Xalapa, Ver. - Desde su designación como encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, el pasado 3 de septiembre de 2019, a la fecha, Verónica Hernández Giadáns avaló siete contratos de servicios y obras por medio de adjudicación directa por montos desde los 785 mil pesos a los 4.6 millones de pesos.

Lo anterior, de acuerdo con una solicitud de información formulada a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), citada por la coordinadora de la fracción mixta “Acción Nacional Veracruz”, María Josefina Gamboa Torales.

La Ley 539 de “Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Inmuebles”, establece en su punto IV que solo se recurrirá a la adjudicación directa por montos menores a los mil 135 salarios mínimos, es decir, 139 mil 854.7 pesos, calculados a partir de un sueldo de 123.22 pesos correspondiente a 2020.

Pero las adjudicaciones directas durante la administración de Hernández Giadáns, no solo rebasan el monto mínimo establecido y benefician por igual empresas foráneas como locales, además, evidencian desorden y opacidad de los datos abiertos relativos a los procesos de contratación.

Esto, dado que dicha información, de carácter pública y respaldada en las obligaciones de transparencia, permanece sin actualizar, con omisiones, e incompleta por parte del organismo.

La FGE pudo incurrir en responsabilidades al recurrir a la asignación directa de personas morales no incluidas en su padrón de proveedores, incluyendo una, con domicilio en Baja California.

E-Consulta Veracruz solicitó al responsable de prensa de la Fiscalía información relativa a los contratos directos sin embargo a la publicación de este texto no hubo respuesta.

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LOS CONTRATOS

El primer caso es el de “Logística y Tecnologías para Laboratorios”, asignada a un contrato de 2 millones 558 mil 567 pesos, por concepto de “Adquisiciones de materiales, accesorios y suministros de laboratorio y otros productos químicos”.

En este caso, al cierre del tercer trimestre, la empresa oriunda de Baja California no se le localiza en el documento “Padrón de proveedores y contratistas” de la Fiscalía.

Otra empresa que no figura en dicha relación es “Comercializadora y Abastecedora Almart”, ganadora de un contrato por 989 mil pesos por concepto de “Cinco kits del reactivo Power Plex Y23 System, marca Promega”.

La empresa exhibe domicilio en Edificio 5, Interior 12, fraccionamiento Valle Real, de Emiliano Zapata; y aunque no figura en la lista de proveedores, anteriormente participó en las convocatorias de la Secretaría de Salud.

De igual forma, la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, no aparece en la lista de proveedores de la Fiscalía; sin embargo, recibió dos contratos: uno por 880 mil pesos y otro más, 1 millón 440 mil pesos, por concepto de “Curso actualización para agentes del ministerio público en el sistema de justicia penal” y por “Curso taller de actualización para perito en el sistema de justicia penal”.

En estos dos casos, la diputada María Josefina Gamboa cuestionó el motivo de los cursos pagados a la Secretaría de Seguridad Pública, toda vez que el ente investigador cuenta con su propio centro de formación.

De hecho, la Plataforma de Transparencia no cuenta con la información actualizada del contrato celebrado con la Secretaría de Seguridad Pública, aunque valida que este convenio tuvo lugar en diciembre de 2019, ya con tres meses del ejercicio de la nueva fiscal.

El artículo 59 de la Ley de Adquisiciones estipula que, en el caso de las adjudicaciones directas, “sólo se realizarán con los proveedores previamente registrados en el padrón de las instituciones”.

En el caso del servicio “Adquisición de una licencia anual del Sistema Plataforma de investigación seis grados versión cuarto de crisis para la unidad de análisis de la información”, la FGE realizó una asignación directa por 785 mil pesos a la razón social “Altest S.A. de C.V.” y con domicilio Bonaterra 18 Altos, Fraccionamiento Bonaterra, del municipio de Guadalupe, Zacatecas.

En cuanto a la “Adquisición de una estación de correlación y consulta de casquillos y balas compatibles con tecnología nacional (Sistema IBIS Trax-3D consistente en la actualización de software con reemplazo de hardware del sistema IBIS Trax-3D) para la dirección de servicios periciales”, la empresa Tecnología Aplicada a Corporativos S.A de C.V. (Teacorp) ganó por adjudicación directa un contrato por 4 millones 616 mil 965 pesos. Dicha razón social cuenta con domicilio en Antonio Anza 14, en Ciudad Satélite, municipio de Naucalpan de Juárez, y presume ser proveedor, entre otras firmas, de Televisa, Izzi, Comercial Mexicana y Soriana.

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DESLINDE

En la comparecencia desarrollada el pasado 21 de enero ante el Poder Legislativo, Verónica Hernández Giadáns deslindó a la actual fiscalía de las adquisiciones directas realizadas desde septiembre a la fecha y culpó de estas a su antecesor Jorge Winckler Ortiz.

Lo anterior, luego que la legisladora del grupo mixto Acción Nacional Veracruz, María Josefina Gamboa Torales, le cuestionó de las asignaciones directas presuntamente realizadas durante su gestión, sobre todo en lo referente a Logística y Tecnología para Laboratorios S.A. de C.V. (Logitlab).

Dicha empresa exhibe domicilio en Santos Degollado 331, colonia Primero de Diciembre de Mexicali, Baja California; entidad ligada a Eric Cisneros Burgos, de acuerdo con la diputada Gamboa Torales.

El secretario de Gobierno ha sido señalado de contar con diversos bienes en dicha entidad, en donde fungió como funcionario municipal.

En respuesta, la fiscal Hernández Giadáns negó que desde que ella asumió el cargo se hubieran dado adjudicaciones directas a empresas de la citada entidad.

“Haciendo una búsqueda directa de lo que tenemos le aseguro que desde que yo llegué no se ha hecho alguna adjudicación directa a alguna empresa de Baja California, aclaro y aquí está expediente, este tema inició en junio de 2019, se firmó el contrato el 4 de septiembre, yo inicié el 3, mas no corresponde a un proceso iniciado en mi gestión”, dijo y justificó que solo cumplió el trámite de la entonces Oficial Mayor de firma de contrato.

En respuesta, la secretaria de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, María Josefina Gamboa, reprochó a Hernández Giadáns que todo lo que ocurra a partir de 3 de septiembre es responsabilidad de la encargada de despacho.

A la vez citó la adquisición del servicio de mantenimiento del sistema de enfriamiento del edificio central de la Fiscalía, dado a la empresa “Proyectos, diseños y construcciones S.A. de C.V.”, con un contrato de 4 millones de pesos, y acusó que dicha empresa no existe, siendo “fantasma” al exhibir como domicilio una vivienda particular en el fraccionamiento Virginia del municipio de Boca del Río.

Gamboa Torales criticó que una de las primeras acciones de la FGE, bajo su cargo, consistió en contratar la reparación de los aires acondicionados, y el procedimiento de asignación directa violenta el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Inmuebles.

Recalcó que a la empresa “Tecnología Aplicada a Corporativos”, foránea, se le pagó 5 millones de pesos por la compra de chalecos antibala, mientras a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se le pagó más de 2 millones de pesos, vía adjudicación directa, por dos cursos a agentes del Ministerio Público.

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