Criminaliza a priori, que algo queda, parece ser la “estrategia” que para garantizar la “seguridad” del estado usa el titular del área, Arturo Bermúdez Zurita.

Sus recientes declaraciones en el sur de Veracruz respecto de la oleada de ejecuciones y violencia que azota a esa región, y que alcanzó su culmen con las once fosas clandestinas en un rancho de Tres Valles de las que, oficialmente, se exhumaron 31 cuerpos, lo pintan de cuerpo entero.

Para el Secretario de Seguridad Pública del estado de Veracruz, se trata de simples “ajustes de cuentas” entre bandas delincuenciales. “Ninguno de estos personajes es una persona de labor social o una persona decente que trabaja de manera cotidiana” (sic), dijo el funcionario a reporteros de Coatzacoalcos.

Bermúdez basó sus afirmaciones en que “eso se sabe por el “modos operandi, la forma en que fueron ejecutadas, por los antecedentes que tenemos, por la información que tenemos de la Procuraduría”.

Pero que se sepa, la Fiscalía del Estado no ha confirmado la identidad ni de la mitad de los cadáveres que se encontraron, y que según el ahora ex subprocurador regional de la zona Veracruz, Arturo Herrera Cantillo –cesado de su cargo de manera fulminante porque confirmó a los medios de comunicación el hallazgo de las fosas– se intentaron ocultar a la opinión pública.

¿Cómo puede decir entonces Arturo Bermúdez que todos los muertos por violencia, los de las fosas y los que cotidianamente caen víctimas de la inseguridad en la entidad, eran delincuentes o personas “indecentes”? ¿Cuáles son los elementos objetivos de prueba para echar lodo sobre quienes ya no se pueden defender?

Su actitud nos remite a uno de los episodios más horrendos de la historia moderna de Veracruz y que se creía ya superado: la masacre de septiembre de 2011 en Boca del Río, con sus 35 cadáveres arrojados en la vía pública. Y el ajusticiamiento sistemático de reporteros en la misma época.

En ese momento, la respuesta del gobierno estatal, en voz de quien era el procurador, Reynaldo Escobar Pérez –hoy asesor legal del grupo de choque de los “400 Pueblos”–, fue acusar de criminales a todos los muertos. Sin investigar nada. Sin presentar prueba alguna de sus señalamientos.

Lo único que le importaba al Gobierno del Estado era –y al parecer, sigue siendo– rehuir su responsabilidad de brindar seguridad a los habitantes del estado y a quienes por su territorio transitan. Que los muertos se los carguen a otros.

Aun cuando fue prácticamente entregado a los militares y marinos, Veracruz no encuentra la paz. Y en buena parte eso es responsabilidad de Arturo Bermúdez Zurita, quien ha sido incapaz de hacer frente a la delincuencia y que, para cubrirse las espaldas, le echa la culpa a otros de lo que no ha logrado él mismo.

Lo más lamentable es que si hay un funcionario del gabinete del gobernador Javier Duarte que es inamovible, es precisamente Bermúdez. “Primero me voy yo”, dijo el propio mandatario cuando se le cuestionó si aquél dejaría el cargo ante la crecida de la violencia en el estado.

¿Cuál es el compromiso con Bermúdez? Sólo ellos lo saben. Pero ya sea por una cuestión de gratitud o de cualquier otra índole, es inaceptable que se le mantenga en el puesto cuando su posición, por sus magros resultados, es insostenible y quien lo paga, lo pagamos, somos quienes vivimos en esta tierra, que de verdad alguna vez fue un paraíso.

En cambio ahora, la han convertido en un infierno que el escritor de la Divina Comedia, Dante Alighieri, ni en sus peores pesadillas se hubiera imaginado.

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