La comida es una cuestión de seguridad y en México está en peligro porque al menos una cuarta parte de la población se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, indica la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012.

Los datos dejan ver que poco más de 28% de los hogares mexicanos vive en ese estado; de ellos, 10.5% en etapa severa.

Al mismo tiempo, y paradójicamente, la Ensanut ha documentado la creciente epidemia de sobrepeso y obesidad, como consecuencia de una alimentación poco variada y desequilibrada, rica en azúcares, grasas y sodio, dijo María del Rocío Fernández Suárez, encargada del Programa Universitario de Alimentos (PUAL) de la UNAM.

Aunque en los últimos 25 años disminuyeron las cifras de desnutrición entre los mexicanos, en el sector rural uno de cada tres niños indígenas vive en esa condición, aunque de carácter crónico, señaló. En Guerrero, por ejemplo, 42.6% de la población presenta carencia por acceso a la alimentación, según datos recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La universitaria distinguió dos tipos de protección social en función de su impacto y el tiempo en el que se perciben los resultados.

“Por un lado, tenemos la de efecto a corto plazo, que se traduce en una variedad de programas que ofrecen ayuda financiera o en especie a personas pobres y vulnerables para mejorar sus ingresos. Ejemplo de ello es Prospera (antes Oportunidades), iniciativa con mayor cobertura en materia de seguridad alimentaria, y la Cruzada Nacional contra el Hambre.”.

Estos proyectos de asistencia social son importantes, de hecho la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomienda su establecimiento debido a la necesidad de ayudar de manera inmediata a poblaciones que sufren desnutrición aguda y cuya vida está en riesgo, o bien desnutrición crónica, cuyos efectos se reflejan a largo plazo en quienes la padecen.

Sin embargo, estas iniciativas no tienen una cobertura de 100 por ciento, sólo llegan a cuatro de cada 10 mexicanos, en promedio. “Quizá estén relacionadas con la disminución de las cifras de desnutrición, pero es indispensable establecer otro tipo de protección social, que tiene que ver con la producción sustentable de alimentos”, subrayó. La universitaria planteó la necesidad de crear programas a largo plazo, que contribuyan a la protección del campo y de los pequeños productores o campesinos.

Actualmente, gran parte de los subsidios a la actividad agrícola se destina a los grandes productores, cuyos cultivos, en una proporción considerable, son de exportación, mientras que los campesinos, que son casi 3 millones y representan entre 70 y 80% de los productores agrícolas, reciben un mínimo porcentaje de los apoyos gubernamentales.

“Con el bajo subsidio y sin tecnificación hacen la proeza de producir 40% de los alimentos básicos que se consumen en la nación; por ello, la protección social tendría que pensarse en razón de proporcionarles mayor apoyo pues, además, basan su producción en sistemas sustentables de agricultura familiar, de menor impacto ambiental.”

El futuro no se ve prometedor. Por un lado, tenemos el cambio climático, que es una realidad y afecta a los grandes y pequeños productores. Por otro, existe la degradación de los suelos agrícolas; en el país se calcula que la mitad está afectada, principalmente a consecuencia de la agricultura altamente tecnificada, que hace uso excesivo de fertilizantes, plaguicidas y agua de riego, además de basarse en el monocultivo, que no permite promover la diversidad de especies ni la variedad de alimentos.

“De hecho, los expertos calculan que de no modificarse el paradigma actual de producción de alimentos en México, con el incremento de la población, estimado en 29% para 2050, las cifras de desnutrición infantil aumentarán 20%”, advirtió.