales de la Fuerza Civil y de la Policía Estatal pero esta vez fueron más violentos porque al momento de sostener la puerta para que ya no entraran, empezaron a brincar la barda y cuando uno logró brincarla y entrar a la casa empujó a mi tío para que ya no siguiera cerrando la puerta”, relató uno de los agredidos a personal de la CEDH.
 [relativa1]
En su momento, se expuso con base en base al Informe Policial Homologado (IPH), que las personas realizaron al menos cuatro detonaciones al aire y posteriormente se dieron a la fuga a no más de 70 metros para finalmente refugiarse al interior de su domicilio.

En el Informe Policial que se entregó a la CEDH no se reportan los disparos, solo se desprende que los policías reportaron que se encontraban en un recorrido de seguridad y observaron que la camioneta de las víctimas tomó una actitud evasiva una vez que se percató de su presencia. Ante esto, señalan que les dieron seguimiento, descendiendo 7 personas del vehículo, 2 de ellos portaban armas largas.
 
Al verse superados en número, decidieron bajar sus armas y fueron aprehendidos. Señalan además que la víctima identificada como VM1 se puso agresiva, a tal grado que lesionó a uno de los policías. Nunca refieren haberse introducido al domicilio de las personas detenidas.
 
Las víctimas confirmaron que se les obligó a disparar, incluso, contaron que los policías dispararon al aire en reiteradas ocasiones, en su intención de intimidarlos.
 
“Luego uno de los policías me lleva cerca del portón de la casa y sobre mi brazo pone un arma larga y me dice: “tírale, tírale, tírale si no, te vamos a matar”, tuve que disparar el arma sobre el suelo, escuché que a otros dos familiares más les obligaron hacer lo mismo, después de ello me volvieron a tirar en el suelo”, narró una de las víctimas.
[relativa2]
La Comisión tuvo acceso a las videograbaciones de los hechos que desacreditan el informe rendido por la Fuerza Civil; en cambio, dan cuenta de la intromisión de los elementos al domicilio. No se observa tampoco que las víctimas portaran armas o que se estuviera ante la probable comisión de algún hecho delictivo en flagrancia.
 
“Nos preguntaban de qué cártel éramos, para quién trabajábamos, nos decían que éramos huachicoleros, […] una mujer policía me dijo que les dijera, que de todas formas me iba a cargar la verga, era muy mal hablada y se reía de mí, mientras estaba ahí tirado escuché el comentario de que ‘ya estaba muerta, que ahí la dejaran’ y yo pensé que era mi novia”, detalló uno de los afectados.
 
Incluso, después de que lograron ser liberados, los policías estatales insistieron en intimidarlos, “eran como 10 patrullas, nos preguntaron qué hacíamos afuera a esas horas de la noche, que nos veíamos sospechosos por ir en caravana, pero después llegó nuestro abogado y llamó a los reporteros y ya fue así como se calmaron”, contó otro de los detenidos.
 
Por lo anterior, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dio un plazo de 15 días a la dependencia estatal, una vez notificada, para aceptar la recomendación. Además, ordenó investigar y determinar la responsabilidad individual de los servidores públicos involucrados en los hechos de esta recomendación.
[relativa3]

Foto: Yerania Rolón