Sheyla Fuertes Lara

La semana pasada la Legisladora Tanya Carola Viveros Cházaro, integrante de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, presentó una iniciativa de decreto ante el pleno para reformar los artículos 149,150 y 154 del Código Penal para el estado de Veracruz.

Esto, ante las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) que depende de la Secretaría de Gobernación, por la solicitud de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, que presentaron algunas organizaciones de la sociedad civil en el estado.

¿Pero qué es una Alerta de Género por Agravio Comparado? De acuerdo con lo que estipula el documento oficial, el agravio comparado se presenta cuando un ordenamiento jurídico vigente o una política pública contiene: i) distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para una misma problemática o delito, en detrimento de las mujeres de esa entidad federativa o municipio; ii) no se proporciona el mismo trato jurídico en igualdad de circunstancias, generando una discriminación y consecuentemente un agravio, o iii) se genera una aplicación desigual de la ley, lesionándose los derechos humanos de las mujeres, así como los principios de igualdad y no discriminación.

Como ha sucedido en otras ocasiones, los grupos de ultraderecha hostigan al poder legislativo para que no se apruebe, y el funcionariado estatal también ha salido en su defensa, declarando que éstos deben ser escuchados.

Quienes conforman esta legislatura pueden creer en la religión que más les guste y tener las ideas que prefieran, pero al momento de hacer leyes, sus creencias religiosas deben quedar fuera, porque la Carta Magna de nuestro país establece la constitucionalidad del Estado mexicano y el funcionariado veracruzano tiene obligación de hacerla cumplir.

Lo que opinen los líderes católicos y los grupos anti derechos, no puede estar por encima de los derechos humanos, de la Constitución nacional y de los tratados internacionales que México ha firmado. Ellos no deben marcar línea legislativa, tienen que respetar la laicidad del Estado, además que la información que manejan es imprecisa y no abona a una mejor comprensión de lo que realmente se busca.

No podemos retroceder en lo logrado para alcanzar la igualdad  sustantiva, igualdad de oportunidades y derechos para las mujeres en todos los sentidos.

Como se sabe, hay una primera Alerta de Violencia de Género en el estado, que no parece estar siendo atendida al cien por ciento. Las recomendaciones que manan de ella deberían ser una de las prioridades del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, quien tiene que aplicarlas y adaptar los cambios estructurales que se le solicitan; pero hasta el momento el gobernador no ha manifestado una postura clara y contundente ante los feminicidios, la violencia contra las mujeres y tampoco hemos visto acciones que  marquen un verdadero cambio.

Por otra parte, la segunda solicitud de Alerta de Violencia de Género por agravio comparado está en la etapa de recomendaciones; de estas recomendaciones emana la iniciativa presentada por la diputada Viveros Cházaro. Así mismo, se le exige al funcionariado del sector salud informar y aplicar efectivamente la Norma 046, que en casos de violencia sexual, mandata brindar a las mujeres retrovirales para evitar enfermedades de transmisión sexual y aplicar la anticoncepción de emergencia, además de garantizar que existan médicos no objetores de conciencia en cada hospital del estado, que no se nieguen a interrumpir un embarazo por cualquiera de las causales legales vigentes en el código penal veracruzano.

Los grupos de mujeres de la sociedad organizada, feministas y ciudadanía en general, hemos manifestado nuestra opinión al respecto. Apoyamos la iniciativa, que no busca despenalizar el aborto, como engañosamente lo difunden algunos líderes de la ultraderecha. Se busca la ampliación del período de hasta 90 días que marca el Código Penal, para la interrupción legal del embarazo en caso de violencia sexual, además de la ampliación de la causal por riesgo para la salud, porque esto limita el ejercicio del derecho de las mujeres a la salud. Además de la revisión del capítulo de aborto en el mismo código, para no considerar como delito la interrupción voluntaria del embarazo, realizada dentro de las 12 semanas, sólo si así lo desea una mujer, y evitar que sea criminalizada por tomar esta decisión.

Por esto, invitamos a más personas a que se informen al respecto, desde los términos científicos y laicos, sin que prevalezcan intereses partidistas, porque este es un tema que afecta a más del 50 por ciento de la población, pero que le compete a todas las personas, sólo así lograremos el verdadero cambio que la gran mayoría de las personas buscamos.