Un muy acalorado debate se ha generado en las últimas semanas sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal que se aplica en todo el país, y que en los hechos, más allá de consideraciones eminentemente jurídicas, le ha permitido a los delincuentes evadir con mucha mayor facilidad la acción de la justicia.

A diferencia del modelo penal anterior, en el que rige actualmente el catálogo de delitos menores es mucho mayor, pues al ser una de sus premisas la presunción de inocencia de los imputados, se privilegió el hecho de brindar más opciones para que éstos puedan enfrentar sus procesos en libertad.

Sin embargo, estas disposiciones, que de acuerdo con los juristas defensores de la reforma penal se incluyeron para el respeto de los derechos humanos, se han convertido en un arma usada por infractores poderosos para evitar siquiera pisar la cárcel, o en su defecto, garantizarse salir mucho muy pronto de la misma.

Esto ha provocado que, apenas poco más de un año después de su puesta en práctica en todo el país, lluevan críticas sobre la efectividad de este sistema para castigar delitos como el desvío de recursos públicos, que es considerado como no grave a pesar de que sus efectos pueden ser devastadores para la sociedad, como es más que evidente en el estado de Veracruz, en donde los procesos abiertos en contra de los saqueadores que han sido detenidos y llevados a prisión penden de un hilo, precisamente porque las infracciones que se persiguen alcanzarían el beneficio de la libertad bajo caución.

No por nada, desde la semana pasada el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares tomó el tema y ha estado insistiendo en que es necesaria una reforma al Sistema de Justicia Penal vigente, pues “no está sirviendo para lo que fue pensado, para lo que fue diseñado, que es lograr mejores condiciones de seguridad pública y es lograr un combate eficiente a la impunidad”, afirmó el mandatario estatal, luego de que un juez ordenó la liberación de los acusados del homicidio del comisario de la Policía Federal en Veracruz, Camilo Castagne, los cuales fueron reaprehendidos por el gobierno estatal.

Empero, varios juristas, e incluso jueces y magistrados, defienden el nuevo sistema penal y afirman que lo que sucede no es que sea deficiente, sino que los ministerios públicos y los fiscales, que son los encargados de ponerlo en práctica y perseguir los delitos, no están debidamente capacitados, integran mal las carpetas de investigación y propician que a la hora de analizar los casos, los jueces no encuentren las pruebas suficientes para someter a proceso a los inculpados y los dejen en libertad.

La deficiencia más mínima en la integración de las denuncias, como presentar incorrectamente el nombre de un municipio o el del imputado, puede ser suficiente para que éste sea liberado sin enfrentar los cargos siquiera. Ya no digamos cuando una detención se lleva a cabo sin cuidar el debido proceso o cuando por un interés político evidente, se mete a alguien a prisión con “calzador”, como también hemos atestiguado en Veracruz muchas veces.

Probablemente tanto a críticos como a defensores del Sistema Penal vigente les asista una parte de razón en sus alegatos al respecto. Lo que es un hecho es que éste no está funcionando como debiera y ha propiciado una espiral de impunidad que ya no puede ser tolerada por la sociedad, que además de agraviada y lastimada, encima se siente burlada y desprotegida, aún más, por una justicia en la que ya no cree.

Y con más que justa razón.

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