Xalapa, Ver.- Al acatar la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que obligó la equidad de género en la asignación de regidurías que entran en funciones el 1 de enero, los partidos políticos criticaron que se hizo valer el derecho de las mujeres, violentando los ganados por los hombres.

Al fijar la postura durante la votación del acuerdo por el que se aprobó la asignación de las regidurías en 209 municipios, la mayoría de los representantes partidistas dijeron estar a favor de garantizar la participación de las mujeres en los procesos electorales, pero no votando un acuerdo fuera de tiempo, pues fue un “golpe duro” contra hombres que habían ganado el espacio después de que hicieron campaña y fueron a pedir el voto a favor de un proyecto.

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Se observó que antes de obligar la representación de las mujeres en el papel, se deben fomentar las condiciones para que sea real la participación y los espacios se ganen con el voto y no por una sentencia judicial posterior a la jornada comicial, pues muchas ni campaña hicieron.

Pidieron a los legisladores federales y locales a establecer reglas claras que permitan la participación de las mujeres en la competencia electoral.

Los consejeros electorales, en su intención por deslindarse, fueron enfáticos en señalar que la reasignación de regidurías donde había sobrerrepresentación de hombres, se dio por instrucción de los magistrados federales que obligaron a la paridad de género en la integración de las comunas que entrarán en funciones el 1 de enero.

El presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, señaló que la reasignación de las regidurías se dio en base a la sentencia del TEPJF que exigió que se dieran la paridad de género en las próximas comunas, por lo que se modificó la asignación de espacios.

“Y llegamos al momento de llegar a la votación de este acuerdo, e insisto estamos en acatamiento de una sentencia de la Sala Superior, y como órgano administrativo sólo nos queda atender y aplicarla al 100 por ciento. Es importante que lo digamos así y que la ciudadanía lo sepa”.

Recordó que la sentencia se tomó luego de que los propios partidos políticos impugnaron un acuerdo que buscaba regular las siguientes elecciones.

Los representantes coincidieron con la postura del representante de Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín, quien señaló que el acuerdo fue producto de acciones posteriores al proceso y se debe dejar claro que se acata por parte de los partidos, pero no compartían la decisión de los magistrados. “No se comparte, no por la equidad, si no por el momento en el que se da”.

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Aseguró que la sentencia no es un abono a la voluntad popular y se da argumentando un derecho pero afectando uno ya adquirido, por lo que es ilógico acatarla.

“Quienes van en una posición edilicia es por acuerdos políticos, es la práctica, estas personas se convierten en el soporte impulsor de un proyecto”, argumentó.

Adelantó que las personas que fueron excluidas van a ver con molestia su exclusión y consideró que van a culpar al órgano y a los partidos políticos, pero fue una instancia superior “con nombre y apellidos”.

Recordó que ninguna ley tiene calidad retroactiva y es tendrá impacto en un futuro al momento de postular, pues podrán llegar abanderados por un partido, pero al momento de la equidad podrán o no llegar al cargo.

El acuerdo va más allá de garantizar la equidad, pues en los municipios donde es mayor el número de regidores hombres, se pidió equidad, pero no se aplicó ese mismo criterio en donde era mayoría las féminas.

“Estamos de acuerdo con la equidad, y como partido generaremos las condiciones que permitan llegar a esa equidad, pero sólo acatamos la disposición legal porque somos respetuosos de la ley, pero no compartimos el momento y la forma en que se tiene que dar (…) por una apreciación que es subjetiva”.

Por lo anterior, el Partido Verde insistió que los legisladores tienen la tarea para poder plantear reglas claras y que no se vean afectados por una sentencia, y se garantice el derecho humano de votar y ser votado

“La falta de certeza es por la falta de previsión de quienes teniendo la obligación legal fueron omisos que impidió darle a las y los ciudadanos la precisión de las reglas para la integración de las comunas, y no después del proceso electoral”

Nueva Alianza pidió al OPLE prevenir y evitar circunstancias que pongan en duda su capacidad para organizar los comicios y hacer valer el voto ciudadano. 

Avc

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