Con 25 votos a favor, 13 en contrario y la abstención del priista Antonio García Reyes, sucesor involuntario de Juan Carlos Molina, la 65 legislatura veracruzana hizo historia al despenalizar la interrupción legal del embarazo, después de CDMX, Hidalgo y Oaxaca.

En sesión exprés, con rejas cerradas debido a la contingencia que les cayó como anillo al dedo, Morena y sus aliados aprovecharon la oportunidad para dejar de patear el bote y le entraron a la discusión de legalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación.

Así, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó la iniciativa que reforma los artículos 149, 150, 151, 153 y 154, y deroga el artículo 152, todos del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con lo que se establecen diversas disposiciones sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Los considerandos del documento que ya fueron publicados en la Gaceta Oficial del Estado, por tanto, es ley vigente, no despenalizan el aborto, sino que este sigue siendo delito en el Código Penal estatal si es realizado después de la decimosegunda semana. “Antes de las doce semanas, las mujeres podrán decidir si quieren o no continuar con el embarazo de manera voluntaria, así como quedó en la Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo”, refiere.

‘Haiga sido como haiga sido’, la bancada morenista exhibió el músculo, empujó en tribuna su iniciativa reformista, que fue avalada con 25 votos para convertirse en ley, más allá de los desencuentros y la franca disputa que mantiene la 4T con los personeros de la Iglesia Católica que predicaron en el desierto de la opinión pública su postura anti aborto.

Y en este entreveramiento del histórico deslinde incluido en la filosofía de la prédica de dar ‘al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios’ la publicación de las reformas da un estatus de consummata est a este enfrentamiento histórico entre feministas pro abortistas versus iglesias y grupos provida.

En el rasero de la simpleza, diríase que Morena se impuso a las iglesias, sobre todo a la católica, cuyos jerarcas se metieron en las patas de los caballos en temporada electoral, desacreditando el proyecto magenta y esta ley representa un mazazo del estado laico juarista que las ubica en el plano de la moral religiosa y las margina de los preceptos jurídicos, facultad dada al legislador en la división de poderes terrenales aplicada por don Benito Juárez.

¿Es una victoria de Morena? Sí.

Es también, en el lado opuesto, una derrota de las iglesias que no han sabido adaptarse a la nueva realidad, reflejada brutalmente en la estadística que registra 600 mil delitos sexuales cometidos al año en este México alejado del púlpito, tribuna o pináculo, habida cuenta que de cada 10 víctimas de violencia sexual 9 son mujeres.

No aterriza el sermón, la parábola en esta descarnada numeralia que indica que, de cada 10 mujeres violentadas, 4 son menores de 15 años y que el 60 por ciento de sus agresores se esconden en el anonimato del ámbito familiar.

Tampoco se ocupan ministros, sacerdotes, pastores, guías y gurús de los mil 640 delitos sexuales que ocurren cada día en este país, de los cuales solo el 10 por ciento llega a la barandilla de una fiscalía especializada, ni de las 172 carpetas de investigación abiertas a igual número de mujeres en el estado de Veracruz por abortar voluntaria, inconsciente u obligadamente.

En esta miseria humana, donde las religiones no chapalean, se mueven los motivos, razones, argumentos y decisiones que llevan a una mujer a interrumpir el embarazo, bajo la premisa que esta acción quedará impresa en el ámbito de la conciencia toda la vida, por tanto, habría que apegarse a la tesis que ninguna fémina aborta por el solo gusto de extraerse el producto.

Mientras llegan las controversias, que las habrá en la lógica opositora a la ideología liberal de la 4T, la Fiscalía General del Estado tendrá que pedir ipso facto la liberación de Diana Patricia, joven madre de familia acusada de homicidio doloso contra un feto de 5 meses tras un aborto espontáneo en Oluta, recluida en el penal de Acayucan.

Y es que en apego del artículo 14 constitucional, cuyo primer párrafo dice a la letra: ‘A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna’, sería una tabla de salvación jurídica para esta mujer, presuntamente criminalizada injustamente por la FGE.

Quizá es hora que se libere a Diana Patricia, acusada por la FGE de homicidio doloso contra un feto de 5 meses de gestación, porque en un embarazo de alto riesgo la llevó a abortar en una plaza comercial de Oluta, el 22 de mayo pasado, bajo la tesis de la retroactividad de la ley, porque estas reformas al Código Penal se aplicarían en beneficio de la señalada o indiciada.

…de otro costal.

Con un déficit académico hasta de un 20 por ciento en los alumnos en 10 facultades de la Universidad Veracruzana de la zona sur y 3 denuncias por acoso laboral, Carlos Lamothe Zavaleta, vicerrector de la UV en Coatzacoalcos se inscribió en la fiesta para suceder a Sara Ladrón de Guevara.

En vísperas de la renovación de la Rectoría de la Universidad Veracruzana que será en agosto, Lamothe parece reprobar la asignatura de la probidad profesional.

La Doctora María del Carmen Chiu Pablo, docente de la Facultad de Trabajo Social, quien destacó que el presupuesto designado para las facultades de la zona sur no ha sido aprovechado para cubrir las necesidades más urgentes en los campus Coatzacoalcos y Minatitlán específicamente en este último, toda vez que hay obras mal hechas en este campus, la faltad de un domo, un andador entre otras necesidades.

Además, al funcionario sureño se le señala de acoso laboral.

Difícilmente pasará el siguiente tamiz en esta nutrida lista de 13 aspirantes a la rectoría de nuestra madre nutricia.