Xalapa, Ver. – Hasta hace unos meses, Arturo Bermúdez solía caminar acompañado de policías; “Capitán Tormenta”, pedía que lo llamaran. Hoy, el exsecretario de Seguridad Pública nuevamente se vio rodeado de oficiales, pero esta vez con la orden de vigilar su ingreso al penal de Pacho Viejo.

“Si se va Bermúdez, me voy con él”, declaró Javier Duarte en 2014, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP), fueron señalados de haber desaparecido y asesinado al cantante de la Voz México, Gibrán Martíz.

Dos años han pasado desde entonces, hoy, el ex mandatario cumple más de 100 días prófugo de la justicia, y es buscado en 190 países, mientras que Bermúdez fue ingresado esta tarde al CERESO de Coatepec por delito de enriquecimiento ilícito, donde purgará seis meses de prisión preventiva mientras se resuelve su situación legal.

El ex secretario de Javier Duarte, también fue señalado por la Fiscalía General del Estado (FGE), en el periodo de Luis Ángel Bravo Contreras por peculado, tráfico de influencias y abuso de autoridad; agravantes que esquivó el pasado 11 de enero mediante la garantía económica de 1 millón de pesos y la prohibición de salir del país. La juez, Estrella Iglesias, expuso que la muestra de su buena voluntad estaba en haber asistido a la audiencia y por ello libró la prisión preventiva.

Cabe mencionar que dicho anuncio del entonces Fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, hecho el 27 de octubre de 2016, y fue descalificado por Miguel Ángel Yunes Linares, entonces aspirante a la gubernatura de Veracruz, quien adjetivó como tardía dicha diligencia.

Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo de Veracruz, calificó como tardía la diligencia de la Fiscalía General al ejercer una acción penal en contra de los ex funcionarios estatales Arturo Bermúdez Zurita

“Lo vuelvo a reiterar, no tengo ninguna confianza ni en el Fiscal, ni en el tema de la Fiscalía, ellos forman parte de la misma estructura delictiva, tenían una función muy clara que era encubrir todo lo que se estaba llevando a cabo en Veracruz”, señaló el hoy Gobernador.

A dicho señalamiento se sumó Celestino Espinoza Rivera, asesor jurídico de los padres de Playa Vicente, por el tema Tierra Blanca, que en entrevista ese mismo día calificó el actuar del organismo como “simples simulaciones de trabajo”.

Advirtió el abogado que el delito de Tráfico de Influencias, por el que fue señalado Bermúdez Zurita, según el código penal la sanción va de uno a cuatro años de prisión, mientras que por el tema de Abuso de autoridad va de dos a ocho años, ambos ilícitos, explicó, pueden ser motivo de medidas alternas de solución, es decir, Arturo Bermúdez evitaría la cárcel. Lo dicho, se cumplió hace unos días.

“La Fiscalía puede investigar de oficio a Arturo Bermúdez por el tema de enriquecimiento ilícito, a raíz de la filtración de cinco posibles propiedades a nombre suyo y de su esposa en el complejo residencial The Woodlands Creekside Park, Houston, Texas, Estados Unidos por un valor total de más de 2.4 millones de dólares, ¿por qué no lo hace?”, opinó Espinoza Rivera. 

El día de hoy, mientras Arturo Bermúdez esperaba su turno para una audiencia por los delitos que ya había esquivado, al menos con la prisión preventiva, fue abordado por policías ministeriales, quienes le mostraron una orden de aprehensión en su contra.

Con base en el proceso penal 12/ 2017, el ex secretario fue acusado como autor material de enriquecimiento ilícito, agravio cometido cuando era servidor público y por el cuál pagaría hasta con diez años de prisión.

Posteriormente fue ingresado al penal de Pacho Viejo, certificado por un médico y llevado a presenciar su audiencia ahora por cuatro delitos en su contra, y en calidad de detenido.

Apenas el exfuncionario era certificado por un médico para trasladarlo a la zona de prisión preventiva y un grupo de mil 459 personas ya se organizaba para sumarse a las protestas en su contra.

Se trataba de los familiares de desaparecidos, que, de acuerdo con Luis Eduardo Coronel Gamboa, Fiscal Especializado en Atención por Denuncias de Personas Desaparecidas todos señalan a las fuerzas comandadas por Zurita de haber desaparecido a sus hijos, esposos, hermanos… 

A continuación, E- Consulta Veracruz, presenta un recuento de los casos más emblemáticos en la entidad; víctimas indirectas que si bien, han denunciado a los agresores de sus familiares, siguen a la espera de sentencias condenatorias, a lo que ellos llaman “migajas de justicia”.

Gibrán Martíz, una voz silenciada por la SSP

Un joven que apenas acariciaba el estrellato como cantante en el programa La Voz México, fue privado de su libertad y posteriormente asesinado el 18 de enero de 2014. El joven de 22 años y uno de sus acompañantes fueron encontrados sin vida en un paraje de Puente Nacional, a 55 kilómetros del puerto de Veracruz; ambos presentaban el tiro de gracia.

De aquellos sucesos, siete policías estatales fueron detenidos: Felipe de Jesús López Domínguez, Uriel Pérez, Manuel Ortiz Alarcón, José Luis Pérez Vela, Iván Cortés Espíritu, Mauricio Rodríguez Santiago y Abel Bruno Martínez. Sin embargo, el 18 de diciembre de 2014 los siete obtuvieron su libertad tras cubrir una fianza por cinco mil pesos.

No obstante, el caso Gibrán Martíz continúa impune y su padre asegura que el deceso de su hijo quedará en los registros negros de la Secretaría de Seguridad Pública, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por primera ocasión en Veracruz emitió una recomendación incluyendo el concepto de desaparición forzada.

Es decir, “arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

La CNDH, mediante la recomendación 14 / 2015, recomendó al entonces Secretario de Seguridad Pública del Estado, Arturo Bermúdez, establecer garantías de no repetición en este tipo de casos. La recomendación sirvió de poco pues las desapariciones forzadas privaron la vida de ocho jóvenes y un periodista.

Moisés Sánchez, el periodista incómodo

Moisés Sánchez Cerezo, director del periódico La Unión, fue privado de su libertad el pasado dos de enero de 2015 en el municipio de Medellín de Bravo; 20 días posteriores su cuerpo fue hallado en Jamapa, a unos nueve kilómetros de distancia.

El asesinato del reportero fue el número 11 de los 19 que registraron durante el sexenio de Javier Duarte, hoy prófugo de la justicia nacional e internacional. Con base en la denuncia de un ex policía intermunicipal, Clemente Noé Rodríguez Martínez en el homicidio doloso participaron otros ex policías, a quienes sólo conoce por los apodos de “El Harry”, “El Chelo”, “El Moy”, “El Piolín” y “El Olmos”.

“Clemente Noé Rodríguez confesó haber participado, junto con otras cinco personas en estos hechos. Rodríguez era miembro de una banda dedicada a la venta de droga en ese municipio, y en su declaración reconoció que la muerte de Moisés Sánchez la realizaron por encargo directo de Martín López Meneses, subdirector de la Policía Municipal de Medellín, así como chofer y escolta personal del presidente municipal, Omar Cruz Reyes”, señaló el entonces fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras.

A dos años de los hechos, Jorge Sánchez, hijo de la víctima, recrimina que no obstante a dichas declaraciones y haber investigado a 38 oficiales municipales, únicamente tres fueron puestos a disposición del juez, entre ellos el subdirector de la Policía Municipal, Martín López Meneses y dos motopatrulleros.

Además, en noviembre de 2015, el propio Martín López Meneses fue puesto en libertad tras no encontrarle responsabilidades. A la fecha, dos policías cumplen con su proceso penal tras las rejas, aunque la sentencia es algo que llena de zozobra al hijo de Moisés Sánchez. 

Papantla, municipales tras la desaparición de tres jóvenes

En Papantla de Olarte, al norte del estado, también hay registros de desaparición forzada. El pasado 19 de marzo de 2016, tres jóvenes fueron interceptados por presuntos policías municipales y desde entonces se desconoce su ubicación.

Por este caso, que la Fiscalía determinó como desaparición forzada, 37 policías causaron baja del corporativo municipal y ocho más fueron ingresados al penal regional; entre los oficiales sujetos a proceso está el mando de la policía municipal de Papantla, Bernardino Olmedo Castillo.

Cabe mencionar que, por la desaparición de Uriel Pérez Cruz, Luis Alberto Morales Santiago, y Jesús Alán Ticante, el juez de control giró órdenes de aprehensión contra 10 oficiales, de los cuales dos permanecen prófugos de la justicia.

Osorio Chong prometió investigar a Bermúdez por Caso Tierra Blanca

“Las palabras textuales del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong sobre la denuncia contra Arturo Bermúdez y sus subalternos fue que todo el apoyo para ustedes contra ellos de parte de la Secretaría de Gobernación”.

Fue lo referido por Osorio Chong, tras la denuncia interpusiera por José Benítez Herrera ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, donde responsabiliza a seis funcionarios y ex funcionarios de la SSP de haber expedido nombramientos de policías en favor de personas reprobadas en los estándares de control y confianza.

Lo anterior, ocurrido durante la visita del funcionario federal a Veracruz para tratar temas de inseguridad al sur de la entidad, el pasado 18 de octubre de 2016

1.- Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de de Seguridad Pública de Veracruz.

2.- José Nabor Nava Holguín, Subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

3.- Roberto González Meza, Director General de la Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

4.- José Alfonso Díaz Pineda, Director de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

5.- Xiomara Mirón Elizondo, Directora General del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

6.- Alejandro Contreras Uscanga, Jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Con base en los argumentos presentados por los deudos, los funcionarios y ex funcionarios de la SSP habrían violado el artículo 139 del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al haber dado de alta a cinco elementos de la SSP, incluido el Subdelegado Regional de Tierra Blanca, todos con estándares de No Acreditados.

Se trata de los ex policías estatales: René Pelayo Vidal, preso en Pacho Viejo, Omar Cruz Santos, preso en San Andrés Tuxtla, Luis Rey Landeche, detenido en Acayucan, Edgar Omar Ruíz Tecalco, está en Misantla y Marcos Conde Hernández recluido en el penal de Cosamaloapan.

De acuerdo con el oficio SSPO/055/2016, los cinco acusados de desaparición forzada fueron contratados desde el año de 2013 por Arturo Bermúdez, no obstante que hasta el 11 de enero de 2016 aparecían como No Certificados.

De igual manera, los padres evidenciaron con el documento 0003/2016, que los cinco detenidos presentaban órdenes de captura desde el año de 1999. Se ignora por qué continuaban laborando, pues según dicta el Estatus de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, debieron haber sido dados de baja.

Son parte de los argumentos legales que los padres presentaron ante el departamento de la Procuraduría General de la República y que, en palabras de Roberto Campa Cifrián, pudieran sentar precedentes de actos ilícitos purgados con 12 años de cárcel y la suspensión de todo cargo público, según dicta la Ley general del sistema nacional de seguridad pública.

Es el caso de Susana Tapia Garibo, José Benítez de la O, José Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez y Bernardo Benítez Arroniz, originarios de Playa Vicente, su historia abrió la caja de Pandora de las desapariciones forzadas en Veracruz y puso en los reflectores de la agenda nacional a la policía estatal, señalada por las víctimas de actuar en contubernio con la delincuencia organizada.

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