En su comparecencia ante diputados de la LXIII Legislatura para la glosa del cuarto informe del gobernador Javier Duarte de Ochoa, el procurador general de Justicia del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, dijo que en la entidad “nos rige el imperio de la ley”.

También afirmó que “la sensibilidad en la atención de problemáticas que impactan a la sociedad, es una preocupación del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Muestra de ello es la creación de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas”, la cual, y según él, tiene “una efectividad del 72 por ciento en la localización de personas”.

Pero al confrontar cifras, difícilmente puede hablarse de efectividad. Bravo Contreras tuvo que reconocer que a la fecha tienen conocimiento de 568 personas en calidad de desaparecidas en Veracruz. Y aunque quiso suavizar el dato diciendo que en este rubro han recibido dos mil 55 denuncias, hay que recordar que cuando asumió el cargo en febrero pasado, él mismo admitió que había 600 veracruzanos cuyo paradero se desconocía y que había sido reportado ante el Ministerio Público.

Los problemas del Procurador no terminan ahí. Mientras él proporcionaba cifras alegres a un Congreso del Estado sumido en la pasividad y la conchudez, integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres, encabezadas por la doctora Estela Casados, daban a conocer que de acuerdo con el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, en lo que va del año 70 mujeres y niñas han sido víctimas de feminicidio en los municipios de Zozocolco, Coatzintla, Filomeno Mata, Papantla, Tuxpan, Pueblo Viejo, Ixhuatlán, Poza Rica, Juchique de Ferrer, Orizaba, Xalapa, Atoyac, Amatlán, Veracruz, Ixhuatlancillo, Córdoba, Zongolica, Tezonapa, Nogales, Medellín, Pacho Viejo, Cuitláhuac, Cosamalopan, Las Choapas, Tierra Blanca, Hueyapan de Ocampo, Ciudad Isla, Nanchital, San Juan Evangelista y Coatzacoalcos.

Y para seguir documentando la efectividad de la “justicia” a la veracruzana, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó, al mes de noviembre de 2014, que se han denunciado 41 mil 698 delitos en este año ante agencias del Ministerio Público, de los cuales 15 mil 748 son robos, la gran mayoría de los cuales fueron cometidos con violencia.

De acuerdo con un reportaje realizado por el canal de televisión por Internet Rompeviento.TV, “sólo durante el gobierno de Javier Duarte, en el periodo comprendido entre febrero de 2011 y septiembre de 2014, fueron encontrados 189 cuerpos en 48 fosas clandestinas”.

A ello hay que agregar el asesinato impune de diez reporteros durante este sexenio, a lo que la revista Web Era acaba de publicar, en un reportaje firmado por Ana Osorio, que “con testimonios de tortura, Amnistía Internacional y el Centroprodh echan abajo el ‹esclarecimiento› del asesinato de tres fotorreporteros y una publicista cuyos cuerpos aparecieron desmembrados el 2012. La incriminación de un matrimonio fue la respuesta a la crisis del Gobierno de Duarte, hoy es la punta del iceberg que devela la fabricación de chivos expiatorios”, pues “al menos dos de los imputados no participaron en los asesinatos y sus confesiones fueron obtenidas bajo tortura”.

Tal es el panorama del Veracruz real donde, como lo señalamos en la anterior entrega, lo que impera es la corrupción, la impunidad y la violencia.

Aunque luego nos quieran censurar.

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