La Presidencia de la República continúa con el objetivo de echar abajo las legislaciones en materia educativa en ocho entidades, para lo cual, los procesos de controversias constitucionales siguen su curso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), confirmó la Oficina del vocero del gobierno de la República, cuyo titular es Eduardo Sánchez.

De acuerdo con una nota de diario 24 Horas, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo continúa al frente de las demandas, el proceso todavía sigue abierto en la Corte y se espera que los magistrados fallen a favor de que la reforma educativa se aplique en la totalidad de sus términos en las 31 entidades y el Distrito Federal.

Un informe, entregado al diario 24 Horas por la Oficina del vocero de Presidencia, señala que son ocho estados donde las normas van en contra de la reforma educativa, por lo cual, la Federación buscará tumbarlas en sus totalidad y declarar la invalidez de las leyes en la materia a través de controversias constitucionales.

Desde el 15 de abril, la Presidencia inició demandas contra los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora; además, el dos de mayo interpuso otras controversias contra Baja California, Zacatecas y Baja California Sur, y el 20 de mayo contra Morelos.

De las ocho entidades que fueron demandadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, dos son gobernadas por el PRI: Michoacán, que en el momento de las controversias era dirigida por Fausto Vallejo y ahora por Salvador Jara; y Zacatecas, cuyo gobernador es Miguel Alonso Reyes.

Morelos es gobernada por Graco Ramírez y Oaxaca por Gabino Cué, ambos emanados de la izquierda; mientras que Chiapas es dirigida por Manuel Velasco del Partido Verde; Baja California es gobernada por Francisco Vega y Baja California Sur por Marcos Alberto Covarrubias, ambos panistas.

La mayoría de estados demandados tienen presencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

De acuerdo con la Presidencia, el propósito de las demandas es “lograr que se declare la invalidez de las normas locales por considerarlas inconstitucionales, con ello, garantizar  la congruencia de los marcos jurídicos locales con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias en materia educativa y brindar una educación de calidad”.

El mandatario Enrique Peña Nieto, explica la vocería, decidió emprender una demanda contra los poderes ejecutivos de ocho estados porque sus “legislaciones locales contravienen las disposiciones de la Carta Magna y de las leyes reglamentarias correspondientes; invaden la esfera de competencias de los poderes federales o hay una omisión total de lo establecido.

La Ley General de Educación fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 2013, en ésta, se otorgaba un plazo de seis meses a las entidades para adecuar su legislación a las nuevas normas, entre las que se incluyen exámenes periódicos a los maestros para permanecer o escalar en el sistema docente.

Vigilancia extrema tendrá la evaluación al ingreso del SPD

Debido a la inconformidad magisterial y al contexto de violencia social, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) identificó como estados de riesgo a Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Tamaulipas para aplicar la evaluación de ingreso al Servicio Profesional Docente (SPD), que se realizará en todo el país el 12, 13 y 19 de julio para maestros y técnicos docentes de educación básica y media superior.

En entrevista con el diario La Jornada, Sylvia Schmelkes del Valle, presidenta del organismo autónomo, enfatizó que será un proceso “sumamente vigilado”, que incluye la presencia del Ejército Mexicano en el resguardo y traslado de las pruebas a cada una de las sedes, así como la ubicación de “observadores” incluso en los sanitarios de los centros de aplicación, a fin de evitar que “se trafique” con las respuestas.

Señaló que también será un proceso muy competido, pues estimó que sólo uno de cada ocho aspirantes será seleccionado.

De acuerdo con cifras de la Coordinación Nacional del SPD se asignarán 11 mil 773 plazas y 56 mil horas-semana-mes en educación básica en el que participan 149 mil 720 aspirantes, mientras que en bachillerato se contará con 2 mil 612 plazas y 75 mil horas-semana-mes, para 42 mil 734 candidatos. Y 445 puestos de dirección que serán disputados por mil 65 concursantes.

Se prevé que en cada entidad se detecten por lo menos tres sedes con factores de riesgo –entre ellos protestas sociales y magisteriales, violencia e incluso desastres naturales–, las cuales serán vigiladas con un operativo especial del INEE, a fin de garantizar condiciones de imparcialidad y transparencia del proceso que se aplica por primera vez con nuevas normas, luego de la aprobación de la reforma educativa en 2013.

En cuanto a la puntuación que se establecerá a cada una de las evaluaciones, tarea que corresponde al INEE, Schmelkes del Valle señaló que se determinará un nivel inadmisible y tres aceptables.

No obstante, reconoció que no existirá un puntaje mínimo para acreditar la evaluación. El ingreso “lo definirá la manera en que comporte la población (evaluada). No se puede establecer un punto teórico, porque a lo mejor nadie lo alcanza”.

Agregó que “se harán tres puntos de corte, y lo que va a variar estado por estado es cuántos aspirantes se integrarán a cada nivel”.

Por lo que respecta al proceso de observación de la prueba, señaló que participan 37 organizaciones de la sociedad civil con un total de mil 271 observadores acreditados por el INEE, quienes deberán vigilar el proceso de distribución de materiales, aplicación de la evaluación e integración de las listas de prelación, quienes serán capacitados a partir de la próxima semana.

Detalló que en el proceso se registraron 193 mil 619 sustentantes, que serán divididos en grupos de 30 candidatos, es decir, se contará con cerca de 6 mil 453 grupos en cientos de sedes instaladas en todos el país, que deberán ser observadas. Entre las estrategias que se aplicarán está videofilmar cada aula, durante los dos procesos de aplicación, ya que los aspirantes deberán responder un cuestionario por la mañana, y otro por la tarde.

Francisco Miranda, director de Normatividad y Política Educativa, informó que el INEE contará con un equipo de 32 altos funcionarios del organismo, uno por entidad, quienes acudirán a las oficinas estatales de monitoreo que se instalarán para tal fin en los estados. “Tendrán acceso al sistema de monitoreo y podrán vigilar el proceso.”

Agregó que también se contará con un equipo de 12 observadores internacionales del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes visitarán siete entidades para el proceso de aplicación, y realizarán trabajo de campo en 14 estados adicionales.