Que el gobierno más corrupto de que se tenga memoria en la historia de Veracruz hable de que lanzará su propio sistema estatal “anticorrupción” es, además de una incongruencia, una burla para los habitantes del estado.

Y es que en el anuncio matutino de este inicio de semana, el gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció la creación de la versión tropical del sistema anticorrupción implementado por el Gobierno Federal, que por lo que puede observarse, servirá para lo mismo que el de Enrique Peña Nieto: para nada.

Tres iniciativas de reformas a la Constitución de Veracruz envió el Ejecutivo estatal al Congreso del Estado para este propósito. Entre las medidas contempladas está suprimir el fuero a funcionarios públicos, desde síndicos, alcaldes y secretarios de despacho hasta el mismo gobernador del estado, y por lo cual sus corifeos y aplaudidores en los medios ya salieron a vitorear la enmienda calificándola como “histórica” y “vanguardista”.

A reserva de conocer el texto preciso de las reformas y sus alcances, lo que seguramente se modificará son los artículos 76, 77 y 78 de la Constitución Política del Estado, que establecen las responsabilidades de los servidores públicos en la entidad y disponen quiénes, cómo y cuándo pueden ser sometidos a procesos sancionadores por parte del Congreso del Estado, como el juicio político, y en donde se incluye a los diputados, el gobernador, los secretarios de despacho, el contralor general; el fiscal general del estado; los magistrados, los presidentes municipales o de concejos municipales y los síndicos; el contralor general del organismo público que ejerza la autoridad electoral administrativa; los consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, y los titulares o sus equivalentes de las entidades de la administración pública estatal y municipal.

En primer lugar, lo que salta a la vista es que se trataría de una reforma innecesaria en una entidad donde se respetase el estado de Derecho, pues bastaría con cumplir con lo que ya establece la ley para sancionar conductas ilícitas de los servidores públicos. Veracruz, lo sabemos, no es el caso.

Y aquí aparece la primera trampa. La iniciativa de Duarte excluye del retiro del “fuero” al fiscal general del estado, quien de concretarse –seguramente– la reforma constitucional, será dotado de facultades plenipotenciarias –y transexenales– para emprender acciones legales contra cualquier servidor público de cualquier nivel –a excepción de los federales–, sin tener que pasar ya por la aduana del Congreso del Estado y sin ser él mismo sujeto a la mismas condiciones que los demás. Su poder será inmenso y, a primera vista, ilimitado.

La segunda trampa es que esta enmienda sería aplicable hasta el siguiente periodo de gobierno estatal, ya que una reforma constitucional debe ser aprobada en dos periodos ordinarios sucesivos del Congreso del Estado, tras de lo cual deberán ser aprobadas por la mayoría de los cabildos. El actual periodo ordinario legislativo concluye en enero. El siguiente inicia el 2 de mayo y concluye el 31 de julio. En la agonía del sexenio. A Javier Duarte ya no le aplicaría.

La tercera trampa es que se pretende que el contralor general del estado sea nombrado por las dos terceras partes del Congreso del Estado, a propuesta del Ejecutivo.

La jugada es clara. Ante la clara posibilidad de que el próximo gobernador no sea un duartista-fidelista, lo que pretenden es amarrarle las manos al sucesor de Duarte con un Fiscal superpoderoso, cuyo periodo trasciende a esta administración y a la siguiente, pues fue designado para nueve años, que no le deberá lealtad alguna al siguiente mandatario y que podría proceder en su contra, contra su gabinete y contra los alcaldes, sin siquiera molestarse en pasar por el Congreso.

Además, el contralor será nombrado por una legislatura en la que intentarán –ahí sí– colocar al mayor número posible de duartistas, cuya consigna será infiltrar en el siguiente gobierno a alguien que proteja sus intereses y, sobre todo, sus espaldas.

Esta reforma de anticorrupción no tiene nada. Es una reforma pro-impunidad de Javier Duarte y sus secuaces.

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