Nuevamente, el estado de Veracruz fue escenario de un baño de sangre que provocó horror entre la población este fin de semana.

Al menos 23 asesinatos se registraron en distintos municipios de la entidad, siendo los de mayor impacto, por el salvajismo con el que se realizaron y por los mensajes implícitos, los diez cometidos en Xalapa, la capital veracruzana, el pasado sábado 13 de enero.

Al mediodía, un hombre fue arrojado al paso vehicular frente a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado y acribillado ahí mismo, ante la mirada atónita de quienes tuvieron la desventura de presenciar el crimen, perpetrado con absoluta impunidad en la avenida más transitada de la ciudad, la Lázaro Cárdenas.

Por la noche, el terror se apoderaría de los xalapeños luego de reportarse el abandono de una camioneta repleta de cuerpos humanos cercenados a la entrada del fraccionamiento Lomas del Tejar, a unos metros de otra importante avenida, la Murillo Vidal.

En ambos casos, el mensaje fue de desafío a la autoridad. Tácito, en la ejecución cometida frente a las instalaciones sede del Poder Judicial del Estado. Directo, grotesco y explícito, en la masacre de Lomas del Tejar.

Entre los restos desmembrados de nueve personas fueron colocadas cartulinas en las que se amenazaba a dos funcionarios estatales por “incumplir acuerdos” con el crimen organizado: el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, y el director de Operaciones de esa misma dependencia, Gerardo Guzmán.

La respuesta oficial, de tan previsible, resultó más timorata que de costumbre. El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares aseguró que los ejecutados “no son personas de bien”, sino integrantes de una banda criminal. Y sobre los señalamientos en contra de los integrantes de su administración, se limitó a decir que “las tomamos exactamente como de quien vienen, de los delincuentes a los que combatimos”. Sin más. Sin la menor intención de investigar nada.

Tal parquedad contrasta con la actitud beligerante de la semana pasada de Yunes Linares hacia el precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a quien le dedicó tiempo y dinero del erario para retarlo a un improbable “debate” a través de varios videos, mismos que fueron difundidos por vías oficiales del Gobierno del Estado y colocados en redes sociales como publicidad.

¿Merecen más atención del gobernador de Veracruz los dichos de un político en campaña que la violencia desatada en el territorio que está bajo su responsabilidad y que infunde terror a sus gobernados? ¿Es justificable que se empleen recursos públicos para reyertas políticas, en lugar de concentrarlos en tareas verdaderamente apremiantes para el estado, como la seguridad? Al parecer, así es como lo considera Miguel Ángel Yunes Linares.

La irresponsabilidad de un gobernante que prefiere seguir en campaña en lugar de dedicarse de tiempo completo a cumplir con la encomienda que le dieron los veracruzanos es gigantesca. Y sumamente riesgosa. Más aún, con un proceso electoral en marcha que se prevé sumamente polarizado y, por ende, muy probablemente violento.

Pero por lo visto, es cuestión de prioridades. Y la de Miguel Ángel Yunes Linares no es gobernar. Así Veracruz se ahogue en su propia sangre.

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