Xalapa, Ver. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, no se volvió a comunicar con los jubilados y pensionados, tras las más de 500 quejas interpuestas contra el gobernador Javier Duarte de Ochoa por el retraso en el pago de pensiones.

Lo anterior pese a que se comprometió de manera pública a darles atención.

Esta mañana en rueda de prensa, integrantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz  y el Frente Estatal en Defensa del IPE, acusaron que Matzumoto Benítez "ni nos ve ni nos oye", y por ello se tomó la decisión de interponer las quejas en la CNDH. 

Nos vamos a cobrar los agravios

Rodolfo Suárez, secretario general de la Delegación de Jubilados número 1, advirtió que se cobrarán los agravios en su contra, pues el retraso en el pago puntual de sus pensiones.

Dijo que tampoco olvidarán la agresión que sufrieron en diciembre pasado, donde elementos de la SSP los reprimieron con violencia; además de ello, dijo que aún le deben a ese sindicato 112 millones de pesos por concepto de pago del bono anual a maestros de enseñanza básica desde 2015.

Los jubilados señalaron que además de eso, durante esa visita a la Ciudad de México, acudieron a la Cámara de Diputados para entregar un escrito que avala el juicio político contra el gobernador.

También visitaron las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde pidieron cuenta del estado que guarda la solicitud de atracción de amparos promovidos contra la ley 287 del IPE.

Sin embargo, y a pesar que desde el año pasado se emitió un punto de acuerdo en el Congreso del Estado para promover esa facultad de atracción, aun no se entrega ante la SCJN, por lo que la intención de analizarlos bajo un solo criterio, está frenada.

Ante eso, afirmó que los legisladores locales no quieren enviar el punto de acuerdo, promovido por el Partido Acción Nacional, “porque eso les va a demostrar que su ley es inconstitucional”.