“Que de dónde amigo vengo

De una casita que tengo por allá en El Pedregal…”

La Casita. Óscar Chávez

El presidente Enrique Peña Nieto y sus asesores demostraron hasta dónde son capaces de llegar con tal de “salvar” su “proyecto de nación”.

Como es preferible sacrificar una Presidencia del DIF que la Presidencia de la República, Peña Nieto decidió mandar al matadero a su esposa Angélica Rivera para que en transmisión por el canal de TV con mayor penetración a nivel nacional, “explicara” lo inexplicable: el origen de una fortuna que no tiene asidero en la realidad. No en la de un actor asalariado, por más que sea protagonista de telenovelas en Televisa.

Pero el objetivo real no era dar una explicación realista sobre cómo una actriz de televisión mexicana es propietaria de una mansión de siete millones de dólares. El fondo de esta estratagema era proteger al presidente Peña Nieto y bajarlo del ring mediático en el que estaba, para que toda la carga de la golpiza en redes sociales y medios se dirigiera a su esposa, exactamente tal como sucedió.

El Presidente de México evadió su responsabilidad de rendir y transparentar cuentas ante los ciudadanos y de manera por demás cobarde y mezquina, prefirió mandar al cadalso mediático a su compañera de vida, quien fue tundida hasta la saciedad por propios y extraños ante lo inverosímil de la explicación que, en tono de regaño, dio a los mexicanos.

Sin embargo, Enrique Peña Nieto no puede eludirse ni escamotear su obligación, pues a pesar de lo que dice su vocero, sí existe un claro conflicto de interés, aún si se le concediera verosimilitud a la versión difundida por su esposa Angélica Rivera sobre la adquisición de la residencia de Lomas de Chapultepec.

De acuerdo con el artículo 8 fracción XII de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es obligación de los mismos “abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo (familiares), que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión”.

Grupo Higa, la empresa que aparece como dueña de la propiedad en tanto Angélica Rivera termina de pagarla, no sólo es contratista del actual Gobierno Federal, sino que lo fue del Gobierno del Estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador.

Al respecto, el mismo ordenamiento dictamina que “habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”. La cancelación de la licitación del tren a Querétaro, en la que participó esta empresa, actualiza perfectamente esta hipótesis.

El Presidente sí tiene responsabilidad aunque su esposa no sea “servidora pública” y le debe una explicación real a los mexicanos sobre el affaire de la “Casa Blanca”, así como sobre la gran cantidad de propiedades que en campaña dijo poseer gracias a “donaciones”, lo cual también está regulado por la misma Ley, como ya mencionamos en párrafos anteriores.

Por cuanto hace a la explicación de la señora Angélica Rivera, nos quedamos con la expresión publicada por la también actriz Ana de la Reguera en su cuenta de Twitter, que con su ironía jarocha es más que elocuente: “chale...Para que me fui a Azteca y después (sic) a L.A. si en Televisa pagaban tan bien”.

Tal cual.

Twitter: @yeyocontreras