Los diputados federales recibieron la consigna de posicionar en cada Distrito del país el tema de la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), decidido en Palacio Nacional, para quitar al PJF 15 mil millones de pesos que hay en esos fondos, bajo el argumento oficial de que son recursos destinados a mantener privilegios de una élite dorada. No hay datos duros, por ejemplo, de cuánto gasta indebidamente de ese dinero la presidenta de la Corte, Norma Piña, o algún otro ministro de los que frecuentemente son enlodados en las conferencias mañaneras.

La percepción es que se trata de causar desprestigio, y a partir de esa narrativa, crear un ambiente propicio para justificar la medida, de legalidad a discusión. Todo el golpeteo inició a partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró el paso al desafío presidencial de “no me salgan con que la ley es la ley”, convirtiéndose en el único poder que mantiene su independencia frente a los dictados del Ejecutivo, a diferencia del Legislativo, donde el bloque mayoritario de MORENA acató sin chistar aquello de no cambiarle “ni una coma” a las iniciativas presidenciales.

La SCJN encabezados por la ministra Piña, le ha corregido la plana en varias ocasiones al Presidente, quien en respuesta ha hecho señalamientos graves de corrupción de jueces, lo que no se ha probado en los hechos, pues ningún juzgador ha sido procesado por delitos de esa índole; podría haberlos, siempre hay manzanas podridas en una canasta, pero generalizar  tiene otros propósitos de tipo político.

¿Porqué los jueces liberan a delincuentes, o conceden amparos? Eso regularmente ocurre cuando la autoridad viola derechos humanos, incumple el debido proceso o hay una mala integración de carpetas de investigación,  lo que traslada esa responsabilidad a otro poder.

Apenas hace unos días, trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron movilizaciones en Veracruz y otras partes del país para protestar por la pretensión presidencial de desaparecer esos Fideicomisos, pues tal decisión afectaría fondos relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos del personal, tanto laborales como de seguridad social de pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.

No debe esperarse que haya marcha atrás en esa determinación, y aunque la Corte asumió una actitud de prudencia, lo más seguro es que, después de aprobarse, se inicie una batalla legal. Según el argumento de la diputada de MORENA, Tania Cruz Santos, del Distrito de Coatzacoalcos, la extinción de esos 13 fideicomisos del PJF “sólo afectará a una élite de 200”, lo que resulta fuera de toda proporción, pues se estaría frente a una libre disposición de 75 millones de pesos para cada ministro o magistrado o jueces de ese poder, bajo ese criterio.

Ese dislate, y otros que se escuchan en las argumentaciones de los diputados federales, sólo puede interpretarse como una acción concertada, de pandilla, para causar desprestigio a un poder cuya única “falta” comprobada es su independencia para hacer respetar la Constitución y las leyes que salvaguardan derechos y libertades de los ciudadanos. Además de tratar de quitarles esos fondos, productos de ahorros presupuestales para diversos fines, la Cámara de Diputados también le reducirá el presupuesto al Poder Judicial federal, lo que es aún más grave, pues limitará su funcionamiento, lo que al final afectará a quienes recurran a esa última instancia para dirimir procesos legales. Así las cosas en el gobierno.

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