Estefanía Murillo

A casi tres años de la promulgación de las reformas constitucionales por las que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), no sólo el Senado está en falta con los nombramientos para hacerlo operable, también en los estados de la República hay omisiones en la designación de figuras imprescindibles en el combate a la corrupción y la impunidad.

De acuerdo con un seguimiento de La Silla Rota a los sistemas anticorrupción locales, 11 entidades han sido omisas en el nombramiento de fiscales anticorrupción y siete ni siquiera cuentan con un fiscal general, por lo que la procuración de justicia sigue bajo el control de los gobernadores.

Tras la promulgación de la Ley General Anticorrupción, los 32 congresos estatales tenían un año para aprobar sus propias reformas y, junto a la sociedad civil, constituir los organismos encargados de combatir la corrupción a nivel local.

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Ese plazo venció el 18 de julio de 2017 y aunque todos los estados reformaron su constitución local -excepto en Tlaxcala- se aprobaron leyes estales anticorrupción, pero hay retrasos para el nombramiento de fiscales en Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Michoacán, Nayarit, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Freno a designación de fiscales anticorrupción

En algunas entidades los retrasos se deben a que no se han hecho los ajustes legales, no se ha definido el método de elección o, al igual que ocurre en el Senado para el caso del fiscal anticorrupción federal, no hay acuerdos que permitan definir el nombramiento.

En Baja California Sur, por ejemplo, apenas en noviembre pasado el gobernador Carlos Mendoza Davis presentó una iniciativa de reforma constitucional, en la que se establece que el Congreso del estado sería responsable del nombramiento del Fiscal Especializado en materia de Combate a la Corrupción.

La propuesta contempla que se formará una comisión integrada por representantes del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción; de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS); así como del Colegio de Abogados; Poder Judicial y la Procuraduría General de Justicia (PGJE), quienes se encargarán de abrir una convocatoria y seleccionar a la terna de candidatos.

Pero, no hay aún definición al respecto.

Una situación similar, donde impera el retraso en los ajustes legales, se da en Chihuahua. Según informó el diputado local Jorge Soto Prieto, presidente de la Comisión Especial Anticorrupción del Congreso del Estado, están pendientes de modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para poder incluir las figuras del panel independiente de expertos que habrá de presentar a la terna para elegir al fiscal anticorrupción.

En otras entidades, la falta de fiscal anticorrupción se debe al retraso en la integración de su comité de selección. Este es el caso de Baja California donde en Congreso del Estado rindió protesta recientemente, el 1 de marzo, a los cinco ciudadanos que integran el Comité Seleccionador del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que no se ha podido transitar hacia el proceso de designación.

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Mientras tanto en otros estados, la ausencia de titular anticorrupción se debe fundamentalmente a la falta de acuerdos entre los integrantes de sus congresos locales. En este supuesto se encuentran Michoacán, cuyo Congreso bloqueó la elección del fiscal que se tenía prevista la semana pasada.

El jueves pasado, por diferencias entre las fracciones parlamentarias del Congreso de la entidad, se bajó del pleno la terna y votación de los perfiles propuestos para elegir fiscal especializado Anticorrupción, y magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Los diputados consideraron posponer la votación por disputa de trayectoria política de quienes integraron la terna.

En el mismo caso está el Congreso de Veracruz, que tenía previsto tratar el asunto en este mes, pero según el diputado local Sergio Hernández Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, los nombramientos podrían discutirse hasta julio.

Siete entidades no cuentan con fiscal general

Esta situación se agrava si se considera que además de carecer de responsables en materia de combate a la corrupción, no existe la figura de fiscal general en siete entidades, aun cuando el objetivo de crear Fiscalías Generales locales fue generar condiciones de independencia plena, y de no subordinación de sus titulares a los mandatarios estatales.

Los estados que no cuentan con esta figura son Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Tamaulipas y Tlaxcala donde procuradores siguen al frente de la persecución e investigación de los delitos.

En algunos casos no existe ni siquiera fecha prevista para transitar de la figura de procuradores a fiscales generales estatales. Por ejemplo, en Baja California, el diputado presidente del Congreso local, Raúl Castañeda Pomposo, dijo que no existe fecha para la conformación de la Fiscalía General del Estado.

Explicó hace unos días que la Fiscalía General no puede crearse hasta que el Sistema Estatal Anticorrupción concluya, ya que el fiscal anticorrupción o el fiscal en materia de delitos electorales van a depender de una fiscalía general.

Con información de La Silla Rota

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