A pesar de que en Veracruz la violencia feminicida crece, para el Fiscal General del Estado, Luis Angel Bravo Contreras, no hay condiciones necesarias para la activación de la Alerta de Violencia de Género.

El expediente negro de Veracruz inicia el 2016 con una página en blanco donde se inscribe el hallazgo de una mujer sin vida, boca abajo, dentro de una bolsa negra, a orillas de la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán muy cerca del Motel California, el pasado 2 de enero.

Durante el 2015 en reiteradas ocasiones diversos organismos de la sociedad civil hicieron pública la necesidad de la activación de la Alerta, debido a que los feminicidios y casos de desaparición forzada de mujeres iban en aumento.

Para Bravo Contreras la Alerta de Violencia de Género “no consiste en un botón que se active a razón de algún caso en especifico, la alerta de género equivale a un caudal de ejercicios de medición para establecer políticas publicas que sean eficaces y eficientes para cubrir los derechos de toda mujer, no es una cuestión que sea como la Alerta Amber, es un tema institucional, consiste en generar condiciones para darle paz”

De acuerdo con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se trata de un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia, derivadas de la declaratoria emitida por la autoridad competente, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. Corresponde a la Federación a través de la Secretaría de Gobernación hacer la declaratoria y notificar al Ejecutivo Estatal.

La diputada local Ana Cristina Ledezma señaló que de acuerdo con las cifras provenientes del Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), de enero a noviembre de 2015 no se registraron feminicidios y acusó a la Fiscalía General del Estado de no mostrar estadísticas correspondientes a la realidad.

Para el periodo enero a julio del 2015, el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana contabilizó 46 feminicidios, y antes, durante 2014 la cifra llegó a 74, un promedio de 6 mujeres asesinadas por mes, por lo menos 1 a la semana.

El Banco de Datos Estatal carece de información suficiente, porque “la Fiscalía General del Estado no ha cumplido con la obligación de subir la información, al menos desde que entró en funciones Luis Ángel Bravo Contreras” manifestó la diputada local Mónica Robles Barajas y habló de 123 feminicidios cometidos en 2015.

Las condiciones de violencia que prevalecen en Veracruz han ocasionado un sub registro en las cifras, los asesinatos que presuntamente pudieran estar relacionados con la delincuencia organizada no se contabilizan como feminicidios, lo mismo ocurre si se trata de desapariciones.

Para Yadira Hidalgo, activista que participó en un primer registro sobre feminicidios en Veracruz, el hecho de que una mujer sea hallada con el tiro de gracia, no debe ser motivo para que la tortura previa a la que fue sometida y el dejar el cuerpo en un lugar público -elementos contundentes para declararlo un feminicidio- sean obviados.

La Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México, en su informe final Febrero 2010- Agosto 2012, resaltó el hecho de que las deficiencias en los registros e integración de los expedientes llevan casi en automático a las deficiencias en la procuración de justicia y a la prevalencia de la impunidad, como consecuencia lógica.

En el mismo informe consta que de acuerdo a la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, de un total de 728 homicidios dolosos de mujeres en Veracruz, sólo 90 casos cuentan con sentencia, es decir, apenas en el 12 por ciento de los casos se aplicó la justicia.

La Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, en colaboración con ONUMUJERES y el Instituto Nacional de las Mujeres alertaron en 2011 sobre un crecimiento acelerado de violencia contra las mujeres a partir de 2005, los homicidios de mujeres solteras (incluidas menores de 12 años) pasaron de un 47.1 por ciento a 66.3 por ciento entre 2005 y 2009, mientras que los homicidios de niñas menores de 5 años prácticamente se duplicaron de 3.9 por ciento a 7.9 por ciento para el mismo periodo.

Para Manuel Valenzuela Arce (2015), el feminicidio es una manera de depreciación de la vida a partir del género, y junto al narcotráfico y la migración constituyen las tres heridas abiertas de México, sin justicia para los dolientes.

México fue uno de los primeros países en ratificar la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en cuyo artículo 5º se consagra que los Estados parte tomarán las medidas necesarias para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

En las Observaciones Finales del Comité de la CEDAW en México 2012, se exhortó al Estado Mexicano a activar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, con la participación de los 32 estados federales, así como abordar urgentemente los obstáculos que limitan la activación del Mecanismo de Alerta de Género.

Asimismo destacó que el art. 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define el feminicidio como:

la forma extrema de violencia de género contra la mujer, producto de la violación de sus derechos humanos, tanto en público como en privado, formada por un conjunto de comportamientos misóginos que pueda llevar a una impunidad social y estatal y culminar en el asesinato o en otras formas de muerte violenta de mujeres. Sin embargo, al Comité le preocupan las deficiencias y las diferentes definiciones de crimen de feminicidio en los códigos penales locales, y expresa su profunda preocupación por los números elevados y cada vez mayores de feminicidios cometidos en varios estados, como Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Veracruz y Quintana Roo. También le preocupan las inexactitudes en los procedimientos para registrar y documentar los asesinatos de mujeres, que menoscaban la adecuada investigación de los casos e impiden que las familias sean notificadas puntualmente y que se haga una evaluación más completa y fiable del feminicidio.

Para el Ejecutivo Estatal, Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz la legislación permite que las condiciones estén dadas para el desarrollo de las mujeres en todos los ámbitos, “es la segunda entidad federativa con mejor legislación en la materia y con instituciones de avanzada en protección de los derechos de las mujeres”.  

La solicitud de Alerta de Género fue firmada por Agrupación de Derechos Humanos Xochitépetl, el grupo Asesoría y Servicios Rurales, el colectivo Buscamos a nuestras hijas, el Colectivo Akelarre, el Colectivo Feminista de Xalapa, Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, el grupo Integración, Lucha y Transformación, Kalli Luz Marina, la Red Unidos por los Derechos Humanos y la agrupación Salud y Género, el pasado 11 de septiembre de 2015, mientras tanto las veracruzanas siguen a la espera de la respuesta.