Xalapa, Ver. – Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, dijo que ante un eventual otorgamiento de la libertad a su antecesor Javier Duarte, la Fiscalía General del Estado (FGE) inmediatamente lo llamaría a cuentas por delitos relacionados con corrupción; no así por el de desaparición forzada, orden de aprehensión que, reconoció, se solicitó fuera de tiempo al gobierno de la República de Guatemala.

“Quisiera recordar que además de estas denuncias -ligadas con 4 delitos de corrupción-  hay una orden de aprehensión pendiente de ejecutarse por desaparición forzada. La FGE está en espera de que PGR -a través de la Cancillería- solicite al gobierno de Guatemala el permiso que se requiere para ejecutar dicha orden”, mencionó el mandatario en rueda de prensa.

Ante la pregunta si existe un plazo para que el gobierno de México presente dicha solicitud llamada excepción al principio de especialidad, Yunes Linares respondió: “La PGR no tiene plazo. La información que he obtenido es que ya la PGR solicitó que el gobierno de Guatemala la excepción a este principio de especialidad y se pueda ejecutar la orden de aprehensión”.

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Al ejecutivo también se le cuestionó por qué dicha orden fue solicitada hasta después de la extradición del exmandatario priista, no obstante que había procesos iniciados por desaparición forzada donde las víctimas exigían que se investigara la cadena de mando que iba desde policías rasos hasta el exsecretario de Seguridad, Arturo Bermúdez y el propio Duarte.

Yunes respondió: “La información que me proporciona la FGE, es que, cuando se llevó a cabo la solicitud de extradición no se había concluido aún la investigación por desaparición forzada. Tan es así que la orden de aprehensión del ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras -acusado por el extravío de 12 cadáveres- se libró hace apenas unos meses, después de que Duarte ya había sido extraditado; un procedimiento muy complejo”.

Sin embargo, Celestino Espinoza Rivera, abogado de cinco familias, cuyos hijos fueron desaparecidos por policías de Veracruz en Tierra Blanca, en enero de 2016, advierte que: “Pareciera que existe un pacto de impunidad a favor de Javier Duarte, Arturo Bermúdez o de la Secretaría de Marina, puesto que se ha evadido determinar si existe o no responsabilidad penal de cualquiera de ellos en diversos casos de desaparición forzada incluyendo el caso Tierra Blanca. Para este caso en especial nunca hubo voluntad política en este gobierno, a pesar de que Yunes Linares cuando era candidato a gobernador visitó a los padres de Playa Vicente en el ministerio público de Tierra Blanca, donde acamparon durante casi 5 meses y él les ofreció su apoyo”.

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El entrevistado recalcó que “a pesar de haber presentado la ampliación de denuncia en fecha 09 de febrero de 2017 –cuatro meses antes de que PGR solicitara la extradición de Javier Duarte- al día de hoy la investigación en relación a la cadena de mando únicamente ha pasado por diversas fiscalías sin que ninguna tenga la capacidad técnica o intelectual de decidir si existen elementos o no para procesarlos por ese delito.”

“A Arturo Bermúdez le fueron recibidos, no decomisados, bienes en el extranjero mediante mecanismos fuera de la justicia penal, se practicaron absoluciones de facto a policías a cambio de información, aun cuando se encuentra expresamente prohibido; le anticiparon a la esposa de Duarte que existía una orden de aprehensión en su contra, cuando lo correcto era iniciar el  trámite de extradición con cautela, es decir existen una serie de irregularidades que más que justicia se traducirán en impunidad”, abonó.

El jurista, agregó que la regla de especialidad del convenio de extradición México-Guatemala, señala que la persona extraditada -Javier Duarte- para fines de seguir un proceso en su contra en su país natal, únicamente podrá ser juzgada por los delitos expresamente señalados en la solicitud de extradición.

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Aunque, Espinoza Rivera niega la posibilidad de que exista un trámite de excepción, explicó que en caso de ser posible este deberá contar con las mismas formalidades que se utilizaron para la suscripción de dicho tratado y que es la aprobación del órgano legislativo que le dio vida, tanto en Guatemala como en México. 

“Dicha modificación atentaría contra el principio de debido proceso que establece que las personas serán juzgadas bajo las formalidades esenciales del procedimiento y que éstas deben estar fijadas antes de que se inicie cualquier juicio, pues de no ser así las leyes y convenios internacionales se modificarían a placer de las autoridades; la Fiscalía General del Estado debió solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores la inclusión del delito de Desaparición Forzada desde que se inició el trámite de extradición para no generar impunidad como pareciera es la intención”, concluyó.

Foto: Alberto Roa