Xalapa, Ver.- El Grupo Metropolitano del Agua y Saneamiento (SAPI), del Consorcio Odebrecht Ambiental, S.A. e Interagbar de México, S.A. de C.V, no podrá contratar un crédito para liquidar los pasivos laborales y comerciales luego de la extinción del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), organismo operador del agua que dotaba del servicios de agua a los municipios de Veracruz-Boca del Río y Medellín.

El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), calificó como inviable la modificación al título de concesión que validó el anterior Congreso del Estado en diciembre del 2016, para darle autorización a SAPI de contratar un crédito para el pago de pasivos laborales.

De acuerdo a la Auditoría de Legalidad que se realizó en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 2016, se reveló que esta autorización es contraria al título de concesión original que se firmó en septiembre del 2015 para concesionar el sistema de agua de Veracruz y Medellín por 30 años.

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Y revela que intentar que la Concesionaria solicite un financiamiento para cubrir los Pasivos Laborales a cargo del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano Veracruz, Boca del Río y Medellín, denota una falta de solvencia económica, contraria a los requisitos que debió acreditar durante el Proceso de Licitación.

El Orfis observa que en la condición 24 del título original de concesión, se señala que los pasivos laborales y financieros son responsabilidad del SAS y serán pagados a través de un financiamiento contratado por el SAS y garantizado por los ayuntamientos.

La observación señala: “En ningún momento en las Bases de Licitación, se hizo alusión al pago por concepto de los Pasivos Laborales, con cargo a un financiamiento obtenido por la Concesionaria, tan es así, que se estipuló en dichas Bases, que debería ser garantizado, en ese entonces, por los Ayuntamientos integrantes del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano, Veracruz, Boca del Río y Medellín”.

Sin embargo en diciembre del 2016, se propuso una modificación al titulo original donde hacia responsable a la concesionaria de contratar un financiamiento a cambio esta no tendría la obligación de efectuar el pago de las mensualidades establecidas en el Título de Concesión hasta que el financiamiento se pagara en su totalidad.

También se observa que la concesión se realizó el 20 de agosto del 2015, y cuatro días después, el Director General del SAS solicitó a GMAS obtener el financiamiento necesario para hacer frente al Pasivo Laboral del SAS, debido a que las condiciones económicas y financieras del SAS les impedía llevar a cabo la obtención del citado financiamiento.

Las deudas del SAS suman 647 millones de pesos

El dictamen aprobado por los diputados locales en septiembre del 2016, establecía que de septiembre de 2015 a mayo de 2016, SAS acumuló pérdidas por más de 120 millones de pesos, equivalente a un millón de pesos diarios. Para esa fecha sus pasivos superan los 647 millones de pesos.

Los legisladores validaron que Grupo MAS asumiría la responsabilidad del crédito y dejaría de pagar la concesión en tanto se liquidaba el empréstito.

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Que se investigue a los funcionarios

Antes estas observaciones, el Orfis pide realizar investigaciones para determinar las responsabilidades y sanciones que correspondan, por los incumplimientos atribuibles a los servidores públicos que participaron en el acto administrativo de modificar la concesión, además solicitó a la autoridad revisora, informe del resultado de las investigaciones.

Odebrecht prometió, pero no cumplió

La auditoría del Orfis revela también que el Consorcio Odebrecht Ambiental, S.A, prometió solvencia económica, al señalar en la concesión que haría inversiones en infraestructura hidráulica por más de 7 mil millones de pesos en 30 años, y en los primeros tres años invertiría los primeros 2 mil millones de pesos.

De acuerdo a las bases de licitación pública internacional, se estableció que la empresa debería aportar 260 millones de pesos en garantía en la licitación.

Sin embargo, la petición de un financiamiento para pagar pasivos, demuestra que la empresa no tiene una solvencia económica adecuada como lo informó en la concesión original.

En días recientes, el alcalde de Veracruz, Ramón Poo Gil dijo que el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento adeuda 4 meses de rentas de la infraestructura del agua.

Sin precisar la cantidad que sea deuda por parte de la asociación público-privada afirmó que se encuentran insistiendo para que realizan los pagos ya que era contemplado en el contrato.

Además dijo que se revisan todas las observaciones que hizo el Órgano de Fiscalización al Grupo MAS para solventarlas.

A su vez, el alcalde de Medellín Luis Gerardo Pérez Pérez, advirtió que a pesar de forman parte de la asociación público-privada el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento no ha brindado los informes sobre su operación.

Dijo que ellos pretendían crear un instituto propio con inversión privada ya que no ha funcionado el Grupo MAS sin embargo no existen condiciones jurídicas para hacerlo y por lo tanto no pudieron encontrar inversionistas.

Irregularidades deben derivar en denuncias

La diputada local Mariana Dunyaska García Rojas, advirtió que el título de concesión se debe revocar ante el mal servicio que presta Grupo MAS.

Luego de los resultados de la auditoría de legalidad a la concesión de Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, señaló que se deben fincar responsabilidades penales a los ex directores como Yolanda Gutiérrez Carlín y José Ruiz, por el saqueo al extinto sistema de agua.

La panista aseguró que la autorización de concesión para entregar el suministro del vital líquido a un particular fue mal asignada por la pasada Cámara, pues las empresas Odebrech Ambiental SA, no cuenta con probidad ni solvencia moral y económica para operar el sistema de agua local.

En ese sentido, dijo que van a seguir siendo la voz de los ciudadanos que exigen mejoras en el servicio, que se liquide a los ex trabajadores del SAS, que se clarifiquen los fondos que se deben entregar a la Fundación Pico de Orizaba.

Avc

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