Xalapa, Ver.- Ex funcionarios duartistas denunciados por saquear el erario público, ex mandos policiales ligados a desapariciones forzadas y presuntos integrantes de la delincuencia organizada son parte de una lista de prófugos en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

A la mayoría de estas personas les han sido giradas órdenes de aprehensión, han enfrentado procedimientos penales o el Gobierno de Veracruz ha ofrecido recompensas hasta por 1 millón de pesos que lleve a su paradero, sin embargo, su rastro hasta la fecha es desconocido.

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

El caso más reciente es el de Nabor Nava Holguín, subsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte, acusado junto con otros 30 expolicías y altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de desaparecer al menos a 15 personas en la zona metropolitana de Xalapa, en un lapso de siete meses durante 2013.

El pasado 06 de febrero, tras un operativo llamado “Tiro de Gracia”, Nava Holguín se dio a la fuga junto con otros 11 ex policías. El Gobierno de Veracruz ofreció 1 millón de pesos por información que permita la localización del exfuncionario apodado “Mayor”.

Con base en las imputaciones leídas por la Fiscalía en audiencia inicial, el Gobierno de Veracruz implementó una práctica sistemática de desaparición de personas que fueran sospechosas de tener relación con el cartel de Los Zetas, operada desde los más altos mandos de la policía estatal. 

De acuerdo con investigaciones que integran la carpeta de investigación FEADPD/ZCX/011/2017, Nava Holguín era quien decidía el futuro de personas detenidas. Su instrucción era llevarlos “al lugar correspondiente”. Eso significaba entregarlos al Grupo de Los Fieles y llevarlos a la Academia de Policía.

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Por el mismo caso, otro ex funcionario del alto rango de la SSP se encuentra forajido de la justicia y es Manuel Alejandro Trujillo Rivera, alias “El Cyber”, ex director de Operaciones de la SSP.

A Trujillo Rivera, la Fiscalía Especializada Para La Atención De Denuncias Por Personas Desaparecidas, lo señala como el brazo ejecutor de estos 15 delitos. “El Cyber” coordinaba uno de los grupos de élite de la SSP, con al menos 14 policías rasos, cuya tarea era desaparecer personas.

La lista de 12 prófugos de la justicia por desaparición forzada, además de Nava Holguín y Trujillo Rivera la completan: José Manuel Martínez Sánchez, Roberto Carlos López Flores, Claudio Álvarez Ramos, Luciano Esquivel Martínez, Martín Castillo Hernández, Iván de Jesús Antonio Cruz, Norberto Sánchez Benítez, Alberto Campa Domínguez, William López de los Santos y Cristopher Pérez Reyes.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y DESVÍO DE RECURSOS

Leonel Bustos Solís, ex director del Régimen Estatal de Protección Social, el 31 de enero de 2016 logró salir del Penal de Pacho Viejo, donde estuvo recluido once días por los delitos de abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal.

De acuerdo con las imputaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), en 2014 fue partícipe de un desvío de 2 mil 300 millones de pesos que estaban destinados para los programas del Seguro Popular y Oportunidades. Sin embargo, el exfuncionario consiguió su libertad mediante el amparo de un juez federal.

Su liberación desató críticas contra el gobierno de Yunes Linares. El 28 de abril de 2017, un juez federal negó la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión de Bustos Solís por lo que se esperaba una pronta recaptura. El 02 de marzo de ese año, debía presentarse a la audiencia intermedia sin embargo no lo hizo y desde entonces no ha sido vuelto a ver en Xalapa, ciudad donde radica.

Caso similar es el de Carlos Aguirre Morales, ex subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas de Planeación (SEFIPLAN), quien fue señalado por Mauricio Audirac Murillo - preso por delitos de corrupción-  por el presunto desvío de 20 millones de pesos de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

El 02 de abril de 2017, elementos de la Fiscalía acudieron con una orden de aprehensión hasta la casa del exfuncionario, ubicada en la zona residencial Las Ánimas, en Xalapa. Pero solo encontraron una bolsa de plástico con fajos de billetes de 500 pesos, y una caja fuerte escondida en una pared de doble fondo.

Aguirre Morales, promovió en agosto de 2016 un amparo ante la justicia federal contra cualquier orden de aprehensión en su contra. Aunque, tras la detención de Mauricio Audirac Murillo ex titular de SEFIPLAN optó por fugarse; su huida fue cuestionada debido a la anticipación de los oficiales ministeriales. Su aprehensión no ha vuelto a ser tema para la Fiscalía veracruzana.

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PRESUNTOS HOMICIDAS, DELINCUENTES Y HUACHICOLEROS

El 24 de julio de 2017, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares ofreció un millón de pesos por la captura de Roberto de los Santos de Jesús, alias El Bukanas, expolicía municipal veracruzana ligado a Los Zetas y señalado como líder huachicolero en los estados de Puebla y Veracruz.

El anuncio del mandatario estatal lo emitió dos días después de que “El Bukanas” burló un operativo en el municipio de Vicente Guerrero, Puebla. Lo responsabilizó por delitos como secuestro y “cobro de piso” en la zona centro de Veracruz, además de atribuirle robo y distribución ilegal de hidrocarburos, obtenido de ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Su captura no se ha concretado hasta le fecha.

En julio de 2017, Yunes Linares también ofreció 1 millón de pesos por información sobre Alaín López Sánchez, alias “La Liebre”, presunto integrante de Los Zetas, a quien señaló como presunto autor intelectual del homicidio de seis integrantes de la familia Martínez Pech, entre ellos 4 menores de edad: Joselin, Ángel, Daniel y Guadalupe, de tres, cuatro, cinco y seis años respectivamente, quienes recibieron el “tiro de gracia” mientras miraban la televisión.

López Sánchez fue relacionado con Hernán Martínez Zavaleta, alias “El H” presunto jefe criminal de Los Zetas en Coatzacoalcos, quien fue detenido el 01 de julio de 2017 en Villahermosa, Tabasco. Yunes Linares reconoció que La Liebre disfrutaba de “plena impunidad, que se movía con total libertad en esa región”.

Entre los prófugos de la justicia, también hay servidores públicos de la actual administración, como es el caso de Miguel Acevedo Escobar, comandante de la Policía Ministerial de la FGE, quien, el pasado 22 de octubre de 2017 disparó contra dos hombres, padre e hijo, causando la muerte del más joven.

La agresión se registró en el municipio de Martínez de la Torre, al norte de la entidad, sobre la cual, testigos refirieron que el empleado de la Fiscalía, en estado de ebriedad, accionó su arma de trabajo en contra de Alberto Blasco Salcedo, de 21 años y su padre Ricardo Flores Blasco, de 40.

Lo último que se supo del policía ministerial, alias “Comandante Sombra” fue el hallazgo de la camioneta de la dependencia que conducía, en la localidad El Progreso, Martínez de la Torre. Su captura, tampoco ha sido confirmada por la FGE.

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