La semana pasada comenzaron a llevarse a cabo en la ciudad de Xalapa unos curiosos “informes” de labores por dependencia estatal, en los que se expusieron los supuestos “logros” de los primeros seis meses de la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

En dichos “informes” –a los que no se convocó a ningún medio de comunicación ni a asociación alguna de la sociedad civil-, los titulares de áreas como las secretarías de Gobierno, de Seguridad Pública y de Salud, así como la Oficina del Programa de Gobierno, presentaron cifras sobre su desempeño, algunas de las cuales suenan verdaderamente disparatadas, cuando no abiertamente fuera de la realidad.

¿O de dónde sacaron las supuestas 84 mil acciones de atención que le adjudican a la Secretaría de Gobierno? Solo ellos lo saben. Porque además de que se trata de monólogos en los que es el propio gobierno el que se dice a sí mismo lo “bien” que está haciendo las cosas, no se establece ni clarifica cuál es el sustento de las cifras presentadas.

La mejor prueba de ello es la inverosímil reducción del índice delictivo en el estado en un porcentaje de 31 por ciento. Dato que el gobernador García Jiménez se ha encargado de repetir en sus reuniones oficiales y de difundir a través de sus redes sociales desde entonces. Pero la terca realidad es otra. Y también se basa en números.

De acuerdo con el reporte de incidencia delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, correspondiente al primer cuatrimestre de 2019, el número de los ilícitos en Veracruz ha aumentado de enero a mayo de manera sostenida.

En total, en los primeros cuatro meses de este año se cometieron en la entidad veracruzana 21 mil 519 delitos, siendo marzo el mes más violento, con cuatro mil 643, seguido de mayo con cuatro mil 427.

Los delitos contra el patrimonio (robo, fraude, extorsión, despojo) son los más frecuentes y socorridos, pues se registraron 12 mil 243 ilícitos de este tipo en el estado; le siguen los delitos contra la vida y la integridad corporal (homicidios, lesiones, feminicidios), de los cuales se cometieron, según este reporte del Gobierno Federal, tres mil 520.

El registro revela la comisión de ocho mil 700 robos, 160 secuestros, así como 76 feminicidios en territorio veracruzano en ese mismo periodo. Y hay que tomar en consideración que esas cifras se articulan a partir de las denuncias presentadas por las víctimas ante la Fiscalía General del Estado, por lo que el número de ése y otros crímenes podría ser considerablemente mayor.

¿Con base en qué medición puede afirmar entonces el Gobierno de Veracruz que el índice delictivo en el estado disminuyó 31 por ciento? Seguramente, con la misma con la que asegura que la Secretaría de Gobierno “mantiene” y “garantiza” la gobernabilidad en la entidad a través de más de 80 mil “acciones de atención”.

Lo cierto es que organizando diálogos de sordos para darse palmaditas en la espalda no lograrán las autoridades sacar a Veracruz de la evidente crisis de seguridad y gobernabilidad por la que atraviesa.

El autoengaño suele ser letal.

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