Después de 11 años de la muerte de Ernestina Ascencio en Soledad de Atzompa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió analizar el caso, en el que organizaciones civiles han señalado a militares como culpables de ejercer violencia sexual hasta su muerte.

De acuerdo a un boletín de las asociaciones Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara” A.C. (CESEM), Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C. (AJDH), la CIDH analizará la forma en que perdió la vida la mujer de 72 años, la forma en que fue archivada la investigación y la falta de procesamiento de los responsables.

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En el 2007 Ernestina Ascencio, una mujer de origen nahuatl fue localizada muy grave y sangrando en un paraje de su comunidad ubicada en la Sierra de Zongolica. Estuvo en terapia intensiva en la clínica de la zona y antes de morir señaló a los soldados como quienes se “echaron encima”, según indica el mismo boletín.

Según lo informado las autoridades estatales (en ese entonces la Procuraduría General de Justicia de Veracruz) determinó que la mujer indígena había sido violada de manera reiterada.

En un inicio las autoridades municipales y estatales exigieron justicia, al igual que lo han hecho organizaciones y familiares de la mujer.

Sin embargo el entonces presidente Felipe Calderón declaró que la muerte fue por causas naturales “gastritis”. Tras ello se archivó el caso de manera apresurada, según han denunciado las organizaciones.

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De acuerdo con el propio boletín, la admisión se da en el marco de la Ley de Seguridad Interior que permitiría la permanencia del Ejército en las calles – institución que ha sido señalada por la muerte de Ernestina Ascencio-.

“Se sumará al debate sobre la presencia y actuación del Ejército en los territorios indígenas y la importancia de que toda denuncia de violación de derechos humanos en contra de militares sea juzgada en el fuero civil”, indica el documento.

Además, según las organizaciones civiles deberán abordarse la falta de políticas públicas para atender las violencias que viven las mujeres indígenas, sobre todo la violencia institucional y la impunidad en que permanecen los casos.

Con información de Testigo Púrpura