Mientras más crecen los escándalos de ex gobernadores sobre los que  existen sendas montañas de pruebas de corrupción, menos parecemos acercarnos a datos sobre la posible complicidad que puedan alcanzar aquellos políticos a los que a los que esos mandatarios venales les deben sus carreras.

Se trata de políticos que pavimentaron el camino para la llegada de César Duarte en Chihuahua, o de Roberto Borge en Quintana Roo. O que tuvieron que haber acompañado de alguna u otra manera, las maniobras para saquear en forma incansable los erarios estatales correspondientes.

¿Todos los gobernadores que incurrieron en la contratación desaforada de deuda pública actuaron por sí solos, sin el apoyo desde estructuras del gobierno federal; sin haber sido solapados o protegidos por figuras políticas o partidistas; sin que los bancos privados que se especializan en otorgar préstamos a entidades federativas tengan alguna responsabilidad?

¿Es imaginable la trayectoria del chihuahuense Duarte sin la influencia de su padrino Emilio Gamboa, actual líder de la bancada del PRI en el Senado y que desde un cargo idéntico pero en la Cámara de Diputados, lo impulsó para llegar a la gubernatura?

¿Gamboa desconocía las arbitrariedades de su pupilo? ¿Lo supo y lo protegió con su amplia red de intereses y complicidades?  Investigaciones estatales compartidas con este espacio han revelado ya que en la nómina del gobierno estatal cobraron durante años colaboradores de Gamboa Patrón, y se presume que diversas empresas contratistas favorecidas por Duarte en realidad fueron promovidas por el senador de origen yucateco.

¿Puede concebirse, por otro lado, el latrocinio protagonizado por Roberto Borge sin la participación de su tutor y antecesor en el cargo, el senador Félix González Canto, sobre el que ya existían evidencias de corrupción cuando se desempeñó en el puesto?

¿Por qué la nueva administración de Quintana Roo, a cargo de Carlos Joaquín González -adversario abierto de Borge y de González Canto- no ha tocado ni con el pétalo de una filtración periodística al actual senador?

¿Por qué ni a nivel estatal ni en el ámbito federal se han recogido los señalamientos que ligan a Borge con el ex secretario de Sedatu y actual diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín en el tráfico de terrenos rurales y con vocación turística que fue burdamente montado en la anterior administración estatal?

¿Cuáles son los delitos que protegen a Ramírez Marín, al grado de que la actual titular de Sedatu, Rosario Robles, no ha podido remover a ex colaboradores del yucateco sobre los que existen imputaciones de corrupción en estados como Yucatán y Quintana Roo?

¿Puede entenderse el arribo de Javier Duarte al gobierno de Veracruz sin el apoyo y promoción de su antecesor, Fidel Herrera, aunque luego hayan existido evidencias de una temprana ruptura entre ambos? El nuevo gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes, exhibe una obsesión personal con Herrera desde hace décadas, pero no ha documentado judicialmente ninguno de los señalamientos empleados en conferencias de prensa y declaraciones de banqueta.

Para concluir, es difícil imaginar si alguien está haciendo algo para evitar que el actual escándalo por abusos de gobernadores se siga repitiendo cíclicamente.

Nuevamente, todos parecen estar mirando hacia otro lado en el caso de Nayarit, donde el gobernador priísta Roberto Sandoval Castañeda se halla en medio de un huracán de acusaciones por corrupción y ligas con el crimen organizado, dentro y fuera del país. 

En Sonora, la gobernadora priísta Claudia Pavlovich arribó al puesto con el impulso de Manlio Fabio Beltrones, uno de los líderes del Institucional con más peso en el país. La llegada de Pavlovich fue festejada por todos aquellos que vieron en la administración del panista Guillermo Padrés un sinónimo de corrupción descarada.

Sin embargo, Pavlovich ha decidido formar su gobierno con incondicionales y tender una capa de opacidad sobre su manejo de recursos públicos. Ello incluye un acoso sobre la prensa que no había sido visto en muchos años. En semanas pasadas la acreditada iniciativa radiofónica denominada “Proyecto Puente” fue sepultada y su coordinador cesado como un acto abierto de censura presumiblemente ordenado por la administración de la señora Pavlovich.

Quizá nunca lleguemos al punto en que los procesos judiciales contra ex gobernadores corruptos toquen los nombres de sus padrinos y protectores, figuras de rango nacional.  Pero los ciudadanos haríamos mal en tomar en serio a las autoridades locales y federales que quieren exhibir rigor contra los pupilos, pero pasan por alto a los padrinos, en el más puro estilo de las mafias. ([email protected]).