Apenas tres días después de que el gobernador Javier Duarte de Ochoa envió a la LXIII Legislatura su iniciativa de nueva Ley de Pensiones del Estado, este viernes los diputados locales veracruzanos la aprobarán por la vía del “fast track”: sin mayor análisis, sin aceptar debatirla con calma e ignorando las voces que rechazan que se deje toda la carga del problema de insolvencia financiera del IPE sobre las espaldas de los trabajadores.

Sumisos, los legisladores afines al gobierno estatal, en su papel de meros facilitadores de trámites, aprobarán una norma diseñada para salvarle el pellejo a la actual administración, que ha sido incompetente para manejar las finanzas del estado, no obstante que en campaña se ufanaban de “tener claro” lo que Veracruz necesitaba.

Sin siquiera pedir la opinión de los sindicatos representados en el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado –que con su vergonzoso silencio avalan lo que en los hechos es una traición a sus agremiados–, el Congreso local pondrá contra la pared a la mayoría de los pensionados actuales, e incluso condena a vivir prácticamente de la limosna a quienes aspiren a serlo a futuro si la iniciativa se aprueba, como es de esperarse, en los términos en que está redactada.

En su artículo 29, la iniciativa de Ley de Pensiones establece que “es incompatible la percepción de una pensión con el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión remunerados. Los interesados podrán gozar nuevamente de la pensión cuando desaparezca la incompatibilidad”.

El mismo numeral señala también que “cuando un pensionista que se incorpore a una fuente de trabajo bajo cualquier modalidad y compruebe el Instituto este hecho, podrá ordenar suspender la pensión hasta que se compruebe la necesidad de la misma por no encontrarse sujeto a ninguna relación de trabajo. El infractor de la disposición anterior deberá reintegrar las cantidades percibidas indebidamente en el plazo que le sea fijado por el Instituto; el cual nunca será menor al tiempo en que las hubiere recibido”.

“Desaparecida la incompatibilidad y reintegradas las cantidades indebidamente recibidas, el pensionista puede volver a disfrutar de la pensión otorgada. Si no hiciese el reintegro en los términos de este artículo, perderá todo derecho a la pensión.”

¿Tendrán idea los “sesudos” redactores de este entuerto legal –lleno de errores gramaticales, de “dedo” y hasta ortográficos– a cuánto asciende la pensión de un trabajador del estado promedio en Veracruz? ¿Piensan que con cinco mil pesos al mes –o menos–, una persona puede ya no digamos vivir dignamente, sino simplemente sobrevivir?

Pues con la nueva ley, toda persona que reciba pensión del estado tiene prohibido trabajar, a riesgo de que pierda lo que por derecho le corresponde. No importa si por esa causa se muere de hambre o no tiene para comprar medicinas. Si trabaja para “completar” la quincena, es porque no necesita la pensión, según la conclusión a la que llegaron los tecnócratas autores de esta ley.

La pretendida ley ya fue condenada por los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano –que nada podrán hacer para detenerla por sí mismos en el Congreso– así como por organismos de defensa de pensionados. Pero la aplanadora priista –a la que seguramente se sumarán los muy “rojizos” legisladores del PAN, el PRD y demás comparsas– está lista para dar el golpe.

Lo más patético es             que en la exposición de motivos de la iniciativa del gobernador Duarte, se culpa al IPE de la mala situación de las finanzas del estado desde el inicio mismo de este gobierno: “en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (…) se reconoce que la evolución de las finanzas públicas estatales presentan afectaciones debido a dos factores importantes, la debilidad de las finanzas municipales y los pasivos laborales contingentes tanto del Instituto de Pensiones del Estado, como de la Universidad Veracruzana”.

Como si en 62 años de existencia de este sistema de seguridad social, los que se hubieran robado todo el dinero hubieran sido los trabajadores.

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