El gobierno López Obrador parece decidido a suspender de manera indefinida un largo ciclo de flirteo y cortesías políticas hacia la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, luego de que la justicia de Estados Unidos aportó mayores evidencias sobre una colosal operación de lavado de dinero que toca al mandatario sudamericano y cuenta con cómplices en México.

El escándalo puede estallarle en el rostro a la secretaría de Energía, Rocío Nahle, en cuyo sector ha medrado un extraño personaje, Joaquín Leal Jiménez, presidente de la compañía “Libre Abordo”, que antes de cumplir 30 años ya realizaba en el campo energético negocios multimillonarios en dólares; creció sin freno durante la presente administración, pero ahora figura en el reporte del Departamento del Tesoro norteamericano como parte de una triangulación por al menos 350 millones de dólares conducida por dos operadores financieros de Maduro.

La señora Nahle parece inclinada hacia los conflictos de personalidad: ocupa un puesto técnico, pero exhibe activismo en la corriente radical de la llamada cuarta transformación; es nacida en Zacatecas, pero cabildea de manera incesante en Veracruz para que una reforma legal le permita buscar la gubernatura. Por más de 16 meses supo de la crisis en torno a Maduro por la caída en desgracia de su socio Alex Saab, ahora detenido en Estados Unidos. Pero apenas en semanas recientes, bajo la presión estadounidense, propició la congelación de cuentas de Leal Jiménez y dos colaboradoras de éste.

Desde marzo de 2020, Washington fincó acusaciones penales contra Maduro bajo cargos de fomento al terrorismo y narcotráfico, incluso ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por su captura. En junio de ese mismo año, el Departamento del Tesoro emitió la orden ejecutiva 13850 para bloquear toda operación financiera que implique al citado empresario colombiano-venezolano Alex Saab Morán; a Tarek El Aisammi Madahh, funcionario de Maduro, así como al mexicano Joaquín Leal Jiménez, entonces de 28 años, tras detectarse una  operación disfrazada de acción humanitaria que en realidad se usó para el lavado 350 millones de dólares que se pagarían en especie, con petróleo propiedad del Estado venezolano.

Saab fue detenido en Cabo Verde y finalmente extraditado a Estados Unidos este mismo mes, lo que desató una crisis cuyas reverberaciones han llegado ya a México, donde Leal Jiménez se halla al centro de negocios en materia eléctrica, que súbitamente migró a proyectos petroleros, para luego aparecer llevando a Venezuela al menos mil pipas de agua cuyo pago, tras varias triangulaciones, le había empezado a ser cubierto en petróleo que, según fuentes del gobierno norteamericano, era vendido en altamar y trasvasado hacia buques tanques que operan en el mercado negro del carburante…

Y esta historia apenas comienza.