Cuando en 1993 Manuel León de la Maza llegó a hacerse cargo del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) declaró a la prensa local que había encontrado un IPE descapitalizado, a tal extremo que se vería obligado a vender sus empresas productivas y a dejar de construir casas.

En aquel entonces, el director de esta institución reconoció que existía una deuda con la banca por 159 millones de pesos (mdp). En el mes de agosto de 1996 el Sr. León de la Maza compareció ante la Legislatura Local, donde reconoció (según consigna la prensa local) que al recibir la administración del IPE encontró un déficit de 14 mdp, pero que dicho déficit se había incrementado en tres años a 140 mdp. De igual forma según la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, el IPE tenía un adeudo de 250 mdp contraído con esta Secretaría, mismo que crecía a un ritmo de 10 mdp mensuales. Aunque no se puede precisar con exactitud la gravedad del problema financiero debido al manejo oficial de la información, es posible calcular la magnitud del daño económico que enfrentaba esta institución, a partir del reconocimiento de que su reserva técnica (conformado por: bienes inmobiliarios, reserva líquida y cartera de préstamos) estaba prácticamente agotada y que los recursos que se captaban (alrededor de 4 millones 500 pesos mensuales) por concepto de pagos de cuotas de los trabajadores, no eran suficientes para cubrir sus necesidades financieras.

El propio León de la Maza declaró a los legisladores que el déficit que enfrentaba el IPE era producto del mal manejo de la reserva técnica del Instituto, aunque estableció, también, que cuando tomó el Instituto en sus manos no encontró elementos sólidos para actuar contra ningún funcionario de administraciones anteriores (o más bien solapo con su silencio e inacción a quienes habían saqueado al IPE). Uno podría preguntarse ¿quién fue entonces, el causante de la quiebra del IPE? ¿Los que se fueron o los que aún estaban ahí?

La líder del Setse Acela Servín declaró en esas fechas que la administración anterior había cometido una serie de irregularidades que agudizaron la problemática del IPE y agotaron su reserva técnica y aseveró que demandaría a la presente administración para que rindiera cuentas y se le fincara responsabilidades (Diario de Xalapa, 09-08-96). El mismo León de la Maza, declaró en rueda de prensa (septiembre de 1996) que los responsables de la quiebra eran los consejeros miembros del Consejo Directivo del IPE.

La representación del SNTE afirmaba que los problemas de la institución se debían a la corrupción y al hecho de que los fondos del IPE se habían utilizado para financiar campañas políticas. Sabino Huitrón, exdirector del IPE, declaró que la quiebra era resultado de la mala administración del Instituto y de sus empresas productivas. Los trabajadores del Hotel Xalapa, (empresa propiedad del IPE) afirmaban que existía una nómina confidencial en donde constaba el pago de elevadísimos sueldos a personal de confianza y que existían dos habitaciones ocupadas por personal de gobierno del estado y del PRI con servicios de alimentos y bebidas, cuyo costo nunca fue cubierto al hotel.

La verdad es que parece claro que la quiebra se debe a corrupción, mala administración y al uso indebido del patrimonio público, pero hay que precisar quién y cuándo se incurrió en esa responsabilidad, porque en 1991, el entonces director del IPE, Manuel Ramos Gurrión, externó que las empresas del IPE si obtenían utilidades y que ello redundaba en beneficio de los derechohabientes. O sea que la anterior administración no tenía las empresas quebradas ¿cuándo empezó el desorden financiero entonces?

Poco después de la venta del Hotel Veracruz (que era propiedad del IPE) un periódico local recogió las declaraciones del Secretario de Finanzas, Guillermo Rivera en entrevista donde se le cuestionó sobre el uso de los 20 millones de pesos que resultaron de la venta de dicho inmueble. A este respecto el Sr. Rivera declaró que “puede ayudar por ejemplo para canchas deportivas para actividades deportivas para todo el estado”. Uno podría preguntarse ¿por qué no utilizarlo para mejorar la situación financiera del instituto? ¿o es que en aquella época (noviembre de 1995) no existían todavía problemas financieros? y si no existían entonces ¿por qué vender uno de sus activos? Finalmente ¿en qué se utilizó ese dinero?

Ante esta alarmante situación, en 1996 el Gobierno de Patricio Chirinos puso en práctica un plan para salvar de su inminente quiebra al IPE el cual incluía, por un lado, un Rescate Financiero por parte del propio gobierno estatal que permitiría:

1. Cubrir el déficit financiero existente  de 140 millones de pesos;
2. Liquidar la deuda del organismo de 250 millones de pesos;
3. Reconstituir su reserva técnica, prácticamente agotada en esas fechas y
4. Establecer algunos mecanismos para su mejor funcionamiento.

Asimismo, como parte de esa solución, se reformó la Ley de Pensiones para  incrementar la aportación que hacían los trabajadores afiliados, la cual pasó de un 7% a un 11% de su salario mensual.

Estas medidas, sin embargo, dejaron sin atender los principales reclamos de los trabajadores derechohabientes de esa institución, que eran:

1. La necesidad de profundizar en una investigación que explicara el destino y uso que tuvieron los fondos financieros del IPE, causa primordial de su quiebra.
2. La necesidad de evitar un incremento a las cuotas de los trabajadores,
3. Una profunda reestructuración financiera y administrativa que requería el instituto junto con los cambios legales necesarios para evitar que funcionarios ineficientes o corruptos volvieran a atentar contra el patrimonio público.

En otro espacio (Diario de Xalapa, 14 -10-1996) decía yo que ese rescate financiero del IPE, no solucionaba los problemas de fondo del organismo, por lo que era de esperarse que en algunos años más adelante se volviera presentar un problema similar. Y que obviamente, para ese entonces, otros serían los que tendrían que resolverlo pues los responsables ya no estarían aquí y  que los que nunca se irían y seguirían pagando las consecuencias, serían los trabajadores, lo cual constituía un acto de verdadera injusticia social.  Tal como lo dije ha sucedido, ese futuro ya llegó y con él, la amenaza de desaparición del Instituto.

Por donde se le vea pareciera, entonces, que la intervención del ejecutivo estatal en 1996 hubiera tenido el único propósito de salvar de la investigación y de la exhibición pública a todos aquellos que tenían responsabilidad en el manejo del dinero y patrimonio del IPE. Con ello otorgó impunidad a los responsables de la quiebra del Instituto y dejó en estado de indefensión a la sociedad frente al ataque que sufrió el patrimonio de un organismo de la sociedad y dejó a ésta inerme frente a cualquier otro posible ataque de la misma naturaleza. Y digo esto porque la crisis financiera que enfrenta hoy el IPE, abre serios cuestionamientos respecto a si el gobierno Chirinista efectivamente aportó la cantidad de dinero del rescate al que se comprometió.  También, desde luego, hace dudar de la eficacia del incremento de las cuotas que se aprobó en ese entonces y, por supuesto hace pensar en que después de tantos años no se han encontrado funcionarios públicos eficientes que sean capaces de administrar adecuadamente el IPE.

Hoy, como hace veinte años, es preciso conocer a dónde ha ido a parar tanto dinero que capta el IPE, cómo se ha usado su patrimonio, cuáles son las causas reales de la quiebra, quiénes son los responsables.

Es preciso que el gobierno del estado aclare estas dudas, nos dé respuestas y tome soluciones inmediatas.

Ya es hora de que tengamos soluciones definitivas en torno al IPE, por el bien de quienes  ya se lo ganaron, por el bien de los que hoy trabajan, porque se merecen un futuro digno.

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