Acerca de la adquisición de 160 patrullas equipadas que realizó el gobierno del estado de Veracruz, es necesario hacer las siguientes consideraciones:

A) RAZONES FINANCIERAS

1.-De las 160 patrullas, 50 de ellas se obtuvieron mediante compra de contado, a un precio 798 mil 800 pesos, lo cual generó un gasto de 39.9 millones de pesos.

Otras 110 patrullas se adquirieron mediante un contrato de arrendamiento automotriz con duración de tres años, lo que genera un pago de 4.7 millones de pesos al mes, lo que por tres años implica un gasto de 168.5 millones de pesos.

Lo anterior significa que las patrullas obtenidas mediante arrendamiento tendrán un costo de 1.5 millones de pesos, lo cual quiere decir que, por cada patrulla arrendada se estarán pagando 732mil 724 pesos más, es decir, casi el doble del precio que se pagó por las patrullas compradas.

En total se gastó, entonces, 80.6 millones de pesos más por optar por el arrendamiento.

2.- Si se hubiera optado por comprar de contado las 110 patrullas en lugar de arrendarlas, se habría pagado un monto de 88 millones de pesos, en lugar de pagar 168.5 millones de pesos por un arrendamiento de tres años. Es decir, se incurrió en un gasto en exceso por un monto de 80.6 millones de pesos, con el agravante de que, al concluir los tres años, el gobierno del estado no tendrá patrullas puesto que no las compró; en cambio si las hubiera comprado, además de ahorrarse 80 millones de pesos, todavía tendría las 110 camionetas para seguirlas usando, o venderlas para comprar nuevas.

3.-Si, el argumento para arrendar las 110 patrullas era que no había recursos para la compra, pudo haberse optado por comprarlas a crédito. Ello hubiera permitido obtenerlas a un precio mucho más bajo que por arrendamiento, ya que cada patrulla comprada a crédito a tres años y sin enganche, con una tasa de interés del 14%, (que es la que prevalece en el mercado para ese tipo de créditos) hubiera generado un pago total de un millón 183 mil pesos, esto es, 348 mil pesos más barata que haberla arrendado. De este modo, por las 110 patrullas se habrían pagado 130 millones de pesos, en lugar de pagar 168 millones, es decir, se habría ahorrado 38 millones de pesos si se hubieran comprado a crédito. Y a los tres años, el gobierno del estado seguiría teniendo las patrullas.

4.- Si bien en la contratación de un arrendamiento automotriz no se paga una tasa de interés, como en un crédito tradicional, si hay un costo implícito de financiamiento que se incluye en las mensualidades que se pagan como renta, y mientras que en un crédito tradicional las financieras y bancos sí mencionan las tasas de interés anuales, en el arrendamiento ese costo no está explicito ni es trasparente.

Considerando que el pago de la renta por tres años por 110 patrullas fuera una compra a crédito, el costo pagado sería equivalente al de haber adquirido un crédito con una tasa de interés del 24%, es decir 10 puntos porcentuales por encima de la tasa que en promedio se está cobrando por un crédito automotriz y que es del 14%.

5.- El argumento principal que ofrece el Gobierno del Estado para adquirir las patrullas a un costo muy por encima de su precio de mercado es que carece de recursos, sin embargo, presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública para este año es de 5,528 millones de pesos.

B). RAZONES LEGALES

6.- La compra y el arrendamiento de las patrullas se llevó a cabo sin realizar la Licitación Pública que corresponde. De acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz, (Art. 27, fracción I) debe hacerse una licitación pública nacional e internacional cuando se realice una contratación por un monto superior a 192,583.7901 UMAS, lo que equivale a 16.3 millones de pesos.

7.- La contratación de un arrendamiento automotriz está considerado como Deuda Pública de acuerdo a lo establecido por el Código Financiero del Estado de Veracruz que en su artículo 313 señala que la deuda pública se integra, entre otros conceptos, por “…obligaciones directas (…) derivadas de la contratación de obra o servicios cuyo pago se pacte a plazos. Por esa razón, debió haberse solicitado al Congreso la autorización para realizar dicha contratación, según lo establece el artículo 323 del mismo Código que señala que “… En materia de deuda pública, corresponde al Ejecutivo del estado, por conducto de la Secretaría, lo siguiente: (…) V. Solicitar al Congreso la autorización para la contratación de deuda (…)

8.- Al no realizarse licitación pública para la compra de las patrullas, el gobierno del Estado dejó de contribuir a la economía estatal, porque no fue posible que las empresas veracruzanas participarán, porque algunas de ellas podrían haber ofrecido un mejor precio y porque los impuestos que generó la transacción fortalecerán la hacienda pública de otro estado, pero no de Veracruz.