Por Estela Casados González

En 1918 una mujer llamada Hermila Galindo Acosta decidió postularse como candidata a diputada por el quinto distrito electoral de la Ciudad de México. Su decisión sentó precedente: fue la primera vez que una mexicana contendió por un cargo de elección popular.

Hermila Galindo obtuvo la mayoría de los votos, pero nunca ocupó la curul que le correspondía en la Cámara de Diputados. El Colegio Electoral no reconoció su triunfo, pues la Ley Electoral de 1918 solo otorgaba a los hombres el derecho a votar y ser votados.

Cuando Hermila decidió postularse sabía de esta restricción. Colaboradora de Venustiano Carranza, presentó en el Congreso Constituyente de 1917 un memorándum en donde se solicitaba que la nueva constitución reconociera los derechos políticos de las mujeres.

Pese a sus esfuerzos, los constituyentes desecharon la propuesta argumentando que las mexicanas no tenían las condiciones para ejercer de manera adecuada sus derechos políticos.

La historiadora Gabriela Cano expone que el caso de las sufragistas veracruzanas no fue diferente. En 1936, en el Puerto de Veracruz, el Partido Nacional Revolucionario (PNR, antecesor del PRI) permitió que las mujeres participaran en las contiendas internas del partido, de cara a las diputaciones locales.

María Tinoco y Enriqueta Limión de Pulgarón se postularon como propietaria y suplente. Por mayoría de votos ganaron los comicios internos. Sin embargo, el Comité Nacional del PNR no reconoció su triunfo. 

Casi 100 años después podría decirse que la situación ha cambiado. Hermila, María y Enriqueta se sentirían satisfechas de que nuestras leyes garantizan la participación de las mujeres. Con lo adelantadas que eran para su época, si tuvieran la oportunidad de ver qué pasa en la segunda década del siglo XXI, rápidamente notarían la presencia de problemáticas actuales y nuevos retos para la participación de las mujeres en el ámbito político.

El actual sistema de partidos y la manera de hacer política dejan mucho qué desear. La participación de las mexicanas, y concretamente de las veracruzanas, ha dado un giro inesperado. Si bien no todas, pero la trayectoria de muchas mujeres dedicadas a la política se ha mimetizado con el desempeño de sus pares masculinos.

 “Cuerpo de mujer no garantiza que se haga política para defender y salvaguardar los derechos de las mujeres”, reza una sentencia que se hace cada vez más popular.

Llama poderosamente la atención que, en época electoral, se utilice indiscriminadamente el discurso por la “equidad de género”, por la “igualdad de derechos”: las observaciones críticas que se hacen a las candidatas sobre sus trayectorias previas en cargos de elección popular o como servidoras públicas únicamente se deben a la “mala fe”, a “la falta de equidad de género”, a que no se reconoce su desempeño por el hecho de que son mujeres y argumentos de ese estilo.

La realidad es que la trayectoria de quienes están en la vida política de Veracruz y del país, es observada con amplia desconfianza y recelo por parte de quienes integramos el padrón electoral.

Hay demasiadas historias de enriquecimiento ilícito, corrupción y nepotismo que no hacen distingo de género.

Así, la crítica a las mujeres que hacen política en este país se deriva también de la legitimidad y transparencia de su desempeño. No lo perdamos de vista.

Es pertinente hacer una aclaración: una cosa es la discriminación del quehacer político de las mujeres y otra muy diferente es el análisis crítico de la trayectoria de las mujeres que se dedican a hacer política en este país bajo los cánones de corrupción que son moneda corriente.

En la historia reciente de nuestro país, uno de los ejemplos más sólidos de un quehacer político valioso lo encontramos en la activista y antropóloga feminista Marcela Lagarde y de los Ríos, Diputada en el Congreso Federal  entre 2003 y 2006, durante la legislatura destacó por su trabajo a favor de los derechos de las mujeres. Gracias a su empeño y quehacer político, se promovió y aprobó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se acuñó el término feminicidio en referencia a los asesinatos de mujeres por razones de género, el cual finalmente, se convirtió en tipo penal.

Su trabajo permitió poner sobre la mesa de la discusión en materia de política nacional, las secuelas que tiene la violencia feminicida en la vida de mujeres y niñas en México.

Nuestro país y, obviamente, las mujeres que integramos el padrón electoral, necesitamos de aquellas que se comprometan con la defensa de los derechos humanos de las mexicanas, con el respeto a decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, que trabajen por la vida y la libertad de quienes hemos votado por ellas.

Miro a quienes han acudido a registrarse y, bastante desanimada, solo logro preguntarme ¿qué sucederá cuando acaben sus campañas y tomen el poder?

^{Si tiene mayor interés por la trayectoria de las mexicanas en la vida política del país, recomiendo ampliamente el texto de la historiadora Gabriela Cano, “Las feministas en campaña: la primera mitad del siglo veinte”. Puede consultarse en http://www.debatefeminista.com/PDF/Articulos/lasfem992.pdf}