Xalapa, Ver.- Tanya Carola Viveros Cházaro, diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó ante el Congreso de Veracruz una iniciativa para reformar el Código Penal Vigente y con ello despenalizar el aborto antes de la décimo segunda semana de gestación.

Dicha propuesta, expuso la legisladora, parte del informe de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) sobre la solicitud de Alerta de Género en Agravio Comparado, que sería la segunda que entraría en vigor en el estado de Veracruz.  

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Con la modificación de los artículos 149, 150 Y 154, Viveros Cházaro explicó que se busca salvar la vida de las mujeres, principalmente de raíces indígenas, de escasos recursos, que en mayor porcentaje son violadas por miembros de su círculo familiar. También busca eximir a las personas que asistan a abortar a mujeres con su consentimiento.

Mencionó que si bien, el estado de Veracruz contempla una causal para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), ésta no es suficiente pues establece que se debe practicar antes de los 90 días del embarazo, lo cual dificulta su acceso para niñas de entre 10 y 14 años que “recién están conociendo su cuerpo”, citó la legisladora morenista.

Otro de las limitantes de la ILE, comentó, es que las víctimas de violaciones deben denunciar los hechos antes del plazo de 90 días. Un obstáculo para quienes sufren traumas y no asimilan el embarazo no deseado a tiempo.

“El plazo de los 90 días, que está vigente en el Código Penal, promueve la inhibición de la denuncia; puede ocurrir en un lapso mayor al establecido por problemas sociales, personales e institucionales. Al haber amenazas por parte de los agresores, las mujeres tampoco denuncian”, expuso ante el pleno. 

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La legisladora refirió que, entre 2009 y 2016 en Veracruz no se registró ninguna Interrupción Legal del Embarazo. “Las mujeres que tienen posibilidades económicas pueden ir a la Ciudad de México (donde está permitida la ILE) pero se excluye a las mujeres más pobres y con menores índices de escolaridad”, abonó.

El recinto legislativo estuvo concurrido por grupos feministas, académicas y profesionistas, quienes se pronunciaron con pancartas en favor de la iniciativa, y también hubo manifestaciones que señalaron su rechazo al aborto.

Una de las asistentes fue Patricia Bedolla Zamora, coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio, quien calificó como tardía la respuesta de los tres poderes del gobierno de Veracruz a la solicitud de la Alerta de Género en Agravio Comparado.

“El plazo que fijó la CONAVIM vence en septiembre y ni la Junta de Coordinación Política (Jucopo), ni el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares presentaron la iniciativa. Lo que hoy se presenta es liderado por una diputada y se votaría en un periodo de sesión extraordinario”, comentó.  

Bedolla Zamora, explicó que reformar las leyes veracruzanas abonaría a resolver un problema de justicia social, “De 2014 a la fecha 60 mujeres han sido privadas de su libertad por el delito de aborto u homicidio en grado de parentesco como ahora le llaman. Siempre son las más pobres las que sufren las consecuencias”, opinó.

Por su parte, Aracely González Saavedra, coordinadora Equifonía A.C. expuso que “en los Servicios de Salud de Veracruz pueden los médicos estar de acuerdo en hacer una interrupción si hay peligro a la vida de la mujer, si hay malformaciones pero cuando se trata de un embarazo producto de una violación, aun cuando parezca contradictorio, es ahí donde hay objetores de conciencia”.

Para Estela Casados González, investigadora por la Universidad Veracruzana (UV), los intereses de los tres poderes están lejanos a la seguridad y la vida de las mujeres. “2018 es año electoral y muchos diputados han manifestado que se quieren reelegir; creen que la manera de conseguirlo es plegarse a los intereses económicos, religiosos de sectores conservadores. Por ello venimos a hacer presencia, a apoyar”, concluyó.

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