Llama poderosamente la atención que a dos meses y medio de que tenga que cumplir con su obligación constitucional de presentar su cuarto informe de labores, el gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa haya declarado públicamente que analiza la posibilidad de suscribirse a lo que le exige la ley, que es únicamente entregarlo por escrito ante la LXIII Legislatura del Estado.

¿Qué significa esto? Que el titular del Ejecutivo cancelaría el evento faraónico en el que, en algún escenario de gran aforo como el World Trade Center o en uno espectacular como la fortaleza de San Juan de Ulúa, desde hace algunos años los gobernadores veracruzanos dirigen un mensaje al “pueblo” –o más bien, a la elite política, empresarial y periodística que es invitada al show– para ensalzar sus “grandes logros” en el último año de trabajo y anunciar los proyectos por venir.

En su conferencia de prensa de este lunes 1 de septiembre, coincidentemente el mismo día de la entrega del segundo informe del presidente Enrique Peña Nieto, al ser cuestionado al respecto Javier Duarte declaró que “probablemente lo que vayamos a hacer es cumplir evidentemente con el ordenamiento constitucional y estar presente en el Congreso del Estado, en tiempo y forma, el Informe de Gobierno y presentarlo a la sociedad mediante algún otro tipo de mecanismos, que puede ser a través de ustedes que son los medios de comunicación”.

El mandatario veracruzano recordó que exactamente un día antes, darán inicio los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 y que el estado estará inmerso en “cumplir” con ese compromiso.

La organización de las fastuosas ceremonias de los “informes” de gobierno en sedes alternas al Poder Legislativo es una salida que encontraron los mandatarios mexicanos, tanto el Presidente de la República como los gobernadores, para evitar ser interpelados y exhibidos por los legisladores, y al mismo tiempo para mantener viva la “tradición” de una fiesta en la que ellos son los principales protagonistas, en donde nadie los critica y todos los alaban y se pelean por lograr llegar al “besamanos”. Fue lo que quedó del muy priista “día del Presidente” y sus réplicas en el ámbito de los gobernadores.

Por eso es sintomático que ese acto tan lucidor quieran cancelarlo este año, que prácticamente es el último –citando a todo un clásico veracruzano– “en la plenitud del pinche poder”, ya que a partir de 2015, todo será cuesta abajo.

Pero existen varias razones para tomar una decisión de este tipo. La primera, bastante notoria, es que en el Gobierno del Estado no hay dinero para casi nada –aunque digan que las participaciones federales llegan “en tiempo y forma” y que hay millones de inversiones peleando por estar en Veracruz–. Cancelar un costoso y nada republicano espectáculo político sería plausible y hasta aplaudible, si tal fuera la verdadera causa.

Otra es que, en los hechos, no haya ningún logro, ninguna gran obra nueva que presumir y, para evitarse vergüenzas, se opte por un bajo perfil para que pase lo más desapercibida posible la ineficiencia de la administración estatal y sobre todo, sus yerros en materia de seguridad, procuración de justicia, empleo, finanzas y combate a la pobreza.

Una más es que, precisamente por estar en marcha para entonces los Juegos Centroamericanos, se prefiera exponerse lo menos posible a las críticas por la pésima organización de la justa deportiva, que desde ahora ya es una vergüenza internacional para Veracruz.

Cualquiera que sea la razón, y a reserva de la decisión que tome finalmente el gobernador Duarte, la verdad sea dicha, lo que la sociedad requiere no son simulaciones sobre la rendición de cuentas de los gobernantes de todos los niveles, sino hechos, resultados verídicos y verificables, y sobre todo, reflejados en el bienestar de la población.

Por lo demás, pueden ahorrarse el gasto de saliva.

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