La Cámara de Diputados aprobará este jueves el Plan Nacional de Desarrollo propuesto por la administración López Obrador. Ocurrirá por vez primera, lo que supone un avance, si bien claramente limitado: los legisladores solo pueden avalar o rechazar el documento. Pero este episodio despertó ya, particularmente en la bancada de Morena, voces convencidas de que sin un impulso definitivo, una transformación de la República será una quimera. Estos correligionarios suyos no persiguen acorralar al Presidente. Se diría que buscan alejarlo del precipicio.

El referido Plan se trata en realidad de un catálogo (en realidad, dos) de planteamientos vagos, lo que atrae la urgencia de que haya planes sectoriales que exhiban niveles mínimos de profundidad. Pero aun así, la cámara baja convocó a foros temáticos desde diversas instancias, con variados tonos.

La serie más visible fue la conducida por el líder de la fracción de Morena, Mario Delgado, quien si no existe un cambio de señal, el próximo otoño será el nuevo presidente nacional del partido que hoy encabeza Yeidckol Polevnsky. Delgado parece haber llevado a buen puerto la agenda sustantiva de reformas constitucionales y legales que determinó Palacio Nacional al menos para la primera mitad del actual gobierno. Su trabajo de fondo ha concluido, habría que asumir.

Por otro lado, tuvo su propia miga la tarea impulsada en la modalidad de Parlamento Abierto, que incluyó debates con actores de la sociedad civil, bajo el aliento principal del presidente de San Lázaro, Porfirio Muñoz Ledo, y de quien conduce la esencial Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el también morenista Alfonso Ramírez Cuéllar.

Este último entregó a la presidencia de la Cámara un balance que recoge propuestas ligadas a la urgencia de alentar con mayor ímpetu el desarrollo económico del país. Singularmente, éstas no ideas no estarían alineadas con la visión que parece estar exhibiendo el equipo de Carlos Urzúa desde la Secretaría de Hacienda.

Entre estas propuestas destaca que el gobierno López Obrador convoque a una Convención Nacional Hacendaria, como se denomina legalmente al foro en el que el gobierno federal acuerda nuevas reglas del juego con los estados. Nadie parece estar de acuerdo con el pacto actual, pero hay temor de que una caja de pandora sea abierta. Durante los últimos casi 20 años, desde que en el 2000 Vicente Fox ganó la presidencia, la fórmula de los mandatarios locales para garantizar gobernabilidad fue imponer un incesante escalamiento en el flujo de fondos hacia sus arcas, la mayor parte de las veces sin mayores controles ni transparencia.

Otro argumento central de estas propuestas que están atrayendo viento fresco en San Lázaro  es la urgencia de establecer un reordenamiento integral del sistema tributario, a fin de que la hacienda pública cuente con los recursos necesarios para en realidad estimular justicia social y gravitar con políticas contra cíclicas ante los cada vez mayores indicios de una inminente recesión en el mundo.

De ocurrir esta recesión, atraparía a México (con su actual marco tributario y a causa de la desastrosa debilidad en que encontró al erario) sin la capacidad de garantizar la educación, la salud, la vivienda ni apoyos eficaces para las poblaciones más vulnerables. Otra política fiscal ayudaría a suavizar el ciclo económico, que tendrá debilidad en la participación de inversiones privadas, con un mayor gasto público.

Ideas específicas en esta línea de pensamiento y que no violentarían la promesa de López Obrador de no aumentar impuestos, sería hacer un ajuste en el monto de los gravámenes especiales (IEPS) a productores de bienes lesivos a la salud, como las refresqueras y cigarreras, y destinar parte de esa nueva recaudación a nuestra sistema hospitalario, que parece agonizar por inanición.