La lucha contra la corrupción no es un tema electorero ni debe tomarse con frivolidad; quien diga lo contrario está desconociendo la voz de los ciudadanos que suena fuerte y reclama justicia.

Castigar a los que traicionaron la confianza de los veracruzanos es una prioridad en la que la gran mayoría coincidimos, sin embargo, hay personajes que piensan en esta lucha como una forma de venganza, pero yo estoy decidido a transformar el sistema para que todo ciudadano conozca en qué y cómo se emplea su dinero.

Eliminar definitivamente la corrupción y el indebido manejo de los recursos públicos, implica castigar a quienes resulten responsables del desfalco del estado, metiéndolos a la cárcel, sean peces pequeños o grandes, de cualquier color, pero además recuperando las cantidades sustraídas de forma indebida para aliviar la situación del Estado, inhabilitándolos para que no puedan hacer más daño a Veracruz.

No obstante, lo más importante, el gran reto, es reformar de fondo nuestra legislación y nuestra estructura administrativa, generando cambios estratégicos que empoderen al ciudadano y que signifiquen mayor fiscalización y transparencia de los fondos del Estado. Se trata de evitar que el abuso del erario quede impune, pero es aún más importante evitar que se repita.

Mi compromiso es más trascendente, por eso mi determinación para promover en Veracruz el empoderamiento de los ciudadanos y los organismos de profesionales, así como las cámaras empresariales, de acuerdo a su perfil de especialización, para qué se involucren y participen directamente en la fiscalización y cuidado de los recursos públicos.

Hay personas que se preguntan ¿Cómo hacerlo?, seguramente para ellos es un tema nuevo, y no es con argumentos superfluos ni con objetivos electoreros; de ahí que he puesto especial atención en este tema y conozco la medicina para este cáncer social que es la corrupción. Basta citar mi decisión para la aprobación de la Ley aprobada recientemente en el Senado de la República para regular el endeudamiento en los estados y municipios del país o mi firme apoyo y promoción del Sistema Anticorrupción que impulsó el Presidente Enrique Peña Nieto.

También me permito recordar a muchos que hoy se “rasgan las vestiduras”, que como diputado local por el PRI me opuse rotundamente a la bursatilización y al endeudamiento creciente que vivía Veracruz hace unos años; yo me opuse, mientras que muchos “críticos” que hoy cuestionan, entonces callaban porque así les convenía.

Estoy decidido a impulsar acciones concretas tendientes a:

Reducir drásticamente los gastos innecesarios de los altos mandos del gobierno, como uso automóviles, celulares y gastos de representación con cargo al erario.

La conformación de un Consejo Ciudadano para el Combate a la Corrupción formado por líderes que representen a los distintos sectores de la sociedad civil, a fin de que participen en la fiscalización de los recursos públicos;

Todo servidor público, en especial los que manejan recursos deberán presentar su declaración patrimonial, siendo autentificada y vigilada por la Contraloría General del Estado y por el Consejo Ciudadano para el Combate a la Corrupción, cada año;

Convocar a las asociaciones de Contadores, Ingenieros, Arquitectos, Médicos, Abogados, Agrónomos, Economistas, etc. y las cámaras empresariales, para que participen con propuestas concretas y validen quienes deben ocupar los cargos de fiscalización.

Poner en operación un 01 800 conectado directamente con la oficina del C. Gobernador, para recibir denuncias anónimas de casos de corrupción, ya sean detectados por ciudadano o por los propios funcionarios en cada dependencia.

Crear la figura del Fiscal Anticorrupción, que será electo por el Consejo Ciudadano para el Combate a la Corrupción, para que tenga independencia y responda solo al interés de la sociedad y no de un partido político.

No permitir que surjan de la nada funcionarios públicos con mansiones y fortunas adquiridas repentinamente y de forma inexplicable, a partir del inicio de su encargo público. Todos los funcionarios harán pública su declaración patrimonial y serán sujetos de escrutinio público permanente. Esta será una regla inexcusable para todo aquel que quiera participar en el Gobierno de Veracruz.

Estas son algunas de las medidas concretas que estamos diseñando para abatir la corrupción en Veracruz. Se trata en suma de impulsar la participación de toda la sociedad en el uso y buen cuidado de sus propios recursos. Estoy convencido de que esta es la mejor forma de hacerlo, porque nadie cuidará mejor del presupuesto público que la propia comunidad que lo aporta con sus impuestos.

Tenemos la fórmula y la determinación para acabar definitivamente con la corrupción. No soy un improvisado en el tema y la crítica constructiva siempre será bienvenida, sin embargo, la crítica insana, esa que surge de los mismos intereses convenencieros de siempre no me interesa ni me quita el sueño porque se bien que responde a intereses personales o de grupo.

Toda mi vida he sido un hombre austero, quienes me conocen saben de mi desapego a las cosas materiales. Siempre he tenido la convicción de que un ser humano es valioso por sus ideas y sus acciones no por lo que tiene; por eso estoy en contra de los ostentosos dentro del servicio público, porque generan la duda en los ciudadanos de la procedencia de sus bienes. Yo tengo las manos y la conciencia limpia y a si seguiré, porque es el ejemplo que me dieron mis padres y ese mismo quiero legar a mis hijos.

Abatir la corrupción no debe implicar venganza sino justicia, y la justicia debe ser igual para todos. Se trata de castigar a los que se les comprueben malos manejos del presupuesto público aplicando la ley con todo su peso en todos los casos por igual. La corrupción no es un privativa de un partido, lamentablemente, es un mal endémico en México. En todos los partidos políticos hay gente honesta, de buena fe y responsable, pero asimismo, en todos lados existen personas corruptas, que han abusado de su cargo traicionando la confianza de los veracruzanos.

Por eso es mi prioridad que se castigue con la ley pero también con la condena pública a los corruptos sin distinción de colores y, ¿por qué no?, también premiar con el reconocimiento público a aquellos servidores públicos honestos y responsables que aporten su dedicación al bienestar de nuestro Estado y municipios.