El vergonzoso caso de la diputada federal del PRD Purificación Carpinteyro, evidenciada en una grabación telefónica mientras preparaba una estrategia para hacer negocios en el sector telecomunicaciones, a la par que participaba en el debate sobre la ley secundaria del mismo sector, desnuda también la manera como la arena legislativa se ha convertido, desde hace varios años, en un espacio para traficar influencias en beneficio personal o grupal, gracias al acceso a información privilegiada y a contactos en el círculo del poder.

Aunque no falta a la verdad al decir que en este momento hay muchos otros legisladores que incurren en conflicto de interés similar al suyo, ya que participan también en la discusión sobre el nuevo esquema legal que regirá los servicios de telecomunicaciones y tienen al mismo tiempo intereses económicos en el sector, Purificación Carpinteyro no puede con ello eximir su responsabilidad. Pero sí da luz con su mal ejemplo sobre los trinquetes legislativos que generalmente son desconocidos por la opinión pública.

Y es que, en honor a la verdad, no se trata de algo nuevo. El Congreso de la Unión y las legislaturas estatales suelen hacer las veces de meras agencias en las que grupos empresariales locales, nacionales y extranjeros hacen “lobby” para que sus intereses sean promovidos o al menos no afectados por una determinada legislación. Por años, por ejemplo, las tabacaleras cooptaron legisladores para que detuvieran las regulaciones al consumo y publicitación de los cigarrillos, hasta que la presión internacional echó por tierra sus afanes.

Para no ir muy lejos, en Veracruz se ha detenido en dos ocasiones, en la ley de “protección animal”, la prohibición de las corridas de toros y las peleas de gallos, así como los circos que explotan animales. ¿La razón? Que hay muchos empresarios ligados al poder que hacen negocio con estos “espectáculos”. Y los legisladores, “sensibles” al llamado del dinero, han protegido esos intereses, con una buena dosis de simulación e hipocresía por delante.

Así podríamos mencionar a los diputados que pertenecen a un sector específico, dígase el magisterio, como Juan Nicolás Callejas, que pretendieron legislar, con la venia del gobierno estatal, una “armonización” local de la Reforma Educativa diferente a la federal, porque afecta sus intereses. O a los que han aprobado cambios en el uso de suelo en terrenos no aptos para edificar viviendas, con tal de favorecer a empresas constructoras e inmobiliarias que levantan fraccionamientos que después terminan inundados.

En el caso particular del sector telecomunicaciones, lo que está en juego en la discusión de la legislación secundaria son negocios de miles de millones de dólares. Y en función de eso los grupos de interés prefirieron ir más allá y colocaron en el Congreso de la Unión a representantes directos de sus negocios, como es el caso de las senadoras Ninfa Salinas Sada, hija del dueño de TV Azteca, y Arely Gómez, hermana del vicepresidente de Noticieros de Televisa, o el propio Javier Corral, que en abierto defiende los intereses del magnate Carlos Slim, por citar ejemplos más que evidentes.

Lo más grave es que estos casos de clarísimo conflicto de interés, tráfico de influencias y protección de negocios particulares en perjuicio del interés colectivo, no sólo no reciben apercibimiento ni sanción alguna, sino que se llevan a cabo cada vez con mayor cinismo. Son una práctica común, como lo demostró el propio caso de Carpinteyro, cuya única diferencia con otros de su misma calaña, es que a ella le cayeron en la transa.

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