Xalapa, Ver.- Luego de darse a conocer la asignación de contratos millonarios del Gobierno de Veracruz al líder del PAN en esta entidad, José Mancha Alarcón, es necesario poner más candados a la Ley de Obra Pública, que permita evitar un posible conflicto de interés, reconoció Yolanda Baizabal, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

Durante su comparecencia en el Congreso de Veracruz como parte de la glosa del segundo informe de Gobierno, Baizabal fue cuestionada por legisladores de Morena, Encuentro Social y PAN, sobre las anomalías en la adjudicación de obras.

Recordaron que el tema de asignación de contratos al líder del PAN y sus familiares, incluyo llegó a las tribunas de las Cámaras Nacionales, por lo que pidieron a la exsecretaria de Protección Civil, detallar qué sucede con la investigación en el tema.

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Por su parte, la funcionaria justificó que sobre el caso de los contratos otorgados a Mancha Alarcón, no tuvieron alguna “anomalía legal”.

Sin embargo, añadió que todo el proceso fue revisado por los entes fiscalizadores, se solicitó una revisión por parte de la Contraloría a todo el expediente, que actualmente se mantiene abierto.

“Se realizó la contratación conforme a la Ley de Obra Pública, y lo más importante es que la sobras están terminadas y en operación; puede seguir revisándose, esta fue una situación de análisis de las contrataciones que fueron investigadas ya”.

En otro momento, los diputados le cuestionaron en materia de transparencia y combate a la corrupción, cómo es que pueden concluir que no hubo irregularidades en la asignación de los contratos cuando Acción Nacional se ha jactado de abanderar las reformas para erradicar esas prácticas.

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Baizabal Silva argumentó que la reglamentación para que las empresas puedan registrarse en el padrón de contratistas que lleva la Secretaría de Finanzas y Planeación, se estrechó “aún más” para asegurarse de que el registro sea vigente.

En ese sentido, procedieron a entregar los contratos cuando comprobaron que la empresa “Izal que fue contratada se comprobó el pago de impuestos y el tema tiene que ver que no sólo fue revisada por el gobierno, sino por la ASF, la revisión determinó que tanto la contratación como la ejecución de la obra estaba solventada, fue revisada varias veces. El proceso legal de la contratación y la ejecución se realizó correcta y adecuadamente”.

Por último, dijo, sería conveniente analizar un reforzamiento a través de la Legislatura para establecer algún candado en la reglamentación de la Ley de Obra Pública sobre la asignación de contratos para evitar cualquier sospecha en contrataciones que legalmente “sí caben”, pero que tienen otros fines.

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