El embajador, el Congreso y el enjambre energético

  • Roberto Rock

          El atorón en la aprobación de la reforma eléctrica desnudó la disminuida capacidad del gobierno López Obrador para atender los frentes abiertos por este debate, lo que incluye resistencias en el Congreso, amagos de sanciones por violación al T-MEC, reclamos desde la Casa Blanca, repudio de inversionistas locales y foráneos. Y como cereza del pastel, una brecha cada vez más amplia entre el oficialismo y la Corte, que ha dado entrada a demandas en este campo.

            Los resultados en la operación de la llamada 4T son tan decrecientes que nadie apuesta a que la política energética del régimen logre consolidarse, ni en materia eléctrica ni en el campo de los carburantes. Existe incluso, el riesgo de que se contamine la marcha de otras dos grandes iniciativas anunciadas por Palacio: la reforma electoral y la de la Guardia Nacional.

            Todas las coordenadas parecían haberse salido de control la semana pasada cuando el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, el poblano Ignacio Mier, difundió que será hasta abril próximo -no en diciembre, como se preveía- cuando la reforma eléctrica sea sometida a una votación. El único en disentir fue el diputado tabasqueño Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía, cuya única acreditación en este tema es ser incondicional de la secretaria del ramo, Rocío Nahle.

            Nahle y el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, han impulsado desde el inicio del gobierno enmiendas legales orientadas a bloquear la competencia privada a Pemex y la CFE. También han desmantelado a los organismos diseñados para garantizar transparencia y rendición de cuentas en ambas entidades. La deficiencia jurídica de las leyes bautizadas con sus apellidos atrajo ya decenas de amparos en el Poder Judicial, que avaló incluso una impugnación de la Comisión Federal de Competencia Económica ante la violación de sus atribuciones constitucionales que suponían algunas de estas nuevas normativas.

El embajador estadounidense Ken Salazar es un actor cada vez más visible en este escenario. Ha visitado Palacio y la torre de la cancillería, para “ser informado” sobre la reforma eléctrica. En realidad, el escritorio del diplomático acumula ya una pequeña montaña de informes especializados y cartas de congresistas, corporaciones y cabilderos de su país -que han hecho públicos- urgiéndolo a impugnar la iniciativa.

Salazar es de suyo identificado desde hace una década con los intereses de las multinacionales petroleras, como Shell y British Petroleum. Y no solo desde sus posiciones como senador (2005-2009) o integrante del gabinete Obama (2009-2013). Tras esas tareas, fue parte de la firma “Wilmen Hale”, que conduce en Washington un poderoso cabildeo en favor de ese sector y del llamado “fracking” en la explotación de hidrocarburos.

Según fue informado este espacio, entre las cartas bajo la manga del embajador Salazar se encuentran la posibilidad de que sea bloqueada en Estados Unidos la pretendida compra, por parte de Pemex, de total de las acciones de la refinería “Deer Park”; sanciones en los paneles del T-MEC, y cancelación de inversiones por 44 mil millones de dólares.

Bueno, pero el afable diplomático disfruta la comida mexicana y montó una ofrenda por el Día de Muertos.

Apuntes:  Sicarios asesinan a plena luz del día a traficantes de drogas competidores en playas abarrotadas de turistas extranjeros en la Rivera Maya de Quintana Roo. Hay disparos y corre la sangre en al menos dos hoteles importantes. Los videos y tuits del episodio crean un escándalo internacional. Pero no pasa nada, salvo que el gobernador Carlos Joaquín dijo que la imagen del país fue manchada. En verdad, un genio. ([email protected]).