Xalapa, Ver.- Con el respaldo de todas las fracciones parlamentarias se aprobó la Ley de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, que se creó con el apoyo de los 14 Colectivos de Búsqueda.

Los partidos Morena y Revolucionario Institucional (PRI), condicionaron la aprobación al modificar el prorrateo del presupuesto que recibirá la Comisión Estatal de Búsqueda, que al año sumaría más de 20 millones de pesos.

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Al subir a tribuna para fijar el posicionamiento de Acción Nacional, la legisladora del PAN, María Josefina Gamboa aclaró que no estaba de acuerdo con la modificación que propuso su el presidente de la comisión de Derechos Humanos, sin embargo, era una condición que impuso la oposición.

La ley establecía que el fondo se entregaría al inicio del ejercicio fiscal, sin embargo, con el cambio se estableció que se pagará de manera mensual, para garantizar la operación.

El diputado de Morena, Rogelio Arturo Rodríguez destacó que la ley estará a la vanguardia a nivel nacional, se creó de manera ejemplar con el apoyo de la sociedad, por lo que no era necesario el protagonismo egoísta de otros legisladores.

También subieron a tribuna Guadalupe Osorno y Cinthya Lobato que acompañaron a los 14 Colectivos de Búsqueda, quienes pidieron mayor legitimidad a la ley local y no solo copiar la legislación general.

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De las novedades de la ley, se establecerá un mecanismo estatal de coordinación en materia de Búsqueda de Personas integrado por 12 personas, entre ellos integrantes de Colectivos de Búsqueda.

Se creará una Comisión Estatal de Búsqueda, cuyo titular será elegido por el gobernador, pero para el nombramiento, se deberá realizar una consulta pública previa con los colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia. Dicha comisión contará con un presupuesto anual de más de 20 millones de pesos.

La comisión elaborará diagnósticos periódicos, que permitan conocer e identificar modos de operación, prácticas, patrones de criminalidad, estructuras delictivas y asociación de casos que permitan el diseño de acciones estratégicas de búsqueda.

Y elaborar informes de análisis de contexto que incorporen a los procesos de búsqueda, elementos sociológicos, antropológicos, victimológicos, y demás disciplinas necesarias a fin de fortalecer las acciones de búsqueda.

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La ley establece la obligación de crear el Consejo Estatal Ciudadano un órgano ciudadano de consulta de la Comisión Estatal de Búsqueda y las autoridades que forman parte del Mecanismo Estatal de Coordinación en materia de esta Ley y la Ley General.

Estará integrado por dos familiares de personas desaparecidas por cada una de las tres regiones del Estado: Región Norte, Región Centro y Región Sur; además de tres especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General. Se garantizará que uno de los especialistas siempre sea en materia forense, y Cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos.

Se creará un fondo para las funciones, obligaciones y atribuciones inherentes de la Comisión Estatal de Búsqueda; y para el cumplimiento del objetivo que establece la presente Ley y la Ley General.

La Fiscalía General, debe crear la Fiscalía Especializada para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas.