Xalapa, Ver.- El pasado 23 y 24 de agosto fueron liberadas las dos únicas personas sentenciadas por lavado de dinero, implicadas en el desvío de recursos durante la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, publicó el diario Reforma.

De acuerdo con el rotativo, las hermanas Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta quedaron en libertad tras conseguir el beneficio de la condena condicional, bajo las reglas del Sistema Penal Acusatorio; eran secretarias de Moisés Mansur, testaferro de Duarte de Ochoa, y señalado como la persona que pagaba la tarjeta de crédito de Karime Macías.

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Las mujeres fueron detenidas el 18 de octubre de 2016 y recluidas en el Penal de Santa Martha Acatitla, señaladas como presuntas prestanombres de Javier Duarte, quien pidió licencia como gobernador el día 12 del mismo mes y año.

Las hermanas Arzate Peralta fueron imputadas por el lavado de 223 millones 800 936 pesos, desviados durante el gobierno de Duarte a través de la empresa llamada Consorcio Brades, creada exprofeso para recibir recursos triangulados a través de empresas fantasma.

Brades dio a Moisés Mansur dicha cantidad por la compra sobrevaluada de cinco parcelas en Campeche, que el mismo Mansur compró tres años antes, con valor catastral de apenas 200 mil pesos.

Ricardo Zinser, abogado de las hermanas detalló que ambas pagaron una multa y serán condicionadas a cumplir con algunas medidas para no afectar el procedimiento.

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“Quedaron en libertad al cumplir los requisitos, como fue el pago de la multa de 48 mil 644 pesos y cumplir con la mitad de la pena; además, les impusieron restricciones como no cambiar de residencia, no interferir con testigos que hayan declarado en su contra y acudir a firmar cada 8 días al juzgado”.

Tanto Nadia Isabel como su hermana, se declararon culpables por lavado de dinero, y abandonaron el penal tras un año y 10 meses de condena original de 3 años con cuatro meses.

Además, su abogado añadió que la buena conducta de sus clientas fue acreditada dentro del penal donde estudiaron y trabajaron; también les fue perdonada la reparación del daño, pues el juez consideró que se trata de un delito formal y no patrimonial, por lo que no había que pagar dicha reparación.

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