La llegada de Alfonso Durazo a la gubernatura de Sonora parece haber enviado la señal para un escalamiento de la violencia en el estado, donde dos cárteles sostienen una sangrienta confrontación que ha convertido a la entidad en una de las más letales para sus habitantes.

Durante 15 años el cártel de Los Salazar, una extensión de las mafias de Sinaloa, subordinados a Joaquín “El Chapo” Guzmán, tuvo el control de la venta y tráfico de droga, primero en la zona norte de Sonora, para después extenderse al resto del estado. Reportes generados en Estados Unidos asumen que el poder de Los Salazar refleja un acuerdo con autoridades locales y federales. 

Esta suerte de entendimiento comenzó a quebrarse con la reaparición de Rafael Caro Quintero, el capo acusado en los años 80 de asesinar a un agente de la DEA, liberado en 2013 bajo un procedimiento polémico, y que formó su propio grupo criminal, cada vez más en pugna con sus antiguos aliados sinaloenses. 

Informes aportados por agencias norteamericanas de combate al crimen organizado indican que Caro Quintero está construyendo una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en aparente búsqueda de equilibrar fuerzas con Los Salazar y la mafia de Sinaloa, presumiblemente porque asume la existencia de un renovado por parte de la autoridad local.

Tras el arranque del gobierno de Durazo, el sur de Sonora, con corazón en Ciudad Obregón, ha sido el escenario de una brutal disputa entre ambos grupos, que ya se había expresado en mayo pasado durante las campañas políticas con el asesinato de Abel Murrieta, ex procurador de Justicia estatal, postulado por Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Obregón. El atentado contra este personaje, que gozaba de amplia popularidad y prestigio, anticipó el infierno que vendría después y que no ha hecho sino agravarse.

Esa comunidad, también llamada Cajeme, abrigó en días pasados un torneo internacional de beisbol, lo que llevó a los empresarios locales a pedir públicamente una “tregua” a los carteles (con la autoridad ya no cuentan) para no protagonizar hechos de sangre durante la justa deportiva. En apenas unos días se registraron 25 ejecuciones.

Caro Quintero y Los Salazar tuvieron por algunos años zonas delimitadas de acción. Éste en el sur, que conoció bien desde la década de los 80 (estuvo refugiado en una residencia de la zona rica de Obregón), aquellos en el norte. Por algún motivo, el arranque del nuevo gobierno lanzó la señal para una guerra de exterminio.    

Apuntes: Desde el inicio del gobierno López Obrador, Abelardo Meneses, director del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), se solidarizó con los reclamos de asociaciones de pacientes y organismos de la sociedad civil que denunciaban la cancelación de presupuestos para programas de combate al cáncer en la mujer y otras iniciativas. Obtuvo el apoyo de senadores como Miguel Ángel Navarro (hoy gobernador de Nayarit) y Américo Villarreal, cabezas de la Comisión de Salud, y de diputados como Alfonso Ramírez Cuéllar. Acudió a una convocatoria de este último en San Lázaro, junto a otros directivos de institutos y hospitales de alta especialidad, para analizar recortes draconianos al presupuesto de salud. Corría 2019 y ya se anticipaba el desabasto de medicamentos oncológicos. Por sus posturas, el doctor Meneses comenzó a ser objeto de acoso desde la Secretaría de Salud, especialmente por la vía del subsecretario Hugo López Gatell, que no aún cobraba la triste fama que hoy arrastra. La venganza de esos actores llega ahora desde la Secretaría de la Función Pública en la forma de una inhabilitación contra este médico eminente a nivel internacional, lo que es interpretado como una nueva afrenta al segmento más luminoso de la comunidad médica.

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