Xalapa, Ver.- Con el consenso de la mayoría de diputados locales de los partidos representados en la LXIII Legislatura del Estado, este jueves se aprobará la autorización para que el Órgano de Gobierno del Sistema Metropolitano de Agua y Saneamiento de Veracruz (SAS) licite en una convocatoria internacional la coinversión necesaria para sanear sus finanzas y ofrecer un mejor servicio a más de un millón de usuarios, así como desincorporar al municipio de Boca del Río, que hará lo propio.

De acuerdo con los legisladores Raúl Zarrabal Ferat y Tonatiuh Pola Estrada, los dictámenes que se aprobarán permitirán al municipio de Boca del Río aplicar un esquema de coinversión público-privada independiente de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo. Para ello se cuenta con la aprobación de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) Alejandro Zairick Morante, María del Carmen Pontón Villa y Édgar Hugo Fernández Bernal.

Los dictámenes que se someterán al Pleno durante la Sesión Ordinaria de este jueves, permitirían conformar una Sociedad Mercantil Mixta de inversión pública y privada a los ayuntamientos de Veracruz y Medellín de Bravo, a través de una licitación pública internacional, para adquirir infraestructura moderna y ofrecer un mejor servicio a los miles de usuarios del SAS.

También se autorizaría al Ayuntamiento de Boca del Río crear una sociedad mercantil similar, pero de manera individual e independiente, así como su desincorporación del Órgano de Gobierno del SAS, bajo una cláusula para que durante 18 meses el organismo mantenga la prestación del servicio a los usuarios de ese municipio.

Los diputados coincidieron en que este esquema permitirá el saneamiento económico y ambiental del SAS. Además de que, en el mediano plazo, se pueda realizar la inversión necesaria para mejorar de manera sustancial y sustentable la infraestructura de suministro de agua potable a la población de la conurbación más importante del estado de Veracruz.

Descartaron que se trate de una privatización del servicio, ya que es un esquema que la ley permite, para que empresas públicas coinviertan con el Gobierno y éste se mantenga como órgano rector de las políticas de servicio a la población.

Informaron que el esquema ya comprobó su eficiencia en otras conurbaciones de entidades como Coahuila, Nuevo León y el propio Distrito Federal.