Tradicionalmente, al último año de administración de cualquier gobernante en México se le llama, dentro de la picaresca popular, el “año de Hidalgo”, porque “pendejo el que deje algo”.

Tanto en los tiempos de hegemonía del partido único como en los de la alternancia, sin distinción de partidos, este aforismo ha encontrado sustento en la conducta de los gobernantes, que en sus últimos meses de poder arrasaban con sus administraciones, endeudándolas, rematando sus bienes y autoconcediéndose, para sí y sus cercanos, canonjías y privilegios como millonarios “bonos de marcha” por los “servicios prestados”.

El descaro con que la clase política se ha servido de los recursos que se les encomendó administrar ha llevado a que se establezcan “candados” para el endeudamiento público, así como mecanismos e instituciones fiscalizadoras del erario. Empero, de poco ha servido. La corrupción y la impunidad siguen siendo los más graves problemas que aquejan al país, de los cuales se desprenden todos los demás.

Si hay una administración gubernamental que encarna todos los vicios de la más grotesca corrupción es, como se ha dicho y publicado profusamente, la que encabeza Javier Duarte de Ochoa. El saqueo a las finanzas del estado es público y más que conocido.

Pero a pesar de todos los señalamientos, de las denuncias públicas y penales que se han presentado, la actitud del grupo gobernante del estado no ha variado ni un ápice. Continúa disponiendo del patrimonio del estado como si fuera de su propiedad, ya en un ánimo más de venganza contra la población y para entorpecer lo más posible al gobierno que entrará en funciones el 1 de diciembre.

Las más recientes afrentas de Javier Duarte a los veracruzanos son la pretensión de regalar terrenos e inmuebles públicos a particulares para saldar deudas y compromisos, a través de una solicitud de enajenamiento gratuito que se envió al Congreso del Estado. Una puesta a remate del patrimonio del estado.

Para lograr ésta y otras de sus anteriores acometidas, Duarte de Ochoa ha contado con un Congreso local servil que le aprueba en automático cualquier iniciativa, por más lesiva que ésta sea. De la reducción a dos años del próximo periodo de gobierno al endeudamiento desmedido, de la reforma a la Ley de Pensiones a la reforma antiaborto, la LXIII Legislatura se ha reducido a sí misma a ser una lastimosa oficialía de partes del Ejecutivo estatal.

No ha sido gratis. Al jefe la bancada priista, Juan Nicolás Callejas, le han mantenido sus privilegios como líder magisterial vitalicio, le regalaron una diputación local a su hijo e incluso amaga con buscar la dirigencia estatal del PRI. O está el caso de la diputada suplente priista Belén Fernández del Puerto, a quien le acaban de otorgar una patente para ejercer el notariado a pesar de que en un primer intento reprobó el examen para acceder a la misma e ilegalmente le dieron una “segunda oportunidad”, pisoteando al Colegio de Notarios del Estado y su normatividad.

Toda la podredumbre acumulada los últimos años en Veracruz por el fide-duartismo provocó el hartazgo y el rechazo de los veracruzanos, que se expresaron en las urnas con el voto por la alternancia política el pasado 5 de junio.

Por ello es verdaderamente grave la señal que manda el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares al “darle cancha” durante uno de los foros de consulta del Plan Veracruzano de Desarrollo a los García Escalante: el alcalde de Pánuco, Ricardo García Escalante, su hermano el diputado electo Rodrigo (ambos cobijados por el Partido Verde), y a su padre, el contralor del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Ricardo García Guzmán.

Sí. Se trata del mismo Ricardo García Guzmán que hace poco más de un año aseguró que se habían solventado todas las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación le hizo al gobierno de Veracruz. El mismo que hace pocos meses rechazó en medios nacionales que la administración a la que sirve hubiera otorgado contratos a empresas “fantasma”. Aseveraciones ambas que se ha demostrado son falsas.

La renovación de la vieja alianza entre Yunes Linares y García Guzmán no es signo de que de verdad se pretenda hacer justicia y aplicar la ley a los defraudadores de Veracruz. Al menos, no a todos.

Sigue siendo un tiempo de cínicos.

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