Xalapa, Ver. La firma del convenio entre el gobernador Javier Duarte de Ochoa y el pleno del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos es un “profundo acto de cinismo”, sostuvo Andrés Solís Álvarez, periodista experto en coberturas de riesgo y autoprotección.

El comunicador destacó en entrevista que lo presentado ayer por el gobierno federal y estatal no es ni siquiera un diagnóstico, sino simplemente un recuento de todo lo que ha sucedido en los últimos años en la entidad, en relación a los crímenes de periodistas.

“Un diagnóstico sería cuando mides un panorama y generas una política pública. Aquí no están haciendo absolutamente sino un recuento de lo que han hecho las partes”.

 Tal situación, aseguró, evidencia “todo lo que el estado de Veracruz ha dejado de hacer y muestra el nivel de impunidad que impera en la entidad”.

Y sentencia que existen vacíos en los datos que se presentan por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión: “decir que Veracruz ocupa el primer lugar junto a Chihuahua en el caso del número de periodistas asesinado es un dato, pero si nos referimos a los periodos, los que se han cometido en Veracruz son en los últimos tres años, en el periodo de un solo gobernador. En el caso de Chihuahua hablamos de un periodo de 15 años”.

Solís Álvarez recordó que en 2012, cuando el Mecanismo Federal se instaló, todos los gobiernos estatales firmaron un convenio donde se comprometían a generar sistemas de alerta temprana, misma que obliga a los estados a ser los primeros en conocer y atender cualquier caso de agresión a periodistas.

“Que el gobierno de Veracruz vuelva a firmar un convenio de un convenio que ya había firmado y que repite exactamente lo mismo, vuelve a mostrar la ineficiencia de una administración gubernamental, pero sobre todo yo lo veo más como un profundo acto de cinismo”.

El comunicador afirmó que los entes estatales, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública también han fallado en la atención de los casos de agresiones, la primera por no resolver los casos y la segunda por ser la principal agresora de comunicadores.

Criticó que el gobernador Javier Duarte tenga que firmar un documento donde se compromete a respetar la libertad de expresión cuando es su responsabilidad hacerlo, por ser un derecho consagrado en la Constitución.

“Es una incongruencia, es un tema de cinismo que la federación y el gobierno de Veracruz diga que su primer punto es el respeto a la libertad de expresión”.

 Convenio excluye a Ejército y Marina

El análisis del convenio por parte del periodista, destaca otro punto importante: se excluyó a la Marina y al Ejército Mexicano, que en zonas particulares de Veracruz son las que ocupan los primeros lugares en agresiones.

“En los casos del sur, Coatzacoalcos y Minatitlán, quienes más agreden a los periodistas son los marinos. En la zona norte quienes más agreden a los periodistas son los del Ejército, pero en ese convenio no están. Ese es un dato interesante No se trata si llega tarde o no llega tarde; no debería de existir porque los gobiernos tienen la obligación de permitir que los periodistas hagamos nuestro trabajo”.

Reiteró que la lectura que deja es que no hay un compromiso real del estado veracruzano para defender la libertad de expresión.

Bermúdez Zurita: impunidad

El autor del Manual de Autoprotección para periodistas aseguró que la permanencia de Arturo Bermúdez Zurita al frente de la Secretaría de Seguridad Pública es la muestra más clara de impunidad en Veracruz.

“Sus elementos han sido los principales agresores. Se ha demostrado que policías agredieron a periodistas el 13 de septiembre de 2013. Y Arturo Bermúdez sigue ahí. Se han publicado al menos dos amenazas hechas públicas, por Arturo Bermúdez Zurita y él sigue ahí”.

Solís Álvarez consideró que la estancia del secretario es motivo “para un juicio político contra el gobernador porque tiene a un personaje que ha fomentado la violencia contra los periodistas en todas sus perspectivas y lo tiene como el principal responsable que tiene que cuidar a los periodistas”.

Condiciones laborales quedan en el limbo

Agregó que otro punto que queda en el aire es el punto 7, donde se toca el tema de las condiciones laborales de los comunicadores, del cual lamentó que no toque a la iniciativa privada, de donde salen la mayoría de los medios de información.

“Estos convenios no tienen capacidad de incidencia. Si el patrón no le quiere pagar a sus empleados no lo va a hacer y nadie lo va a obligar, pero lo más grave es que existan periodistas que acepten estas condiciones”.

Recordó que en 2011, el entonces diputado Eduardo Andrade Sánchez prometió a presentar una iniciativa de ley que fomentara las mejoras laborales de los trabajadores de los medios de comunicación en el estado. Casi cinco años después tal iniciativa no existe.

Ante ese panorama exhortó a los comunicadores a dar seguimiento puntual de las acciones que se presentan en convenios como este “porque las marchas no sirven para nada”, así como no perder de vista el papel del periodista que es capacitarse, hacer buen periodismo y trabajar de manera colectiva.