Entre más bravatas hacen los gobernantes de la llamada “cuarta transformación” para contrarrestar las críticas a su incompetencia, con mayor intensidad les revienta la realidad en la cara.

En Veracruz, prácticamente no hay día que no se reporte un hecho delictivo violento. La zona de Córdoba-Orizaba se ha vuelto a tal grado inhabitable por causa de la inseguridad, que el pasado martes el cabildo y el presidente municipal de Camerino Z. Mendoza, Melitón Reyes Larios, declararon a esa localidad en “estado de emergencia” y exhortaron a los gobiernos estatal y federal a detener la oleada de secuestros.

La inseguridad en Veracruz se ha extendido a tal magnitud que lo mismo afecta a familias pobres que a las de altos recursos económicos. Lo mismo peligra una maestra que un empresario, un empleado que un constructor, un contratista que un reportero. Nadie está a salvo en Veracruz.

Hay que admitir que esta situación no es nueva. La violencia desmedida y sangrienta es un fenómeno que se viene arrastrando en el estado desde la administración de Fidel Herrera Beltrán, alcanzando su cenit en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa y manteniendo altos índices en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.

Sin embargo, la realidad se está tornando dramática en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, por una razón fundamental: simple y sencillamente no parece que tengan la menor idea de lo que hay que hacer. Y ante semejante nivel de incapacidad, lo que intentan es delegar en otros sus propias responsabilidades por lo que sin problema se podría calificar como un estado de ingobernabilidad en Veracruz.

El enfrentamiento entre el Ejecutivo estatal y la Fiscalía General del Estado ha llegado a niveles francamente patológicos, en los que cualquier suceso, cualquier tragedia, representa una oportunidad para echar leña al fuego de un irresponsable antagonismo de orden político, mientras los veracruzanos somos presas del horror criminal.

Para no ir muy lejos, tras darse a conocer la mañana de este miércoles la privación ilegal de la libertad del director del portal “Noticias a tiempo”, Marcos Miranda Cogco, en la ciudad de Boca del Río, la respuesta del gobernador García Jiménez en su cuenta de Twitter fue de antología, así como sintomática y reveladora de lo que en realidad le ocupa y preocupa.

“No somos perversos y seguiremos respetando la libertad de expresión. Exigiremos se inicie una investigación contra quien amenazaba periodistas. Se acabaron las ‘eras’ de tolerar grupos delictivos y secuestradores; como en Minatitlán, iremos por todos ellos a pesar del FGE (sic)”, publicó el mandatario veracruzano en su red social.

Lo que quizá no le informaron al gobernador es que quien fue señalado de haber amenazado a Marcos Miranda y a otros periodistas fue su secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros, quien también aprovechó para publicar en Twitter que en la administración estatal “respetamos la libertad de expresión y a quienes la ejercen como derecho inalienable”.

Pero en el gremio periodístico “tenemos otros datos”. Luego del plagio de Miranda, el respetado y talentoso caricaturista Bruno Ferreira anunció que dejaría de publicar, debido a que “no me parece que existan las condiciones de seguridad en el estado de Veracruz para ejercer a plenitud la sátira política como a mí me gusta: irreverente, incorrecta, mordaz, burlona y directa. Y no veo que esto mejore a corto plazo”.

Sin embargo, a pesar de todas las evidencias del desastre en el que está sumido Veracruz, las autoridades prefieren hablar de “detractores” y “críticos sin razón” que “se ciegan ante el verdadero cambio”.

“Cambio” que está costando vidas, coartando libertades y acallando voces críticas. ¿En qué se diferencian de los anteriores entonces?

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