De por sí, la relación de la prensa con los entes gubernamentales y de poder es un tema en el que sobran discrepancias, silencios, omisiones, simulación y complicidades.

Entre aquel sector que se asume como “voz autorizada” para pontificar sobre quién es o no periodista y atribuirse supuestas representaciones colectivas y sociales, y ese otro que se somete al poderoso en turno y lo alaba hasta la ignominia con tal de recibir prebendas, queda poco espacio para la independencia de criterio y el equilibrio, aunque sí existe un factor en común que termina por ser “el talón de Aquiles” de todos: un monumental y desmedido ego, que junto con los intereses de cada quién, hace del periodístico uno de los cuerpos profesionales más fracturados que existen y, por ende, uno de los más vulnerables.

Todo lo anterior viene a cuento por los acontecimientos del pasado 4 de enero, cuando el Gobierno de Veracruz pretendió “celebrar” el “día del periodista” con un acto que terminó por convertirse en un lamentable desencuentro público entre periodistas y algunos oportunistas que, sin siquiera ejercer esta profesión, se han dedicado a lucrar con los asesinatos de más de 20 comunicadores en los últimos diez años en la entidad.

Las “manzanas de la discordia” fueron la Comisión de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) y el anuncio del gobernador Cuitláhuac García Jiménez sobre la creación de un premio estatal de periodismo que llevaría el nombre de Regina Martínez, corresponsal de Proceso asesinada en abril de 2012 en la ciudad de Xalapa. Crimen que hasta ahora ningún gobierno ha esclarecido satisfactoriamente y del que mucho menos se ha hecho justicia.

Quienes se manifestaron durante el acto en palacio de gobierno demandan desde hace tiempo la desaparición de la CEAPP porque consideran que no sirve para nada y es convenencieramente omisa para condenar las agresiones que sufren los reporteros veracruzanos por parte de autoridades. Como por ejemplo, las irresponsables declaraciones del actual secretario de Seguridad Pública estatal, Hugo Gutiérrez Maldonado, quien hace pocos días se aventó una “duartada” al afirmar que los periodistas que lo critican podrían estar coludidos con el crimen organizado.

Sin embargo, no proponen una alternativa para dar atención efectiva a un grupo profesional como el periodístico, que como ya mencionamos, sufre un alto grado de vulnerabilidad y riesgo en el ejercicio de su labor. Hay más consignas que soluciones para la violencia que es el pan de cada día del periodismo no solo en Veracruz, sino en todo el país.

En inocultable que la CEAPP tiene una tara de origen, pues fue creada para justificar la violencia contra periodistas en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa. Sin embargo, como institución y con el paso de los años, y a pesar de sus múltiples debilidades y errores, ha resultado útil para varios comunicadores en situaciones de riesgo, que han recibido apoyo legal y hasta económico para afrontar su condición, o bien para muchos otros que han aprovechado los espacios que se les han abierto para capacitarse. Valga decir que otros tantos han intentado que se les mantenga con recursos públicos o que se apoyen exigencias injustificables como la asignación de escoltas. Varios de ésos ahora vociferan contra el organismo porque no se les dio lo que reclamaban.

Ahora bien, la respuesta tampoco fue adecuada. En la columna que publica en un diario porteño, la presidenta de la CEAPP, Ana Laura Pérez Mendoza (con quien me une una amistad de varios años), avivó la confrontación al acusar “intolerancia” de quienes protestaron el viernes pasado. Su papel debe ser el contrario, el de buscar consensos por el bien del gremio. Más aún, si se está al frente de un organismo gubernamental de protección de periodistas. La diatriba no le ayuda.

Por lo que toca al gobernador García Jiménez, habrá que reconocerle en primer lugar su decisión de visibilizar a los periodistas asesinados en Veracruz al nombrarlos públicamente durante el acto. Ningún otro gobierno lo hizo ni le interesó siquiera.

Empero, lo del premio de periodismo fue un error. No es al gobierno al que toca premiar a quienes deben ser su contrapeso. En todo caso, si se busca reconocer el trabajo periodístico a nivel estatal, lo ideal sería a través de un mecanismo como el del Premio Nacional de Periodismo, en el que no participa autoridad política alguna y sí los propios periodistas y la academia.

Lo que sí puede y debe hacer el gobierno de Cuitláhuac García es garantizar el ejercicio libre del periodismo y de la libertad de expresión en Veracruz, en condiciones de seguridad y certeza, sin que los funcionarios que forman parte de su administración, como el referido Hugo Gutiérrez, criminalicen a quienes ejercen la crítica. Y haciendo verdadera justicia a quienes perdieron la vida por desempeñar su trabajo. Solo así podría hablarse de verdadero respeto a una actividad y un derecho fundamentales para la democracia.

Por lo demás, Regina no hubiera estado de acuerdo con que usaran su nombre para eso. Ni para tantas otras cosas que lo han usado.

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