Es pronto aún para narrar los detalles, pero el dramático cambio de criterio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la Guardia Nacional sólo puede entenderse como producto de la velocidad a la que el nuevo gobierno ha empezado a aprender cómo evitarse pesadillas gigantescas.

El anuncio realizado este viernes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, a escasos tres días hábiles de que dé inicio (este miércoles) un periodo extraordinario convocado ex profeso en el Congreso federal, es más relevante si se considera que, en San Lázaro, Morena contaba ya con los votos necesarios para alcanzar los dos tercios que le hubieran permitido modificar la Constitución y así allanar el camino para que la Guardia Nacional estuviera bajo el control de las Fuerzas Armadas.

El coordinador de Morena y también presidente de la Junta de Coordinación Política en la cámara baja, Mario Delgado, estaba listo para cosechar los  votos de los legisladores de su partido (256), más los de sus aliados (PES, 30 y PT, 28) y de su nueva agrupación satélite, el Verde (11), con lo  que sumaría 325. A ellos agregaría al menos la mitad de los 20 que tiene el PRD e incluso algunos del PRI. Ello sería producto de las negociaciones presupuestales amarradas con gobernadores y alcaldes emanados de estas últimas agrupaciones partidistas, que habían presionado con eficacia a sus bancadas parlamentarias.

La resistencia que impuso un cambio de última hora tuvo otro carácter, tanto en el equipo del político tabasqueño como en diversos frentes nacionales y en un consistente, abrumador rechazo en el ámbito internacional, que anticipaba una desgastante tormenta sobre un gobierno que, en sólo seis semanas de gestión, luce empantanado en su manejo de crisis por el nuevo aeropuerto de la ciudad de México y la guerra contra el huachicol. En ambos casos se enfrenta a grupos con mayor poder de lo previsto y que buscan no ser removidos de jugosos negocios.

Los reportes disponibles sobre las reflexiones desarrolladas por López Obrador indican que debió ceder ante su convicción inicial de que sólo un cuerpo con la disciplina y la formación que caracterizan a las Fuerzas Armadas puede ser capaz de lograr el cambio ante instituciones policiales, federales y estatales, que califica como desorganizadas, politizadas, sin espíritu de cuerpo y fundamentalmente penetradas por el crimen organizado.

Desde la época de la campaña surgieron variados testimonios de que el tabasqueño siempre ha estado impresionado por lo que considera el pundonor de las fuerzas militares, que estima imposible de reproducir en las corporaciones civiles, a lo que se agrega la resistencia de gobernadores y alcaldes que se oponen a un mando único civil pero exigen la presencia de fuerzas militares para encarar el enorme desafío de la inseguridad en sus estados, donde ellos lucen incompetentes, si no apáticos. Se trata de una de las mayores paradojas del federalismo mexicano.

En estas seis semanas no fueron pocas las voces al interior de su gabinete que alertaron que la Guardia Nacional bajo mando militar podía ser una nave que naufragara al momento mismo de ser botada al mar. Entre esas voces se ubicaron las del citado Alfonso Durazo (cuya capacidad operativa iba ser disminuida casi a una fuerza simbólica), y los titulares de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, junto con el consejero jurídico, Julio Sherer, y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

Otro espacio turbador lo ofrecía la Corte, donde apenas unos meses atrás sus integrantes habían emitido una sólida desautorización a la Ley de Seguridad Interior impulsada en la administración Peña Nieto bajo el activismo de altos mandos del ejército, incluido el ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.

Basta revisar la contundencia del voto del entonces ministro José Ramón Cossío para imaginar las dimensiones que tendría el sapo a tragar para sacar adelante la Guardia Nacional. Él estableció que, incluso, “al incorporar la disposición de las fuerzas armadas, la racionalidad de la Ley (de Seguridad Interior) se encuentra comprometida, su pretensión es inconstitucional (…) Además, considero que las sentencias de la Corte Interamericana que justifican algún tipo de mínima intervención por parte de las fuerzas armadas no pueden ser la base para fundamentar la competencia de las mismas al interior del sistema constitucional mexicano (…). Necesariamente se requiere de una declaración de guerra o de suspensión de derechos”.

Otra referencia inquietante lo representaba la acción de inconstitucionalidad promovida en enero de 2018 por miembros del Senado, incluido el citado Alejandro Encinas.

Este miércoles al arrancar el periodo extraordinario del Congreso, Morena hará malabares para introducir, bajo la forma de reservas en la votación, todo un giro en esta campo, para tener una nueva propuesta que no debemos perder de vista. ([email protected]).

Voto del ministro José Ramón Cossío contra la Ley de Seguridad Interior

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Acción de inconstitucionalidad interpuesta por senadores

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