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Reconoce Videgaray que economía está estancada

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Ante recorte presupuestal por 62 mil millones de pesos, Pemex pospone la modernización de las refinerías.

Alcanzar el potencial de la economía mexicana no depende sólo de las reformas estructurales, sino también se necesita de mayor transparencia en las instituciones públicas que dé confianza a inversionistas extranjeros y ciudadanos, aseguró el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

De acuerdo con una nota del periódico Crónica, el funcionario reconoció en entrevista al Financial Times que la economía mexicana se encuentra en una etapa de estancamiento en su crecimiento, pues en las última tres décadas la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó entre 2.2 y 2.4 por ciento.

"No se trata sólo de reformas, reformas, reformas. (…) Podemos realizar diez reformas energéticas pero si no añadimos confianza, no podremos aprovechar todo el potencial de la economía mexicana", dijo.

El titular de la dependencia recalcó que es a través de la confianza que la economía se mantendrá estable y en crecimientos a tasas superiores, a pesar del éxito en las reformas.

"Tenemos que hacerle frente a lo que es en la actualidad realmente importante para la sociedad mexicana, que no es sólo la corrupción y la transparencia. Va más allá de eso, se trata de una cuestión de confianza", afirmó.

Las declaraciones del secretario de Hacienda suceden en el marco de críticas contra el gobierno federal por la aparición de acuerdos con la constructora Higa y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero.

Al respecto, Videgaray Caso argumentó que los episodios antes mencionados motivan a que las instituciones y el gobierno federal incrementen la transparencia en sus operaciones, con el fin de que la confianza vuelva a fomentar inversiones.

Asimismo recalcó que mantiene su interés y apertura para que continúen las investigaciones a las que se le atribuye también una relación con la constructora Higa, la cual le vendió una casa a él como a la esposa del presidente Enrique Peña Nieto.

Por recorte Pemex pospone obras en refinerías

Con el propósito de mantener el equilibrio financiero, en su sesión del 13 de febrero el consejo de administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) aprobó el plan de ajuste presupuestal por 62 mil millones de pesos para 2015 presentado por el director general de la empresa, lo que representa una disminución de 11.5 por ciento respecto al presupuesto programable autorizado por el Congreso de la Unión.

Este ajuste es de tal magnitud que obliga a posponer la ejecución de las principales obras que tenían el propósito de mantener la capacidad de suministrar petrolíferos al mercado nacional. También se posterga la reconfiguración de refinerías, así como los proyectos de gasolinas y diésel limpios (ultra bajo azufre).

Según otra nota del periódico La Jornada, la petrolera tiene seis refinerías con capacidad para procesar un millón 500 mil barriles diarios. En tres de las plantas había planes de modernización para hacerlas más productivas, pero por el tamaño del recorte, parte importante recae en la inversión.

El consejo también instruyó a la administración a convocar a los contratistas para renegociar los acuerdos firmados, pues muchos se pactaron en condiciones de mercado diferentes a las actuales.

Con la renegociación de los contratos, la empresa podrá operar con una situación financiera más equilibrada en lo que resta del año y fortalecer su posición financiera para continuar con los planes de crecimiento a mediano y largo plazos, sin necesidad de incurrir en mayor deuda.

Carlos Huerta, ex asesor del consejo de administración de Pemex y especialista en temas energéticos y presupuestales, consideró que ahora más que nunca es necesario realizar una verdadera reforma hacendaria integral, para erradicar la alta dependencia de los ingresos petroleros para financiar el gasto público.

Destacó que el modelo fiscal aplicado a Pemex es inequitativo e impone dificultades para consolidar la petrolera como una verdadera empresa productiva del Estado.

Huerta Durán advirtió: “El recorte a Pemex tiene repercusiones negativas en dos frentes: en el primero es que pospone sus planes para transformarse en una empresa productiva del Estado y estar en igualdad de condiciones para competir con los nuevos participantes; en el segundo, el recorte se potencia porque en un contexto de precios deprimidos el alivio fiscal conseguido con la reforma energética prácticamente se anula con precios por debajo de 50 dólares, agravando todavía más la situación financiera de Pemex”.

A finales de mes Pemex tendrá que mostrar sus resultados financieros auditados, “y veremos que tendrá una pérdida de alrededor de 200 mil millones de pesos; será histórica y abonará al deterioro financiero y operativo de la empresa productiva del Estado”, anticipó.

Los informes de Pemex detallan que el programa de ajuste presupuestal se construyó con base en las premisas de minimizar el efecto en la producción de crudo y gas; disminuir el impacto en la restitución de reservas; mantener la capacidad de suministrar el mercado nacional de petrolíferos; reducir el impacto en la seguridad y confiabilidad de las instalaciones y con apego a las normas ambientales.

Si bien las medidas propuestas al consejo incluyen ajustes importantes en las inversiones de capital, buscando reducir el impacto que estas reducciones tendrán en la producción de hidrocarburos, la administración presentó diferentes iniciativas que permiten una mayor participación del sector privado en los proyectos de inversión de Pemex.

Adicionalmente, el consejo solicitó al director general, Emilio Lozoya Austin, hacer un esfuerzo importante por bajar el gasto corriente, incluyendo lo relativo a recursos humanos y servicios personales, y reducir el impacto en los proyectos de inversión productiva de Pemex, tal como hacen las empresas del sector.

Además del ajuste al presupuesto, el consejo de administración aprobó las disposiciones para que la empresa implemente su Programa de Austeridad y Uso Racional de Recursos, de conformidad con la nueva ley de Pemex, con lo cual se prevé lograr ahorros adicionales.

La adecuación al gasto se aplica debido a que en los últimos ocho meses la industria petrolera mundial ha venido experimentando ajustes importantes en los precios de referencia. La mezcla mexicana de exportación se cotizó en promedio a 86 dólares por barril durante 2014, aunque llegó a estar por encima de 100 dólares. En la actualidad se ubica en alrededor de 49 dólares por barril, tras haber tocado un mínimo de 37 dólares durante enero.

La pronunciada caída en los precios del petróleo podría obedecer a nuevas condiciones estructurales del mercado y una mayoría de analistas prevé que los precios permanecerán bajos durante meses o incluso años.

En la formulación del presupuesto de Petróleos Mexicanos para el ejercicio fiscal 2015, se consideró una referencia de precio de la mezcla mexicana de exportación de 79 dólares por barril, tanto para la estimación anual de ingresos como para definir el correspondiente límite de gasto.

Con base en este precio de referencia, el Congreso de la Unión autorizó a Pemex ejercer 540 mil millones de pesos de gasto programable para este año, de los cuales una tercera parte están orientados a la operación y a dar cumplimiento a obligaciones laborales y de pensiones; las dos terceras partes restantes, equivalentes a 366 mil millones de pesos, para la ejecución de los planes de inversión de la empresa.

Como parte de la reforma energética, a Pemex le fue otorgado un régimen especial que le ofrece mayor autonomía para canalizar recursos a actividades donde pueda aprovechar oportunidades de negocio. Asimismo, la empresa está sujeta al cumplimiento de una meta anual de balance financiero.

Anuncia ajuste presupuestal en al STPS

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, reconoció que la dependencia a su cargo registrará un ajuste presupuestal de 800 millones de pesos, sin embargo, ello, resaltó, no afectará los programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables.

Dijo que tan sólo el sector central de la Secretaría del Trabajo registrará una disminución de 350 millones de pesos en su presupuesto destinado para cubrir gastos relacionados con viáticos, representación, eventos, además de eliminar plazas vacantes y no crear estructuras administrativas nuevas.

Reconoció que dicho recorte se traducirá prácticamente en “cero crecimiento” para el año en curso, de la dependencia que encabeza, por lo que, dijo, nos quedaremos con lo mínimo necesario para operar y se harán ajustes a los programas sociales, sin afectar a la población vulnerable que se beneficia de ellos”.

Asimismo, el encargado de la política laboral del país resaltó la necesidad de impulsar la productividad, ya que es el espacio de oportunidad, dijo, para compartir los beneficios que se logren en forma colectiva, los cuales se verán reflejados en el ingreso de los trabajadores y en la solidez financiera de los centros de trabajo.

Según otra nota del diario Crónica, el funcionario resaltó la relevancia de la productividad en las revisiones contractuales y en este caso específico se insertó una cláusula que obliga a que “cada empresa con su sindicato administrador formulará sus respectivos acuerdos de productividad, competitividad y modernización, conviniendo las modalidades respectivas”.

Lo anterior, apuntó, obedece a la necesidad planteada por los propios industriales para que con base en las condiciones de la maquinaria, equipo y procesos productivos que existen en cada una de las fábricas, “se obtenga con el consenso de los sindicatos pactos que se ajusten a la problemática que existe en cada uno de ellos”.

En este mismo sentido, refirió que en 1994 y 2001 se celebraron diversos convenios de revisión del Contrato Ley, en donde se incluyeron cláusulas para impulsar la productividad y la competitividad, y refirió que de estos pactos algunas empresas como Bridgestone y Firestone celebraron Convenios Singulares para el logro de este objetivo.

Entre los principales puntos acordados en la Revisión del Contrato Ley, destacan el incremento del 50 por ciento a la prestación de despensa, y del 100 por ciento a las indemnizaciones por muerte natural y accidental.