Xalapa, Ver.-El ex fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, entró a su audiencia en los juzgados de Pacho Viejo con uniforme de recluso y una hora después salió con un traje y al grito de “sí se pudo”.

El ex funcionario, preso por desapariciones, recibió de la juez de control Mónica Segovia, el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arraigo domiciliario de un año.

Al dejar la prisión se convierte en el último ex alto funcionario del gobierno de Javier Duarte que sale del centro de readaptación social.

Todos fueron vinculados a proceso en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares por la Fiscalía de Jorge Winckler Ortiz.

No obstante, ahora el fiscal general es señalado por el delito de tortura en contra del ex director de los servicios periciales, Gilberto Aguirre Garza, tras una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que así lo determinó.

[relativa1]

Durante la audiencia el ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, solicitó que le sean reasignados los escoltas para garantizar su seguridad.

Aseveró que como ex servidor público con un encargo de seguridad es su derecho, no obstante esto le fue negado por la juez Mónica Segovia.

Bravo Contreras fue detenido el 17 de junio de 2018 en la Ciudad de México, señalado por el delito de desaparición forzada en su modalidad de ocultamiento, presuntamente por ordenar ocultar parte del hallazgo de una veintena de cuerpos en el municipio de Emiliano Zapata.

[relativa2]

El abogado del ex fiscal, Arturo Nicolás Baltazar, señaló que a pesar de lograr el arresto domiciliario la jueza continúa cometiendo abuso de autoridad al no ordenar que su cliente continúe su proceso en libertad, de ahí que apelará el fallo de este miércoles.

“Incurrió en abuso de autoridad y con los tribunales federales no ocurre lo mismo que con los del orden común, porque velan por el exacto cumplimento de las sentencias de amparo”.

El abogado criticó que se haya determinado que la Policía Ministerial vigile el cumplimiento de la prisión domiciliaria, pues dijo que no es parte de sus funciones, por lo que impugnarán para que continúe su proceso en libertad.

“La mano de la Fiscalía sigue estando presente y en contubernio con el Poder Judicial porque nunca se había visto que una medida cautelar fuera vigilada por la Policía Ministerial”, acusó el defensor

[relativa3]