Mientras a nivel federal se demostró que se puede llegar a acuerdos entre fuerzas políticas antagónicas cuando se pone por delante el interés general, en Veracruz el desmembramiento institucional es delirante.

Porque sin duda es de celebrarse el acuerdo al que se llegó en el Senado de la República para modificar el dictamen que da pie a la creación de la Guardia Nacional, y que a diferencia de lo aprobado por los diputados federales, establece que este cuerpo de seguridad cuente con un mando civil, tenga una temporalidad de cinco años y sus integrantes no ostenten fuero militar.

Se trata además de una señal positiva sobre cómo la presión de la sociedad civil (ésa que hace poco fue acusada de conservadurismo) puede llegar a frenar decisiones tendientes al autoritarismo. Si el acuerdo es respetado por el régimen y en la Cámara de Diputados (donde Morena ya tiene mayoría absoluta tras una vergonzosa “pepena” de perredistas) se aprueba en estos términos, habrá sido un triunfo de los ciudadanos.

Sin embargo, en Veracruz el panorama es distinto. La desarticulación gubernamental ha llegado a niveles patéticos, como parte de la lucha de poder entre el régimen morenista y el grupo yunista panista, mientras la violencia se desborda en sus narices.

El último desencuentro sucedió este jueves, cuando le fue negada la entrada al fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, a una reunión de los cuerpos de seguridad en las instalaciones de la tercera zona naval en la ciudad de Coatzacoalcos, durante la cual se instaló la Mesa de Coordinación Institucional Región Prioritaria, con la que -dicen- se hará frente a la oleada de violencia en la zona sur de la entidad.

¿De qué tipo de coordinación institucional hablan, cuando se aparta de los acuerdos al organismo encargado de la procuración de justicia? Porque para hacer frente a una crisis de seguridad como la que sufre Veracruz se necesita la concurrencia de todas las instituciones involucradas, más allá de las cuestiones de índole política y hasta personal.

Sin importar lo que pensemos acerca del papel que ha desempeñado Jorge Winckler, le correspondía estar presente en una reunión de estas características para vincular a la Fiscalía a las tareas que se pretenden realizar para atender un fenómeno que ha rebasado a todas las autoridades, de todos los niveles de gobierno.

Mientras Winckler esté al frente de este organismo, es a él a quien toca realizar las investigaciones sobre los delitos que se cometan en el estado. Apartar a la Fiscalía simplemente hace inoperante cualquier acción que se tome en la materia. Pero por lo visto pueden más los enconos políticos que el interés superior de los ciudadanos veracruzanos, que somos las víctimas de la incompetencia de quienes tienen esas responsabilidades en sus manos.

El portazo a Winckler en Coatzacoalcos tiene una lógica política: se anunció que este viernes se someterá a votación del Pleno del Congreso del Estado la aprobación para someter a juicio político al Fiscal General y así lograr destituirlo de su puesto. Al parecer, ya encontraron la manera de contar con los votos necesarios para tal propósito. Probablemente, la misma con la que “convencieron” a los diputados federales a renunciar al PRD.

Sin embargo, y aun cuando lograsen su objetivo este viernes, esa historia está lejos de concluir: seguramente Winckler acudirá a los tribunales para combatir jurídicamente el juicio político y su destitución, procesos que no se resuelven de inmediato, sino que tardan bastante tiempo, condenando a Veracruz, mientras tanto, a un vacío institucional que puede agravar la crisis de seguridad.

Pero a nuestros políticos eso, simplemente, les vale madre.

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