Xalapa, Ver. - La nueva administración estatal se comprometió a que no se relevaría a trabajadores sindicalizados y se respetarían los derechos adquiridos. Sin embargo, este lunes 14 de enero se reportaron ocho casos de integrantes del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo a los que se les notificó su despido, como consecuencia del Plan de Austeridad.

Desde el pasado mes de diciembre se ha obligado la salida de al menos 200 burócratas, según reportes de medios locales. El argumento de su despido fue que su estatus era de confianza, por lo que se tenían que ir al concluir la administración Yunista.

Sin embargo, este lunes se despidió a sindicalizados de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), así como de Desarrollo Social. La causa de la remoción fue el plan de austeridad del gobierno, que los obliga a generar ahorros en todas las áreas de gobierno.

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El proyecto de presupuesto del gobierno del Estado que dejó Miguel Ángel Yunes Linares refleja una reducción de 425 plazas de empleados temporales y de contrato, en relación con los que prestaban sus servicios al Estado en el 2018. No obstante, el recorte fue insuficiente por lo que se prevé que habrá más despidos.

El líder del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo, Adcmer Antonio Galicia Santos, confirmó que funcionarios del área administrativa de la SIOP anunciaron más despidos, como consecuencia del Plan de Austeridad que se aprobó el 27 de diciembre en el Congreso local y que cobró vigencia el 1 de enero, cuando se publicó en la Gaceta Oficial del Estado.

En 2018 se contempló el pago a 21 mil 438 burócratas; 14 mil 141 eran de base, 5 mil 535 temporales y mil 952 de contrato.

Además, en la partida para el pago de liquidación se proyectó el gasto de mil 500 millones de pesos, aunque los trabajadores despedidos en diciembre denunciaron que no se les pagó su finiquito.

Para este año el presupuesto proyectó la contratación de 21 mil 13 empleados, 14 mil 349 son con base, 4 mil 417 temporales y mil 947 de contrato. Para la liquidación y pago de laudos laborales se etiquetaron mil 800 millones de pesos.

Podrían reinstalar a sindicalizados

Este 14 de enero se manifestaron en el Congreso local integrantes del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo para denunciar los despidos, incluso, acoso laboral en la Tesorería del Estado porque les piden cumplir jornadas de trabajo de hasta 12 horas

A raíz de la movilización se estableció el diálogo con diputados locales y funcionarios de Política Regional, así como con el líder estatal Adcmer Antonio Galicia Santos. Se logró el compromiso de reincorporar a los trabajadores y respetar su antigüedad.

En entrevista con E-Consulta Veracruz detalló que se generó una confusión pues los administrativos consideran que los empleados temporales son de confianza o por contrato, cuando son personas con base sin prestaciones.

La ley General del Trabajo establece que después de seis meses y un día el trabajador adquiere derecho a una base. Administraciones anteriores crearon la figura de Empleados Temporales Administrativos para justificar la contratación de más personal, y pese a que se crearon las plazas no otorgaron el nombramiento.

A través de su sindicato, explicó, se ha pugnado por obtener los nombramientos con carácter de definitivo otorgado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, lo que ha dado certeza laboral a 170 de los 350 agremiados de su sindicato. Algunos trabajadores laboran en gobierno desde el periodo de Fidel Herrera.

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Actualmente hay al menos ocho sindicatos al servicio del Poder Ejecutivo, y aglutinan a poco más de 5 mil trabajadores. De ese total al menos el 35 por ciento están como empleados temporales, con base, pero sin reconocimiento definitivo de su plaza.

El líder sindical descartó que la reducción de la plantilla de burócratas afecte solo a su sindicato, por ser minoritario, considerando que los recortes serán generalizados.

“De lo que nos estaba hablando el titular de la Unidad Administrativa de la SIOP, es que son recortes que está pidiendo el programa de gobierno en base al Plan de Austeridad, pero no se le puede afectar a la base trabajadora, porque el plan iba dirigido a la reducción del gasto excesivo y al combate a la corrupción”, detalló a este medio.

Cabe mencionar que el Plan de Austeridad que se aprobó en diciembre en el Congreso local no establece cuál sería el ajuste al gasto público, sin embargo, si establece algunas reglas como el poder reducir el gasto en telefonía, viáticos, uso y compra de vehículos. Además, de que nadie puede ganar más que el gobernador.

No plantea el poder reducir las plazas laborales, pues la medida podría ser inconstitucional, al desconocer derechos adquiridos de los trabajadores.

Cronología de los despidos

Desde el 07 de diciembre del 2018 se denunció el despido de burócratas. La primera dependencia donde se dio el recorte de la plantilla laboral fue en el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icatver). En ese momento se anunció la salida de más de 100 trabajadores en todo el Estado.

El director Miguel Ángel Jácome Domínguez, los despidió sin pagar su quincena, finiquito, aguinaldo y otras prestaciones salariales a las que tenían derecho. El personal despedido tenía hasta 20 años laborando en el Instituto.

“No estamos aferrados al trabajo, si nos despiden nos vamos, sabemos que esto es así en cada cambio de Gobierno, lo único que estamos pidiendo es que nos paguen la quincena que trabajamos, el aguinaldo y el finiquito y nos vamos”, denunciaron los manifestantes que se plantaron en el primer cuadro de la ciudad.

El 11 de diciembre se manifestaron en Plaza Lerdo trabajadores del Registro Civil. Denunciaron que coaccionaron a 25 empleados para firmar su renuncia a cambio del pago de su salario y prestaciones de fin de año, así como finiquito.

El argumento de su despido es que no hay dinero, sin embargo, denunciaron que están contratando nuevo personal.

El 12 de diciembre, salieron a las calles trabajadores del Museo Interactivo de Xalapa (MIX) quienes denunciaron la destitución injustificada de 34 trabajadores, por no contar con presupuesto para cubrir sus prestaciones laborales y salario.

El director, Darwin Mayorga Cruz les notificó que sus servicios ya no eran requeridos y desconoció los derechos adquiridos tras 28, 25, 20 y 15 años de laborar en el museo.

El 13 de diciembre, se manifestaron una veintena de trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), que fueron despedidos sin justificación. Denunciaron que no se les quería pagar la liquidación de ley.

El secretario general del Sindicato Liberal de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, Luis Manuel González García, sostuvo que se trata de empleados con cinco y hasta 15 años de servicio.

Ese mismo día -13 de diciembre- 38 trabajadores de la Procuraduría de Medio Ambiente, a cargo del experredista Sergio Rodríguez, acusaron que el nuevo funcionario los despidió sin explicación e intentó coaccionarlos para que firmaran su renuncia.

Raymundo Capetillo Barroso, quien se desempeñaba como asesor jurídico, señaló que entre las razones por las cuales los despidieron se encuentran que estaban conformando un sindicato por lo que advirtió que impiden su derecho a agremiarse.

“Queremos destacar que no somos altos funcionarios, tampoco somos asesores ni trabajadores de confianza, nuestro salario está muy por debajo de los 20 mil pesos mensuales”, afirmó en entrevista con medios de comunicación.

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