“Que nos maten a todos,

si ésa es la condena de muerte

por reportear este infierno. No al silencio”.

Javier Valdez Cárdenas, periodista asesinado

En la Rúbrica publicada el pasado viernes 12 de mayo, se detallaron los altísimos salarios que perciben algunos empleados del Poder Legislativo del estado de Veracruz, algunos mucho mayores que los de los mismos diputados locales y hasta que el del gobernador.

Cuestionada al respecto por la prensa local, la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, María Elisa Manterola, afirmó que esos salarios son “legales” y que la mayoría de quienes los perciben son trabajadores sindicalizados, que ya cobraban esas sumas a la llegada de la LXIV Legislatura.

Y aunque la diputada panista no miente al señalar que dichos salarios ya estaban establecidos, están lejos de ser “legales”, tal como lo asegura.

El artículo 127 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos establece que “ningún servidor público podrá recibir remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función”.

En los principales casos citados en la columna publicada el viernes pasado, las percepciones superan por mucho a las de los superiores jerárquicos de esos empleados en el Congreso del Estado. Mientras que una analista contable gana 88 mil 762.77 pesos y una secretaria 74 mil 371.76 pesos, el salario del secretario general, que es el rango máximo de la estructura administrativa del Poder Legislativo, es de 61 mil 536 pesos. Los diputados, como se informó también en la anterior entrega de la Rúbrica, reciben una percepción de 58 mil 123.38 pesos mensuales. Y ni qué decir sobre el nivel de especialización, no hay comparación. Menos aún, cuando por el mismo trabajo hay quienes ganan muchísimo menos en el mismo Poder Legislativo.

Pero ésta no es la única irregularidad. El referido artículo 127 constitucional establece que los servidores públicos de la Federación, de sus entidades y cualquier otro ente público, recibirán “una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades”. Sin embargo, la desproporción entre los salarios referidos respecto de la función que desempeñan sus titulares está a la vista, y es enorme.

Aunado a ello, está la opacidad en la integración de esos pagos. En el documento publicado en el portal de Transparencia de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz los únicos datos que se incluyen son la denominación del cargo, el nombre completo del titular y la remuneración mensual neta.

Volviendo al 127 constitucional, este numeral ordena que “las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie”.

Asimismo, el artículo 15 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz establece que los sujetos obligados deben hacer pública “la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación bruta y sus deducciones e importe neto, señalando la periodicidad de dicha remuneración”.

Nada de eso está desagregado en el portal de Transparencia de la LXIV Legislatura, lo que abona a la opacidad y a la sospecha sobre la integración de esos salarios, que según la Presidenta del Congreso, son “legales”.

Claro, bajo el criterio de lo que se entiende como “legalidad” en la política hecha en Veracruz.

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